La lucha por la memoria es una de las principales exigencias de las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen Ortega-Murillo a partir de las protestas cívicas iniciadas en abril de 2018.
Pues dentro de las violaciones a derechos humanos se encuentran el asesinato de más de 355 personas, incluyendo menores de edad; más de 1,614 detenciones arbitrarias; tratos crueles y degradantes contra las personas detenidas; entre otros delitos contra la población que todavía continúan.
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Cinco años después de la crisis social, las víctimas, familiares y activistas nicaragüenses sostienen que es necesario preservar la memoria de lo ocurrido y todos los crímenes cometidos, y que debe de ser uno de los primeros procesos a realizar cuando se logre un cambio de gobierno democrático.
La memoria son acciones colectivas orientadas a recordar lo ocurrido en el pasado de un país durante períodos conflictivos, especialmente violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad o injusticia sociales, indica Braulio Abarca, coordinador del área de educación y memoria histórica del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Más.
El objetivo de estos procesos es evitar que se olviden esas violaciones a los derechos para que no vuelvan a ocurrir, impedir la impunidad que beneficia a los perpetradores y reparar a las víctimas y a la población afectada.
“En nuestro país se han cometido miles y miles de violaciones a los derechos humanos desde 2018 en adelante. Se realizaron asesinatos, torturas, detenciones, desapariciones forzadas, persecución política y más de 500 mil personas han sido desplazadas forzadamente”, dice el defensor.
Abarca señala que aunque los procesos de memoria son importantes de hacer en todos los países, es necesario hacerlos en países con regímenes autoritarios como Nicaragua para exponer los delitos tanto a nivel nacional como internacional, y así se tomen medidas para su no repetición.
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La memoria también implica una documentación de las violaciones a los derechos y los casos que están ampliamente documentados son los que principalmente pueden acceder a procesos de justicia, ya que contienen evidencias, pruebas y testimonios de dichas violaciones, indica Abarca.
Por otra parte, los procesos de memoria también dignifican a las víctimas directas de la represión para que no se pierdan sus recuerdos y sus luchas, y los familiares que han mantenido demandas permanentes de justicia ante el Estado.
“Para nosotros es importante hacer memoria por nuestros hijas e hijos asesinados para que nunca más se repita la historia. Abril no se va a olvidar nunca porque nosotros, madres, padres y familiares, mantenemos su memoria y demandamos justicia”, expresa Liseth Dávila, integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA).
Dávila es mamá de Álvaro Conrado, un adolescente de 15 años que fue asesinado el 20 de abril de 2018 en la Catedral Metropolitana de Managua por entregar agua a personas que se manifestaban. Después de ser impactado en su garganta por una bala disparada por un francotirador, las autoridades del Estado le negaron atención médica, lo que provocó su muerte.
“Debemos hacer memoria para denunciar que le privaron el derecho a la vida a nuestros hijos”, añade Dávila. “Ama y no olvida”, es el lema de la asociación que reclama memoria.
Los procesos de memoria sobre lo ocurrido a partir de la crisis sociopolítica en 2018 es crucial porque en el país nunca se ha hecho un proceso igual, a pesar de que Nicaragua tiene historias de guerras, dictaduras y múltiples violaciones a los derechos humanos en su historia reciente.
Que nunca se haya realizado estos procesos con la dictadura de Los Somoza (1937-1979) o con la guerra civil luego del triunfo de la Revolución Popular Sandinista (1979-1990), implicó que múltiples delitos contra la población y crímenes de guerra quedaron en impunidad y las familias quedaron sin justicia, si verdad y sin reparación.
Al contrario, los hechos quedaron enterrados en el olvido, y se trata de etapas de la historia del país que las nuevas generaciones desconocen.
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“Si no se hace memoria en Nicaragua no habrá justicia y no podemos volver a caer en los errores del pasado. Recuerdo que en el entierro de Jonathan Morazán Meza, su papá decía «habrá justicia». Esas palabras son fundamentales para la lucha y son necesarias en nuestro país. En algún momento habrá justicia, tal vez no hoy o mañana, pero la habrá”, sostiene Braulio.
Por esa razón, el defensor señala que es importante que la población documente las violaciones a los derechos humanos, ya sea con organizaciones nacionales como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más, o entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o Amnistía Internacional.
