Minsa confirma noveno caso de COVID-19 en Nicaragua
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El régimen de Daniel Ortega y sus funcionarios, que este sábado informaron confusamente de un noveno caso de COVID-19 en Nicaragua, cometen ilícitos por el mal manejo que hacen de la pandemia y por no informar verazmente de la situación epidemiológica en el país, considera el analista político, Eliseo Núñez.
“Está poniendo en riesgo la salud pública y la salud individual de los ciudadanos, eso implica un delito que se llama exposición de personas al peligro, todos los funcionarios que están involucrados en esto pueden ser acusados”, señaló Núñez.
El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó, este sábado, un nuevo caso de coronavirus en Nicaragua. Aunque en sus comunicados, cada vez más confusos, la institución mantiene que solo hay cuatro personas con COVID-19 cuando en realidad la cifra se eleva a nueve.
Minsa limita información
El paciente número nueve es un hombre de 59 años que tuvo “contacto con otras nacionalidades”, señaló el secretario general del Minsa, Carlos Sáenz. En conferencia ante los medios oficialistas, el funcionario del Minsa, manifestó que el paciente número nueve se encuentra “estable y atendido”.
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A la falta de transparencia del régimen de Daniel Ortega, y el mal manejo de la pandemia, se suman los comunicados confusos que a diario brinda el Minsa.
Desde el pasado 5 de abril, cuando informaron de “otro caso importado” en alusión al paciente de 33 años, dejaron de informar la procedencia del mismo, desde esa fecha Nicaragua registra diario un nuevo caso confirmado de covid_19.
Solo en los primero cinco casos “importado” de COVID-19, informaron que los pacientes ingresaron de países con brotes activos como Estados Unidos, Panamá y Colombia.
En los días posteriores, el régimen a través del Ministerio de Salud (MINSA) ha tratado de minimizar el alcance de la pandemia. En la nota de prensa del lunes 6 de abril, por ejemplo, señalaron “nos mantenemos con 3 casos confirmados de COVID-19”, cuando a esa fecha se registraban seis pacientes confirmados, uno de ellos fallecido y dos recuperados.
La tónica en adelante ha sido la misma y, según las autoridades sanitarias, al 11 de abril tenemos “cuatro personas con COVID-19”.
Delitos no prescriben
El pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la enfermedad causada por el coronavirus había alcanzado el nivel de pandemia.
Después de esa declaración, muchos países en la región adoptaron sus propias medidas para proteger a los ciudadanos, pero en Nicaragua el régimen ha hecho todo lo contrario, inclusive durante la Semana Santa continuó promoviendo actividades masivas.
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Ante la falta de transparencia por parte de las autoridades del Ministerio de Salud, el analista político insiste que en otro contexto los funcionarios podrían, inclusive, ser demandados por la vía civil.
“El artículo 131 de la Constitución, dice que los funcionarios son responsables con su propio pecunio por los daños causados al Estado y a la ciudadanía, es decir que además de pagar por los delitos, esta gente, que está causando estos daños, puede ser demandada en la vía civil, obviamente, todo esto dentro de un Estado de Derecho que funcione”, reiteró Núñez.
En un eventual cambio de sistema en el país, estos delitos “no van a haber prescrito y pudieran ser acumulados, incluso, a algunas demanda internacional por derechos humanos”, puntualizó.
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