El crimen de Juliana Giraldo Díaz, una mujer trans de 38 años que murió, según las primeras versiones, por el disparo que recibió por parte de un soldado del Ejército causó gran conmoción y una ola de indignación en toda Colombia.

Francisco Larrañaga, esposo de la víctima, dejó evidencia en redes sociales del dramático suceso que ocurrió luego que el soldado disparó contra el vehículo en el que se movilizaba junto a Juliana y otra dos personas más, cuando se dirigían al municipio de Miranda.

El trágico suceso que cobró la vida de esta mujer trans fue puesto como ejemplo en una audiencia que se celebró en el marco del 177 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la audiencia, organizaciones de la sociedad civil expusieron las realidades y discriminaciones que viven las mujeres lesbianas, bisexuales y trans de Colombia, República Dominicana, Honduras y Nicaragua por su orientación sexual o identidad de género.

Las vivencias de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans de estos cuatro países fueron recogidos en el “Informe Enterezas”, elaborado por las organizaciones Diversidad Dominicana, Asociación Nicaragüense Trans y Fundación Triángulo en el marco de un proyecto que ha recibido el apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación.

Algunos episodios

En el 2018, Claudia, una mujer lesbiana del municipio colombiano Bolívar, fue violada sexualmente de forma colectiva por miembros de un grupo paramilitar. De ese trágico episodio le quedó un hijo y “una amenaza de muerte por haberlo decidido traerlo al mundo”, contó Rosanna Marzan, directora ejecutiva de Diversidad Dominicana.

Ese mismo año, según Marzan, tuvieron la oportunidad de visitar el departamento de La Guajira, un departamento colombiano, donde conocieron el caso de Margarita, quien siendo una adolescente y bajo la aprobación de su padre y madre, fue sometida durante varios años a “tortura médica”.

“Le suministraron terapia de conversión a través del suministro de estrógenos para hacerla más femenina, la obligaron a visitar un siquiatra para revertir su lesbianismo y la sometieron a exorcismo para que expulsara el demonio que la hacía enamorarse de otras mujeres”, enfatizó Marzan.

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En Managua, Camelica, una mujer trans vivió una situación difícil de parte de sus padres, quienes la echaron de su casa por su orientación sexual.

“Se imaginan que un padre insulte, corte el cabello o destruya la ropa, maquillaje, la ropa y golpee con un cinturón a su hija, esto le hizo su padre a Camelica (…) El policía de turno que recepciona su caso la escucha y le expone su posición institucional, es mejor que regreses a tu casa, hagas caso a tus padres y te acojas a sus normas, porque él quiere que seas un buen hombre”, mencionó Marzan.

Acceso a derechos

Cada uno de los testimonios presentados a la CIDH fue recogido por Las Enterezas, un grupo de mujeres lesbianas, bisexuales y trans de Colombia, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

El proyecto es una apuesta para mejorar la respuesta del abordaje de los casos de violencia por prejuicio a mujeres LBT en cada uno de esos cuatro países.

En Colombia, el mayor avance que tienen las mujeres LBT es haber logrado una sentencia que permite el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, hacer el cambio de nombre y hacer el cambio del componente de sexo en el documento de identidad.

“Existe una protección formal para las mujeres frente a la violencia basada en género, hay una ley antidiscriminación y una ley que tipifica el feminicidio, sin embargo, esto no ha llegado a las realidades de nosotras las mujeres LBT producto de los prejuicios de quienes se obligan a aplicar las normas”, dijo Marzan.

En las violencias que afectan a las mujeres LBT no suele aplicarse un enfoque diferenciado, afirmó.

En los otros países

En Honduras, Nicaragua y República Dominicana la realidad se “ha avanzado lentamente” en el acceso a los derechos de este grupo de mujeres LBT.

“Las mujeres gozan de protección formal frente a la discriminación basada en la orientación sexual y solo en el caso de la República Dominicana un trámite costoso y sumamente burocrático es legal el cambio de nombre para las personas trans que tienen, obviamente, recursos económicos y no la generalidad que es pobre”, señaló Marzan.

En ninguno de estos países se ha aprobado el matrimonio igualitario, tampoco es legal la adopción igualitaria y las familias no son reconocidas por los Estados.

“La realidad que vivimos las mujeres lesbianas, bisexuales y trans de Nicaragua, Honduras, Colombia y República Dominicana se puede explicar gracias a las concepciones machistas y milenarias que relegan a las mujeres a espacios de vulnerabilidad”, explicó Marzan.

Los prejuicios en una sociedad patriarcal, aseguró, operan como “instrumentos de naturalización” para vulnerar a las mujeres LBT.

“Las mujeres LBT somos percibidas como transgresoras del orden social (…) Se espera que soportemos abusos y transgresiones generalizadas, por esta razón somos excluidas y discriminadas”, mencionó.

En América Latina y El Caribe las violencias se originan a partir de los prejuicios que rodean las orientaciones e identidades sexuales.

Ludwika Vega, de Asociación Nicaragüense de mujeres transgénero, explicó que usualmente la respuesta a la violencia que viven las mujeres LBT es “tardía e inefectiva”.

Vega explicó que en cada uno de estos países lo más común son los “altos índices de impunidad”.

“La falta de información en las instituciones del Estado, sobre todo de género, y la falta de aplicación de un enfoque diferencial en la atención de investigación y juzgamiento de este tipo de violencia”, aclaró a los miembros de la CIDH.

Educación es necesaria

Margarette May Macaulay, relatora de la CIDH para los Derechos Humanos de las mujeres y los afrodescientes reconoció que “es muy difícil erradicar la violencia”, pero insistió que para eliminar esa conducta se hace necesaria la educación a temprana edad.

“Se les tiene que instruir para que traten con respeto y dignidad”, mencionó la relatora de la CIDH.

Para Stuardo Ralón, relator para personas privadas de libertad y con discapacidad “la dignidad humana exige que cada persona sea tratada como merece”.

“Es importante lo que nos han trasladado he tomado nota de algunos temas sobre todo la violencia que va con un tema de impunidad en la mayoría de los casos y de una situación de subregistro y una falta de capacitación en las autoridades”, puntualizó.

La Lupa Nicaragua
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