“Cuando nos prohibieron la entrada, el niño no entendía qué pasaba y quería regresar a su casa. Mi hijo pregunta todos los días porque no volvemos, porque no estamos en Nicaragua. Ha sido una situación muy difícil”, cuenta una nicaragüense a quien el régimen orteguista le prohibió el ingreso al país. 

Es uno de los testimonios que recoge el informe Nicaragua: Persecución Más Allá de las Fronteras Exilio y Violaciones Transnacionales de los Derechos Humanos, presentado este 23 de septiembre de 2025 por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) que documentó 318 casos de nicaragüenses a quienes se les ha denegado la entrada entre junio de 2018 y agosto de 2025. 

“Es probable que la cifra real sea mucho mayor, pues muchas víctimas temen denunciar por miedo a represalias contra ellas mismas o sus familiares en Nicaragua”, subraya el GHREN. 

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) documentó 52 casos de nicaragüenses —27 mujeres y 25 hombres, incluidas 7 personas indígenas—, a quienes se les “negó arbitrariamente el reingreso a su país” al intentar regresar por tierra o aire. 

Según Acnudh, la denegación de entrada provocó separaciones familiares, lo que constituye una “injerencia arbitraria en la vida familiar”.

Esta situación ha afectado al menos diez niños, quienes fueron separados de sus progenitores o abuelos y abuelas. En tres casos, personas de edad quedaron “desamparadas” después de que a sus familiares se les denegara la entrada.

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“Cuando ya iba a entregar las maletas … (personal de la aerolínea me dijeron) que el departamento de migración de Nicaragua, comunicaba que debía comunicarme con una embajada o consulado de Nicaragua y que no podía abordar. Para mí fue un shock. Yo entendía perfectamente lo que significaba: que me negaba la entrada a mi propio país. Y en ese momento toda mi vida cambiaba. Mi padre (es mayor) y … yo era el único hijo que vivía en Nicaragua”, señala otro testimonio de los recopilados por el GHREN. 

Negativa de extender pasaportes 

Estas prohibiciones se intensificaron tras la expulsión masiva de 222 nicaragüenses a Estados Unidos en febrero de 2023 y forman parte de un “patrón más amplio” de violaciones sistemáticas del derecho a la libertad de circulación.

Esta separación forzosa, que constituye una violación flagrante del derecho a la vida familiar consagrado en múltiples instrumentos internacionales de derechos humanos, representa apenas una de las tantas situaciones a las que el régimen somete a los nicaragüenses.

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Las empresas de transporte terrestre o aerolíneas se encargan de informar que estas personas tienen prohibida la entrada y de que debían contactar a las autoridades para obtener explicaciones, pero “ninguno recibió documentación oficial”. 

El GHREN determinó que las prohibiciones de ingreso las decide el Viceministro del Interior, Roberto Cañas Novoa que es también secretario administrativo nacional del FSLN, en consulta con la “copresidenta” Rosario Murillo, y posteriormente comunicadas por la Dirección General a aerolíneas y empresas de transporte terrestre. 

Además, se concluyó que, las prohibiciones de ingreso suelen ir acompañadas de otras violaciones transnacionales de derechos humanos, entre ellas la “negativa consular a renovar pasaportes o expedir copias de partidas de nacimiento, así como la confiscación de propiedades, bienes y pensiones”. 

“Apoderé a una sobrina mía (país conocido del Grupo) … para que hiciera una gestión para obtener un nuevo pasaporte. Ella fue personalmente al consulado a pedir información. A los 6 meses volvió a ir y le dijeron: ‘No esperes que se te entregue pasaporte a tu familiar porque ella no tiene derecho a pasaporte. Ella sale como que no existe en el sistema’”, señaló una de las víctimas. 

156 nicaragüenses expulsados 

El informe del Alto Comisionado revela que a 156 personas se les expulsó del territorio nacional bajo amenaza de detención si intentaban retornar.

Entre los casos que documentaron, está el del periodista Henry Briceño, de 75 años, quien junto con su pareja y sus dos hijos, fue aprehendido violentamente, se le denegó el acceso a sus pertenencias personales y fue llevado por la fuerza a la frontera con Costa Rica, donde militares nicaragüenses les ordenaron ingresar al país vecino por un «punto ciego», una práctica que viola múltiples convenios internacionales sobre el tratamiento de refugiados y desplazados.

El GHREN identifica que como parte de las medidas destinadas a “castigar y silenciar voces disidentes más allá de las fronteras”, la dictadura ha “eliminado, bloqueado el acceso o alterado documentos” inscritos en el Registro Central del Estado Civil de las Personas. 

“Estas medidas represivas también han afectado directamente a familiares, especialmente a niñas, niños y cónyuges. En algunos casos, los apellidos de las personas objeto de persecución fueron borrados de las partidas de nacimiento de sus hijos y las actas de matrimonio fueron suprimidas”, puntualiza el GHREN. 

El Acnudh documentó al menos 29 casos desde 2021 de personas en riesgo de apatridia, aunque estima que la cifra real es significativamente mayor.

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La Lupa Nicaragua