La situación de seguridad de las defensoras de derechos humanos de la población transexual de Mesoamérica es “preocupante”, y el panorama no tiene señales de mejorar ante la impunidad que persiste en estos delitos que marca una clara línea de desinterés estatal.
Son algunas de las conclusiones del informe Transcender el Odio y la Sindemia, sobre los Transfemicidios contra las defensoras de derechos y la lucha por la justicia en Mesoamérica entre 2020 y 2022, que registra 11 transfemicidios en 2020, el año más violento de los seis que incluye el estudio.
La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos autora del informe que, registra hechos ocurridos en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua concluye que: la saña impera en esos delitos, en los que la implementación de la fuerza como “pretexto de enfrentar” la pandemia del Covid, permitió que la fuerza pública fuera uno de los principales agresores.
“La tendencia al incremento de los transfeminicidios de defensoras coincide con la tendencia sostenida y acelerada en la región de profundización del autoritarismo, debilitamiento de las instituciones que deben garantizar los derechos de la población y la intensificación de las políticas represivas y militaristas”, detalla el informe.
Además, advierte que previo al hecho mortal se registran “expresiones de sistematicidad de la violencia”, amenazan, matan y finalmente los hechos quedan impunes.
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Ludwika Vega, es una defensora de derechos trans nicaragüense. Ella es sobreviviente de transfemicidio. En 2019, fue apuñalada, golpeada y metida en una bolsa de plástico en la misma oficina donde asesora a la población trans. Admite que previó a esos hechos, en reiteradas ocasiones había recibido amenazas de muertes que no terminaron con la agresión violenta, pues aún persisten.
“Aún me manda mensajes por WhatsApp, por Facebook diciéndome chanchada, que yo ando hablando cosas del gobierno, que ando haciendo actividades que promueven la homosexualidad. Ahora lo que hago es publicarlas en mis estados para dejar evidencia de las amenazas”, expresa Vega.
Evita interponer denuncia en la policía debido a la falta de un compromiso de investigación, prueba de ello, es que el caso de intento de transfemicidio quedó impune. Tras un año de seguimiento de la investigación al final desistió de la búsqueda de justicia.
Según el informe de la IM-Defensoras, la impunidad envía un mensaje de que “la violencia contra las defensoras trans es tolerada y aceptada”.
Yasuri Potoy, activista y defensora de derechos humanos trans, indica que los crímenes de odio en Nicaragua no son “tan latentes” como en Guatemala, El Salvador y Honduras, pero las activistas trans “viven una cultura de miedo. Cada una ha adoptado medidas de seguridad para no ser un número más de las tantas defensoras que han sido silenciadas por exigir el cumplimiento de nuestros derechos”.
La censura es el principal látigo de violencia. La persecución, el encarcelamiento de líderes y el hostigamiento ha hecho que la mayoría de las defensoras se exilien. Y las pocas que quedan en el país ejercen su función en precariedad. Pues con la cancelación de las personerías jurídicas influyen negativamente en los trabajos de incidencia que requieren de recursos para que se hagan efectivos.
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“En Nicaragua no se puede hablar de mejoras entorno a la defensa de derechos humanos de la población LGTBQ+. No hay una institución u organización sobre las cuales podemos solicitar amparo protección o justicia porque sabemos que hay todo un secuestro de los poderes del estado”, indica Potoy.
El informe incluye la muerte de la presa política, Carolina Gutiérrez como un reflejo de los graves riesgos que supone las condiciones de privación de libertad en la salud de las trans. Y la muerte de Anahis Contreras, mejor conocida como “Lala”, como el reflejo de la crueldad a la que están expuestas las mujeres trans.
Uno de los patrones identificados en las víctimas de transfemicidios es que gozaban de reconocimiento y protagonismo contribuyendo a la visibilización a la colectividad.
“Esa violencia que la sociedad transpira no sólo en la figura de una mujer trans, si no a lo que implica la feminidad. Es ahí cuando se desafía un sistema y más a una voz que es defensora de los derechos, que es una voz incómoda. Entonces, estas voces incomoda se silencia y como se silencian a través de estos crímenes de odio sembrando así temor para decir: esto es lo que te podría pasar a vos si elegí ser una mujer trans”, relata Potoy.
Vega y Potoy coinciden que la falta de interés de inclusividad real, en el país parte desde que no existe una ley de identidad, no se tipifican los crímenes como transfemicidios, porque no lo reconoce el Código Penal. A las víctimas se les sigue llamando por el nombre de registral y no por su nombre elegido.
Todo eso repercute en el desarrollo personal, difícilmente accede a estudios superiores en caso de alcanzar la probabilidad de tener una plaza laboral es casi nula.
“No nos quieren dar trabajo hay gente que no te alquila porque sos trans. Hay gente que ni te quiere prestar el baño, y es verdad porque a mí me ha pasado, porque les da asco, piensan que Tenés alguna enfermedad y se le va a transmitir todas son circunstancia vivimos”, dice Vega.
Mientras realizaba la entrevista, Vega atendía a una trans que se quedó sin techo, la arrendataria la corrió no tenía donde pasar la noche. Esas situaciones son recurrentes, insiste, por lo que considera “importantísimo” un albergue para atender a las trans que no tienen
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Ante esa vulnerabilidad laboral y social se ven obligadas a subsistir por trabajos sexuales. El informe señala que se ven obligadas a “enfrentar las exigencias del crimen organizado”,
Vega dice que esa problemática en Nicaragua no tiene efectos tan invasivos como puede ser en Honduras, Guatemala y El Salvador.
Mientras que Potoy sostiene que, si existen estructuras de narcotráfico que las extorsionan para que “ofrezcan, distribuyan e incluso droguen a algún usuario de los servicios sexuales”.
“Algunas de las trans involucradas en estas redes de narcotráfico han tenido que abandonar el país por motivos de seguridad propio y de la familia”, asegura Potoy.
Todos estos aspectos de inseguridad en las calles y zonas de riesgos han empujado a las trans que se dedican a los trabajos sexuales a migrar a las redes sociales.
Vega refiere que el Covid y los constantes asaltos que sufrieron las trans tras los indultos que aprobaron marcó esa tendencia de contrataciones a través de aplicaciones. Admite que no son 100% seguras pero que reduce los riegos a los que estaban expuestas en la noche.
Ante este universo de retos que enfrentan las trans, el informe resalta que “Fuera de los tejidos de apoyo de las redes, colectivas y organizaciones, la labor y la vida de las defensoras trans permanece en una grave situación de vulnerabilidad y lejos de recibir la debida protección por parte de los Estados de la región mesoamericana”.
Pese a ese panorama las activistas señalan que el compromiso de visibilizar sus demandas se mantiene fuerte.
