Los colonos llegan a los territorios indígenas con una política de “tierra arrasada”, a abusar, violar y matar, dice la defensora miskita Alfred Cunningham.
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Las mujeres, niñas y adolescentes de las comunidades indígenas y afrodescendientes son una de las poblaciones más vulnerables ante la invasión de los colonos en los territorios de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, indica Anexa Alfred Cunningham, defensora miskita, durante el programa Las Comadres que es realizado por La Lupa, Agenda Propia y Radio Vos.
De acuerdo con la defensora, quien es también integrante de la Plataforma de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (INANA-IAP), cuando los colonos llegan a los territorios para robar las tierras indígenas, muchas veces se quedan a vivir, aprovechan para embarazar a las mujeres, exigir pertenencia en las comunidades y así legitimar la toma ilegal de las tierras.
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“Hay situaciones extremas en las que los colonos viven dentro de la comunidad y las más afectadas resultan ser las mujeres. Ellos traen otra política que es abusar de las mujeres, embarazar a las muchachas y luego exigir derechos dentro de la comunidad”, explica Alfred.
Según la defensora, los colonos ven a las mujeres como un objeto y un medio para llegar a sus objetivos, que son acaparar, invadir y saquear las tierras.
Pues, la violencia sexual contra mujeres y niñas indígenas es un patrón que se repite en cada ataque que realizan los grupos de colonos cuando toman ilegalmente las tierras, de acuerdo con las denuncias documentadas por INANA-IAP. “En Nicaragua las mujeres indígenas resistimos, persistimos y sobrevivimos”, dice.
Según la defensora Anexa Alfred Cunningham, las comunidades indígenas y afrodescendientes del país están viviendo un etnocidio por parte del régimen Ortega-Murillo, ya que este no garantiza la protección de los territorios indígenas que son vitales para sus identidades culturales, su seguridad alimentaria y su supervivencia.
Para acabar con una comunidad indígena, basta con quitarles sus tierras, manifiesta. “Por eso mantenemos en INANA que lo que se está haciendo en Nicaragua es un etnocidio. Al no garantizar las tierras a las comunidades indígenas y la propia vida, el objetivo es acabar con los pueblos originarios”, expresa.
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“No queremos que nuestros nietos digan «estos fueron mis abuelos indígenas» y que solo nos reconozcan en los libros de historia”, agrega.
Las comunidades indígenas al ser desplazadas de sus territorios o ser robadas de sus tierras no pueden asegurar sus cultivos o se ven obligadas a sembrar en espacios más pequeños que resulta en cosechas igual de pequeñas, mientras que si siembran en otro lugar, no siempre las cosechas resultan. Así que muchas familias migran a zonas urbanas o incluso fuera de Nicaragua.
“Los colonos tienen una política de tierra arrasada, no solo con los territorios, sino también con las comunidades. Por eso asesinan, así que las comunidades se tienen que desplazar y sus zonas de cultivos se van minimizando”, indica Alfred.
La defensora señala durante el programa La Comadres que los territorios indígenas fueron forzados a dar su consentimiento para la aprobación del proyecto BioClima. Este es un proyecto de reforestación aprobado por el régimen Ortega-Murillo desde noviembre de 2020, pero que se congeló en julio de este año tras el rechazo de las comunidades, pues, según la población indígena realmente no les beneficiaría.
Sin embargo, la consulta a las comunidades (que es necesaria para realizar cualquier actividad en territorio indígena) fue realizada nuevamente el pasado agosto, pero con presencia del ejército y amenazadas de funcionarios del régimen, indica Alfred. Al final, las comunidades fueron obligadas a decir que sí aprueban el proyecto.
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“Actualmente está en proceso el proyecto BioClima debido a esas consultas forzadas. Esas consultas no tienen ninguna validez porque no cumplen con los estándares nacionales del derecho a la consulta a los pueblos indígenas”, puntualiza Alfred.
Esta situación se suma a la detención arbitraria de cuatro guardabosques pertenecientes a la comunidad Mayangna Sauni As, que eran conocidos en sus comunidades por defender las tierras comunales de los colonos, pero que la Policía Nacional los acusó de pertenecer a grupos criminales.
Desde entonces, las comunidades indígenas, especialmente las comunidades Mayangna se encuentran militarizadas Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua, que se supone que deben brindar seguridad, pero que en la práctica realizan lo contrario, según Alfred.
“Los Batallones Ecológicos son unos cómplices de esta situación porque saben cuándo entran los colones y por dónde se mueven, pero cuando hay ataques a las comunidades y se les ha informado, dicen que cuidar no es su obligación”, expresa.
“El ejército de Nicaragua tiene complicidad y responsabilidad en estos procesos. Muchos de los militares están vinculados con los invasores. Esos terratenientes (colonos) no son campesinos empobrecidos, como el Gobierno de Nicaragua quiso venderlo un tiempo. Son grandes políticos, gente del gobierno y gente allegada al ejército”, añade.
Anexa Alfred Cunningham es miembro del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (MEDPI) fue desterrada en julio del año pasado por el régimen Ortega-Murillo, cuando después de haber participado en una sesión de la ONU en Ginebra, la Dirección General de Migración y Extranjería le impidió la entrada al país.
