El Congreso de Guatemala aprobó la Ley Para La Protección De La Vida Y La Familia (Ley 5272) el pasado 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, la cual amplía las penas para la práctica del aborto desde 25 y 50 años de cárcel; prohíbe explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la educación, programas y políticas relacionadas a la diversidad sexual; y brinda el “derecho” a los padres y madres de educar a sus hijos e hijas en la orientación sexual que regirá en su vida.
Aunque falta que sea aprobada por la Corte de Constitucionalidad (CC) y el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, solicitó el pasado jueves al Congreso archivar la Ley, y anunció que si no se archiva, la vetará cuando llegue a su despacho; esta todavía representa una amenaza para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, adolescentes, niñas, y de las personas LGBTIQ+, indica la socióloga feminista y secretaria técnica de la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad, Ana Monzón.
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Según la exposición de los motivos, la ley responde a que “existen grupos minoritarios que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana e impulsan modelos de conducta que atentan contra el derecho a la vida, el orden natural del matrimonio y la familia», lo que amenaza el equilibrio de la sociedad guatemalteca y la paz.
“Lo que la ley pretende es controlar los cuerpos de las mujeres y de la diversidad sexual. Pretende prohibir porque tiene una restricción expresa en que se eduque en sexualidad y también censura. Son tres elementos que quisiera destacar de esta ley que, responde a una postura dictatorial. Esta ley es solo un elemento más de procesos que vienen desde hace años, en el sentido de cooptar el Estado para los intereses de las élites”, explica la socióloga.
El segundo apartado de la ley aumenta las penas para las mujeres que se procuren un aborto desde cinco a diez años de prisión; el personal médico que lo práctique desde seis hasta 50 años; y las personas que lo “promuevan” desde seis hasta 10 años, más una multa de 100 mil quetzales (US $13,000), lo cual implica criminalización y persecusión contra las personas activistas de los derechos sexuales y reproductivos, según Monzón.
El aborto en Guatemala solo está permitido cuando la vida de la madre está en riesgo. Aunque no hay cifras sobre cuántos abortos anuales se práctican y cuántas mujeres son judicializadas por eso, Monzón advierte que sí hay criminalización en el país y que hay personas que denuncian a las mujeres.
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Esta nueva medida afectaría negativamente a las mujeres, adolescentes y niñas guatemaltecas. El Observatorio de Salud Reproductiva de Guatemala, registró 72,777 nacimientos en 2021, cuyas madres eran niñas y adolescentes, de estos nacimientos, 2,041 corresponden a niñas entre los 10 y 14 años. Mientras que solo en enero de 2022, 178 niñas entre esas mismas edades también fueron forzadas a ser madres.
De acuerdo con Monzón, los números podrían ser más, ya que el Observatorio solo registra los nacimientos y no los embarazos, y las comunidades de difícil acceso del país quedan fuera del registro. Además, señala que estos datos son solo un reflejo de lo que implica ser una menor de edad en Guatemala en un país sin acceso al aborto terapético; y sin apoyo del Estado para resolver esta problemática.
“Cuando estas niñas se vuelven madres dejan la escuela, a pesar que hay normas que le prohíben al Ministerio de Educación que se les niegue el acceso a las niñas embarazadas, pero hay una presión social muy fuerte. Hay otra situación que es sobre la relación entre los embarazos forzados y los suicidios. No hay un registro oficial que haga esta relación, pero sí hay casos, lo que no sabemos es cuántos. Y por supuesto, el trauma del parto a una edad tan temprana y la responsabilidad del cuidado”, expone.
Las menores de edad, una vez con sus hijos e hijas en brazos, tienen que hacerse cargo ellas mismas o sus familias para el mantenimiento de los mismos. Es decir, el Estado guatemalteco no toma ninguna responsabilidad sobre la situación de las niñas.
A pesar que existe el programa de ayuda económica, Programa Vida, el cual brinda un monto simbólico a las niñas embarazadas, éste únicamente ha incluido a 136 niñas entre 2018 y 2019; excluye a las niñas entre 10 y 12 años; y también excluye a las niñas cuyo agresor esté fuera del círculo familiar, según datos del Observatorio.
La activista maya trans, Mónica Chub, señala que la ley también vulnera la crítica situación de derechos humanos que enfrentan las personas LGBTIQ+ en el país, y que podría agravar los crímenes de odio y demás ataques por motivos de orientación sexual e identidad de género.
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Hasta la primera semana de marzo de este año, el Observatorio de Derechos Humanos y Violencias por Orientación Sexual e Identidad de Género registra nueve crímenes de odio contra personas de la diversidad sexual, y 17 asesorías legales en temas de violación a los derechos humanos.
Además de los crímenes de odio, discriminaciones en el ámbito social, y violaciones a los derechos humanos como acceso a cupos laborales, educación y salud integral son situaciones comúnmente vividas por las personas LGBTIQ+ en el país. Y las denuncias interpuestas ante las autoridades no son tomadas en cuenta, problemática que podría aumentar, ya que el artículo 18 de la Ley, indica que ninguna persona podrá ser perseguida penalmente por no aceptar como normal la diversidad sexual o la ideología de género.
“Esta ley va a tener un efecto agravante en los crímenes de odio, porque hay una gran cantidad de personas conservadoras, machistas, homofóbicas y transfóbicas. Nos están negando nuestra orientación y nuestra identidad de género. Nos están llamando anormales, no nos reconocen como un ser humano. Eso también podría agravar la persecución contra las personas de la diversidad”, expone.
Las defensoras advierten que aunque todavía falta que la Ley sea aprobada por la CC y entre en vigor, es una muestra de cómo los grupos conservadores tienen el apoyo del Estado para violentar los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+.
