La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, alentó al régimen de Daniel Ortega adoptar “urgentemente” una reforma electoral efectiva que garanticen elecciones “libres, justas y transparentes”, además les exhorta a poner fin, “de inmediato, a las detenciones arbitrarias” contra personas que participan en reuniones pacíficas u otras actividades políticas.

“El Gobierno debe adoptar urgentemente reformas electorales efectivas y establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad», dijo Bachelet previo a su intervención en la 46° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Según la Alta Comisionada, las reformas prepararían el camino de los nicaragüenses hacia unas «elecciones creíbles, transparentes y pacíficas» el próximo 7 de noviembre, además que, permitiría recuperar la «confianza ciudadana y garantizar que nadie quede atrás”.

El informe sobre Nicaragua, titulado «Situación de los derechos humanos en Nicaragua», que Bachelet presentará este 25 de febrero, la Alta Comisionada recordó que previo a las reformas electorales el régimen debe acabar con toda forma de “intimidación” contra cualquier persona opositora y “poner fin de inmediato a las detenciones arbitrarias”.

“Hago un llamado al Gobierno para que libere a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes”, dijo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Según organizaciones de derechos humanos, en el país existen más de 100 presos y presas políticas que sufren tratos humillantes y degradantes dentro de la prisión.

Hasta diciembre de 2020, las autoridades no habían tomado ninguna medida para iniciar las reformas destinadas a garantizar elecciones libres, justas y transparentes. En septiembre de 2020, parte de la oposición presentó una propuesta conjunta de reformas

La Alta Comisionada exhortó al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional a que apoyen a Nicaragua para que “encuentre rápidamente, antes del proceso electoral, una solución a la crisis multidimensional que ha estado enfrentando”.

Impunidad persiste en Nicaragua

A casi tres años de la “Rebelión de Abril”, el hecho de que el régimen no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas, ha “perpetuado la impunidad y fomentado la repetición de dichas violaciones”, señala el documento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

“La persistencia de la crisis sigue teniendo sus raíces en la fragilidad de las instituciones y del Estado de derecho, que han ido erosionándose progresivamente a lo largo de los años, mientras que las violaciones a los derechos humanos perpetradas en 2018 continúan impunes y que el espacio cívico ha sido aún más restringido aún más”, se lee en el informe.

Por otro lado, la OACNUDH recuerda que el diálogo entre el régimen y la oposición, estancado desde mayo de 2019, impide seguir avanzando en la aplicación de los acuerdos alcanzados en marzo de ese año.

Ataques, acoso y persecución

El informe, que abarca el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, documenta las “constantes, ilegítimas y graves restricciones” a las que se enfrentan los nicaragüenses, particularmente, desde el estallido de la crisis.

Según la OACNUDH, en los últimos meses persisten los “ataques, el acoso y la persecución” por parte de las fuerzas policiales al servicio de Ortega y elementos progubernamentales o parapoliciales.

Los ataques están dirigidos contra opositoras y opositores políticos, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, estudiantes, campesinos, medios de comunicación y cualquier persona que el régimen perciba que tiene opiniones discrepantes, indica el informe. 

La prensa independiente también ha sido objeto de la represión. Foto: La Lupa / O. Navarrete

En ese contexto, la OACNUDH ha documentado 83 casos de persecución, acoso y amenazas, incluidas represalias contra personas que cooperaron con la ONU.

Los periodistas y medios de comunicación, también siguieron siendo “blanco de estas acciones”.

En este periodo que comprende el informe, la OACNUDH registró 34 casos de intimidación, amenazas y campañas de desprestigio, así como casos en los que se allanaron oficinas de medios de comunicación, se destruyeron sus equipos y se les impusieron sanciones administrativas por su labor periodística.

El régimen inauguró recientemente una casa materna en el edificio donde funcionaba la redacción de Confidencial, Esta Semana, Esta Noche y Niú, que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro.

En una comunicación del 28 de enero de 2020, el régimen respondió a la oficina de la Alta Comisionada que, en Nicaragua “no se han producido ataques o actos de intimidación contra los defensores de derechos humanos, los dirigentes comunitarios, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación”, y que por el contrario “su labor está protegida”.

La represión y violencia desatada por el régimen en contra de las protestas pacíficas dejaron más de 300 personas muertas y 2,000 heridas, mientras que al menos 1,614 personas fueron arbitrariamente privadas de su libertad.

Desde entonces, según información del organismo de derechos humanos, más de 100,000 nicaragüenses han solicitado asilo en otros países, incluidos unos 25,000 durante el período que abarca el informe.

Modificar leyes

A partir del último trimestre de 2020, el régimen aprobó un paquete de leyes represivas, pero a la OACNUDH preocupan particularmente tres, una sobre agentes extranjeros, otra sobre ciberdelitos y una tercera sobre defensa de la independencia, la soberanía y la autodeterminación que “podrían tener importantes ramificaciones negativas para las libertades de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de participación política, especialmente de cara a las próximas elecciones”.

Entre sus recomendaciones, la oficina llama al régimen a “modificar” las leyes de acuerdo con las “normas y estándares internacionales de derechos humanos”, en consulta con diferentes sectores de la sociedad civil y con expertos.

Finalmente, la Alta Comisionada de la ONU reiteró la necesidad de ingresar a Nicaragua para «Reanudar una comunicación constructiva» y discutir la cooperación técnica. 

 

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La Lupa Nicaragua