Mujeres excarceladas políticas enfrentan nuevas violencias en el exilio y en Nicaragua
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Por 0 Tras el exilio y destierro impuesto por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, las mujeres excarceladas políticas enfrentan condiciones particularmente difíciles, denunció la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
Durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en el marco del 195º Período de Sesiones celebrado en Guatemala, Rosa Chávez, integrante de IM-Defensoras, explicó que la situación de estas mujeres está marcada por la persecución, la pérdida de redes comunitarias y las dificultades para reconstruir sus vidas fuera de Nicaragua.
“Las defensoras excarceladas que se encuentran en el exilio intentan rehacer sus proyectos vitales mientras enfrentan el cierre de las organizaciones en las que trabajaban y la pérdida de redes de apoyo. Muchas se ven obligadas a reorganizar sus vidas en nuevos contextos y asumir mayores responsabilidades para sostener a sus familias, especialmente quienes son madres o tienen personas dependientes a su cargo”, señaló.
Estas condiciones —añadió— profundizan las desigualdades y afectan directamente su dignidad y su capacidad para reconstruir sus proyectos de vida.
Entre los principales desafíos que enfrentan se encuentran:
- Barrera del idioma.
- Dificultades en los procesos de regularización migratoria.
- Aumento en la carga de trabajo productivo y reproductivo, especialmente para las madres.
En el caso de las adultas mayores, preocupa especialmente su situación debido a problemas de salud, brecha tecnológica y pérdida de autonomía económica.
Destierro y apatridia de defensoras
Entre 2023 y 2024, la dictadura realizó excarcelaciones que implicaron “despojo de nacionalidad, destierro, apatridia y represión migratoria”. Al menos 257 defensoras han sido desterradas o han tenido que abandonar Nicaragua.
IM-Defensoras registra 94 defensoras desterradas, incluyendo mujeres obligadas a salir del país mediante resoluciones judiciales o que enfrentan una prohibición de facto para regresar a Nicaragua.
De estas 94 defensoras, al menos 60 fueron despojadas de su nacionalidad y, de ellas, 58 quedaron en condición de apatridia.
El destierro busca separar a las defensoras de sus comunidades y redes de apoyo, obligándolas a vivir en el exilio.
Excarcelaciones sin «libertad plena»
Entre finales de 2025 e inicios de 2026, el régimen excarceló a nueve personas presas políticas, entre ellas cuatro defensoras, pero bajo el modelo de casa “por cárcel”.
Estas mujeres no están en libertad plena, ya que permanecen recluidas en sus domicilios sin información oficial sobre su situación legal. Persisten las violaciones al debido proceso, la falta de garantías judiciales y el hostigamiento mediante medidas restrictivas, vigilancia e intimidaciones.
El miedo y la incertidumbre posteriores a las excarcelaciones también han provocado nuevos desplazamientos. Muchas defensoras han tenido que abandonar sus hogares y salir del país para proteger su seguridad.
Ante este panorama, Chávez solicitó a la CIDH reforzar el monitoreo de la situación en Nicaragua y mantener vigentes las medidas cautelares otorgadas a personas defensoras en riesgo.
Familias obligadas al desplazamiento
La representante de IM-Defensoras también alertó sobre el impacto que la persecución contra las defensoras ha tenido en sus familias.
Muchas han tenido que desplazarse dentro de Nicaragua o salir del país para resguardar su seguridad.
«El miedo tras la excarcelación ha llevado a que muchas de ellas hayan tenido que abandonar su hogar y se encuentren entre las 98 defensoras que han tenido que desplazarse dentro del territorio nicaragüense», dijo Chávez.
La situación de las familias de las excarceladas en el exilio es «compleja», y muchas veces implica que quienes permanecen en Nicaragua «sufran vigilancia, asedio y hostigamiento, o que deban desplazarse internamente o exiliarse».
Se han registrado al menos el desplazamiento de 92 familias de defensoras, 10 internos y 10 exilios.
Más de 13 mil agresiones
Durante su intervención, Chávez contextualizó esta situación dentro de un patrón más amplio de agresiones contra mujeres defensoras de derechos humanos en Nicaragua desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018.
De acuerdo con datos recopilados por IM-Defensoras, entre ese año y el 31 de diciembre de 2025 se registraron 13,916 agresiones dirigidas contra 1,702 defensoras y 398 organizaciones.
Del total, 7,977 fueron de carácter personal; 4,564 colectivas y 1,375 dirigidas contra organizaciones o grupos.
Casi la mitad corresponde a «hostigamientos, estigmatización, vigilancia y amenazas», lo que —según explicó— configura entornos que pueden considerarse «torturantes» para quienes defienden derechos humanos.
En ese contexto, la «criminalización y la judicialización» han sido una de las principales formas de violencia contra defensoras. Durante el mismo período se documentaron al menos 236 activistas víctimas de detenciones arbitrarias.
Chávez señaló que muchas de las mujeres privadas de libertad enfrentaron condiciones incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Actualmente, el régimen mantiene en prisión a tres mujeres por razones políticas, dos de las cuales están en condición de desaparición forzada.
Entre las denuncias se incluyen alimentación deficiente, restricciones para acceder a agua o espacios al aire libre, así como la imposición sistemática de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Además, destacó que las defensoras han sido sometidas a formas específicas de violencia por razones de género, como violencia sexual, cuestionamientos a sus liderazgos, ataques basados en su orientación sexual y señalamientos relacionados con su rol como mujeres, jóvenes o madres.
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