La falta de institucionalidad en la ruta de denuncia y procesos de justicia para las víctimas de violencia hace que “en su mayoría” se retracten en ese camino. A eso se suma los miedos, condición de poder del agresor, dependencia económica de la víctima y presión social entre otros aspectos, apuntan especialistas en derecho, psicología y activistas feministas.
«Cuando retira la denuncia es por el perdón, porque han regresado con los agresores, porque simplemente los perdonan y hay unas que dicen que se los dejo en las manos de Dios. Pero también he conocido y es algo muy grave que las mujeres se arrepienten de interponer la denuncia porque las autoridades no están cumpliendo con el verdadero modelo de atención integral a las víctimas. Muchas dicen no, no voy a seguir con esto. Estoy perdiendo el tiempo, en vez de víctima me ven como victimaria», detalla Lucy, activista feminista.
Y esa sensación de sentirse culpables, es por el proceso al que se someten. Alejandra, psicóloga clínica forense explica que “es casi imposible no revictimizar a la mujer porque están envueltas en todo ese proceso”, el cual es más «terrible» porque las mandan a mediar y cuando el agresor sale las víctimas están más expuestas y en mucho de los casos sucede lo peor.
“Es mejor identificar las banderas rojas e irse. No quedarse con esta persona. Pero, cuando la mujer es mamá toma otras consideraciones antes de denunciar, porque ahora ya no solo es mi esposo, sino el padre de mis hijos y eso mentalmente te hace una carga mental bárbara, eso te puede llevar a una depresión, a una ansiedad, más lo que te genera el proceso judicial, con los gastos, las situaciones de dependencia económica del marido, la suma de todo eso las agobia”, detalla Alejandra.
Otro factor que influye en el por qué retiran la denuncia y se agotan en esperar una respuesta eficaz a su demanda. No ven avance en el proceso y esa desconfianza nace desde el momento que no les entregan una copia de su denuncia y mucho menos la copia de la orden de captura del agresor, coinciden las fuentes consultadas por La Lupa.
Esas mujeres que no siguen el proceso de denuncia no son procesadas por falso testimonio, al menos en los anuarios estadísticos del Poder Judicial, no registra casos y en la experiencia de las fuentes consultadas por La Lupa tampoco conocen casos de ese tipo.
“He conocido muchas mujeres que se retractan y se arrepienten después de haber denunciado, es más no se presentan al momento de ir a declarar al juzgado, ni continúan yendo a la comisaría o policía a dar otros aportes de prueba.Ninguna ha sido enjuiciada ni por falso testimonio o injuria y calumnia ni mucho menos procesadas de oficio”, resalta Lucy.
Sin embargo en junio de este año Martha Candelaria Rivas Hernández, fue procesada por «falso testimonio en perjuicio de la administración de Justicia del Estado de Nicaragua» y condenada a 5 años de cárcel. Esto tras eximir de responsabilidad al sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, de 57 años, de ser su presunto agresor.
Rivas salió en un video divulgado por los medios orteguistas declarando las circunstancias de los hechos donde el sacerdote la golpeó con un candado de «forma accidental», el 30 de mayo en la parroquia Jesús de Nazareno en Nandaime.
Para la abogada y defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez explica que la denuncia puede ponerla cualquier persona que se de cuenta de comisión del delito pero ya la formalidad de los testigos es algo personal no lo puede hacer alguien de oficio.
En el caso de Rivas Hernández, la denuncia no la interpuso ella sino su expareja. El abogado de oficio que defendió a la mujer en la audiencia inicial señaló que no se aportaron pruebas como: la denuncia o la entrevista donde su representada haya dicho algo distinto. Pese a ello, el juicio continúo y fue condenada.
“Pudieron haber salvaguardado la integridad y libertad de ella. Pero obviamente el sistema jamás le iba a perdonar que dijera la verdad, porque a ellos lo que les convenía era seguir con el circo. Es que si hubiese sido el proceso legal, respetando el debido proceso eso nunca hubiera ocurrido”, detalla Martínez.
Y este proceso da más señales del “politizado” sistema judicial que impera en Nicaragua. Porque en caso hipotético que Rivas mintiera, quedaría absuelto por las agresiones, pero él paga una condena de 2 años y ocho meses, continúa explicando la abogada.
El mensaje que deja este tipo de procesos es que el régimen utiliza cuál delito común para enjuiciar a sus disidentes, convirtiéndolos en presos políticos, coinciden Lucy y Martínez.
“Esto crea precedentes negativos en cuanto a la búsqueda de la verdad y la justicia que es la verdadera naturaleza del proceso judicial. Porque en la búsqueda de la verdad la propia víctima puede ser encarcelada, entonces hay temor de parte de la víctima, una revictimización completamente porque la víctima acude a una autoridad pero estarle recordando y obligar a decir cosas que no son es revictimizarla”, indica Martínez.
Por su parte Lucy explica que en Nicaragua la ley se aplica depende de quiénes sean los involucrados en los casos.
“Sí una persona en un barrio tiene un conflicto con una persona y ven que no es tan grave pasa a una medición y ahí se resuelve. Pero si regresamos al caso del padre vemos que hay más trasfondo por lo político y este cayó en la trampa. Nos aprovechamos que cometió un delito. Es lo que está pasando en este país el gobierno anda detrás de medio mundo y si cometes un delito atenete a las consecuencias. Porque no pasa un proceso común sino un caso político”, declara.
