Más de 600 mujeres de Nicaragua y sus familias no contarán más con los proyectos económicos que realizaba la Coordinadora de Mujeres Rurales (CMR) en los departamentos de León y Chinandega, debido a su reciente cancelación de la personería jurídica, indica la presidenta de la organización y activista por los derechos de las mujeres rurales, María Teresa Fernández. Según ella, los proyectos que realizaban incluso beneficiaban a más de 1,200 personas indirectamente.
Desde su nacimiento en 2005, la CMR se dedicaba a fortalecer las capacidades en agroecología de mujeres campesinas organizadas en cooperativas, también realizaban acciones de formación en participación ciudadana, prevención de la violencia machista y empoderamiento económico.
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“A las mujeres les enseñamos cómo conseguir semillas más fuertes para sus cultivos, cómo realizar abonos orgánicos, fertilizantes, sistemas de riesgo y cómo reciclar agua. Después las mujeres aprendían esto y montaban sus propios negocios que servían de fuentes de ingresos para sus casas. También les enseñamos a sus esposos, hijos, nietos, sobrinos y a cualquier persona de sus familias que quisieran aprender. Así que se beneficiaban varias comunidades”, explica la campesina.
Durante estos 17 años de trabajo realizado por la CMR, también se consiguieron cambios culturales en las comunidades rurales de León y Chinandega, según Fernández. Como la mayoría de las tierras pertenecían a los hombres de las familias, la CMR trabajaba con ellos para concientizarlos sobre distribuir los terrenos de manera equitativa con las mujeres; así que ellas conseguían que les prestaran las tierras, se las cedieran y se las alquilaran a precio accesible.
“También trabajamos con ellos el tema de que las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia, así que trabajamos con hombres jóvenes, adolescentes y adultos en la no violencia”, señala.
La CMR estaba conformada por al menos 12 cooperativas de mujeres, sin embargo, luego de la cancelación de la personería jurídica, no podrán seguir realizando los proyectos de agroecología y empoderamiento.
Fernández indica que los proyectos grandes que tenía la organización ya habían sido interrumpidos el año pasado con la cancelación de la personería jurídica de OXFAM, organización que financiaba las actividades de la CMR.
El año pasado tenían varios proyectos grandes con las mujeres de la cooperativa y OXFAM que iniciaban en 2021 y terminaban en 2024. Uno de ellos era la mejora de viviendas de las mujeres, ya que que la mayoría de las casas eran de material de zinc y plástico negro, así que el proyecto consistía en reconstruirlas con bloques y cementos.
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No obstante, solo 64 mujeres lograron mejorar sus hogares antes de la cancelación. A pesar que un censo realizado en 2020 por la CMR y Fundación Entre Mujeres (FEM) expuso que solo el 22.52% de las mujeres en la zona tenía su casa en buen estado, y al menos la mitad no les pertenece la vivienda donde viven.
El otro proyecto era la compra de 20 manzanas de tierra para 20 mujeres, pero nunca se pudo ejecutar. Según Blanca Centeno, mujer cooperativista de la CMR, una manzana de tierra cultivada por plátanos brinda más de C$75 mil córdobas. Así que la cancelación del proyecto implicó la pérdida de oportunidades económicas para las mujeres que se iban a beneficiar.
Y el tercer proyecto eran talleres de agroindustria para que las mujeres aprendieran a agregar valor a sus productos, el cual consistía en 12 módulos, pero solo se pudieron realizar seis de ellos.
“El objetivo es que las mujeres no solo cosecharan las frutas, sino que aprendieran a hacer más con ellas. Es decir, no solo cosechar el coyolito, sino hacer un vino de coyolito o una mermelada. Eso iba a significar mayor ganancia para las mujeres”, explica Fernández.
De acuerdo con la Encuesta de Hogares para Medir la Pobreza en Nicaragua Informe de resultados 2019 de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), el área rural encabeza la pobreza en el país con el 63.3 por ciento, siendo el 48.6 por ciento de esa población las mujeres rurales.
Esta situación vuelve a las mujeres rurales uno de los grupos más encarecidos ante la cancelación masiva de ONG’s, ya que gran parte de ellas son de carácter territorial y abastecen las necesidades de algunas comunidades, según activistas.
Un censo sobre la situación de las mujeres rurales y campesinas realizado en 2020 por la CMR y Fundación Entre Mujeres (FEM) reveló solo el 32% de las mujeres son titulares de sus tierras, y de estas solo el 26% tienen los títulos inscritos, ya que el resto tiene los títulos sin inscribir o no tienen detallada la legalidad de las tierras.
De acuerdo a Hernández, esta situación vulnera la seguridad de las mujeres a poseer sus tierras, ya que personas externas se las pueden arrebetar debido al desconocimiento legal de las campesinas sobre el estado de sus terrenos.
También son las que menos cantidad de tierra poseen, a pesar de participar activamente en las actividades agrícolas. El censo reveló que el 49% de ellas posee menos de una manzana.
“Por eso nosotras impulsamos la Ley 717 Creadora de un Fondo para compra de tierra con Equidad de Género para mujeres rurales, porque no se visualizaba a las mujeres del campo, sus propuestas, sus luchas, sus esfuerzos y sus voces”, explica Fernández.
Sin embargo, la ley que establecía que se iba a destinar una partida presupuestaria del Presupuesto General de la República y que iba aumentar cada año para que las mujeres pudieran adquirir sus propias pruebas, nunca fue ejecutada.
La campesina “PP”, integrante del Movimiento de Mujeres de Chinandega (MMC) y de la Coordinadora De La Asociación Intercomunitaria Para El Desarrollo Estratégico De La Península Cosigüina (AIDEPEC), quien solicitó el anonimato, indica que se dedicaba a la agroindustria del marañón. Así que le brindaban a las mujeres capacitaciones para su cosecha y la materia prima para que posteriormente lo pudieran vender.
“Eso era un ingreso para la familia, porque si un productor o una productora vende es un ingreso extra con lo que se sostienen”, señala la campesina. También brindaban a las mujeres acompañamiento si eran víctimas de violencia, asistencia médica, alimentación y apoyo económico para la realización de las actividades de agricultura.
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No obstante, la MMC no continuará brindado sus servicios a las organizaciones que la conforman luego del despojo arbitrario de su personería jurídica, servicios que benefician a 18 cooperativas, asociaciones y colectivos pequeños distribuidos en 13 municipios de Chinandega.
«PP» explica que desde hace tres años a la MMC no le aceptaban los documentos legales que permitían su funcionamiento en el Ministerio de Gobernación, y que a las pequeñas organizaciones que formaban parte de la MMC tampoco, como es el de AIDEPEC, de la cual es parte.
“Hace tres años que no nos dan los documentos legales. Este año no fuimos porque no tenía dinero, porque te ponen una multa de 5 mil córdobas por no tener los documentos de los años anteriores. Los dos últimos años fui, pagué los papeles y aún así no los aceptaron, así que este año ya no quise ir”, señala.
A pesar de la cancelación, «PP» asegura que continuarán trabajando en las capacitaciones con los recursos que puedan conseguir, para que las mujeres de Chinandega puedan resguardar su seguridad alimentaria.
“A nosotras como red de mujeres nos quitaron la personería, pero no nos quitaron los brazos, ni el conocimiento que tenemos para seguir luchando con las mujeres, porque nuestro objetivo es defender nuestros derechos”, expresa.
