Ser una mujer migrante, tener entre 30 a 40 años de edad, proceder o vivir en una zona rural y tener al menos un hijo definen a gran parte de las 74 víctimas de femicidio registrados en 2023, por la organización feminista Católicas por el Derecho a Decidir.
Karla es una defensora de años de trayectoria. Accede a hablar con La Lupa bajo anonimato por la persecución que existe contra cualquier voz que denuncia la realidad que atraviesan las mujeres bajo la dictadura orteguista. La crisis sociopolítica, que este abril alcanza seis años, ha provocado un hermetismo en la población, que invisibiliza por completo el incremento de la violencia machista, advierte.
Hacer un perfil de las víctimas de femicidio es un reto, señala, principalmente, porque la información escasea y los registros de la Policía no tipifican el femicidio como tal, sino como asesinato, parricidio u otro. “Todas estamos en riesgo”, recalca, pero reconoce que hay factores que vulneran más a unas mujeres que a otras. Permanecer en territorios como el Caribe, donde se registran un alto número de violaciones a los derechos humanos y pueblos indígenas, en definitiva, facilitan aún más la comisión de actos violentos contra la mujer.
Según los datos de Católicas, 23 de los 74 femicidios ocurrieron en el Caribe, seguido de Managua, con diez. Aurora Castrillo Conrado, de 57 años, asesinada el 24 de enero, fue la primera víctima del Caribe Norte, y la octava mujer asesinada por la violencia machista el año pasado. Su cuerpo fue encontrado en los terrenos de su finca, en la zona de la Barra, en Prinzapolka, con múltiples machetazos, que desprendieron parte de su rostro que la dejaron irreconocible.
Shana Ada Willis Bendlys, de 34 años, cumple con el perfil aproximado de las víctimas. Fue asesinada por su pareja Jessy Chavarria Prudo, el miércoles 5 de abril, en la comunidad indígena de Tasbapounie, en Laguna de Perlas, en el Caribe Sur. Yelba del Carmen Zamora, de 30 años, fue asesinada por su pareja el 18 de abril, en Muelle de Los Bueyes en el Caribe Sur. José Luis Urbina, de 30 años, es el presunto femicida. Según reportes de medios de comunicación, la víctima estaba embarazada y fue atacada a golpes hasta matarla. Dar seguimiento a estos casos en búsqueda de justicia es difícil porque todo el sistema está controlado por la dictadura orteguista.
“El panorama no es nada positivo, principalmente, en comunidades como el Caribe, que a mayor grupos vulnerables, mayor injusticia. Por eso es que la Costa Caribe es una de las regiones con mayor número de femicidios porque allí, las mujeres ni siquiera saben cómo poner una denuncia, hay mucho desconocimiento, demasiada pobreza, es una zona súper abandonada, y esto también genera vulnerabilidad”, expresa Karla.
“No esperemos que haya justicia cuando son las instituciones del Estado las que violentan a las mujeres cuando tienen una necesidad”, dijo Luisa, otra defensora feminista, bajo anonimato.
Las estadísticas no están actualizadas, las historias de las víctimas tampoco se conocen como antes porque los familiares temen hablar con medios independientes por miedo a que haya represalias en su contra.
Según una muestra elaborada por La Lupa, integrada por datos de 47 mujeres asesinadas en 2023 con base a reportes periodísticos, 17 de ellas tenían al menos un hijo. Es decir, que el 36% dejaron a sus pequeños en orfandad. Este dato es aproximado, ya que debido a la política de silencio instaurada de facto por la dictadura el subregistro de femicidios y sus consecuencias continúa creciendo en clandestinidad.
“Julia”, psicóloga y activista por los derechos de la niñez, ya había señalado en reportes anteriores para La Lupa, que cuando un femicida mata, no solo asesina a la mujer, sino que también desintegra a toda una familia. “El femicidio va más allá de la desaparición física de la madre. Lo que realmente sufre la familia es una desarticulación completa”, expresa.
Según datos de Católicas, entre 2014 y 2021, quedaron 690 niñas, niños y adolescentes huérfanos producto de femicidios. Los datos de años más recientes los continúan verificando la organización.
Las dos especialistas consultadas señalan que la migración vulnera mucho más a la mujer. De las 74 víctimas de femicidio, 22 fueron asesinadas en el extranjero, lo que revela un incremento del 100% respecto a los once casos de 2022. Los femicidios ocurrieron principalmente en Costa Rica, y en menor cantidad, en Estados Unidos, México, y Guatemala.
Expertas han advertido que con la ola migratoria, empujada por la crisis sociopolítica en Nicaragua, son más las mujeres que no ven otra salida que salir de su país, exponiéndose a múltiples riesgos, como violencia sexual, económica y de otros tipos.
Para la defensora Karla, uno de los grandes problemas que enfrentan las mujeres en Nicaragua es la impunidad institucionalizada. Esto se agrava por la falta de un tejido social organizativo, destruido por el régimen orteguista, al cerrar más de 3000 organizaciones de la sociedad civil. Las oenegés eran como “un refugio hacia las mujeres, tanto en acompañamiento como atención”.
Al estar desamparadas, la recomendación general, para todas las mujeres es tener estrategias personales y familiares para no permitir violencia de ningún tipo, contar con apoyo de parientes, amistades y demás, para sentirse acompañadas, escuchadas y no juzgadas. El objetivo siempre debe ser la protección.
