#LaViolenciaDigitalEsReal

En febrero de 2016 llegó a la redacción de El Nuevo Diario, donde entonces trabajaba como editora, el caso de varias estudiantes de Corinto cuyas fotos íntimas estaban siendo compartidas en redes sociales. Las madres habían decidido romper el silencio al ver cómo esto afectaba anímicamente a las muchachas y las aislaba de sus entornos. Se habían organizado, y unas pocas, por separado, habían denunciado ante la policía a los agresores. Tenían sus nombres porque el escarnio no solo ocurría en los espacios digitales, sino también en las aulas de las escuelas, en las calles de la ciudad y en sus barrios. Eran conocidos de ellas e incluso algunos habían sido sus novios. Asesoradas por un abogado decidieron denunciar a los abusadores por el delito de propalación, contenido en el Código Penal. Fue la primera vez que escuché esta palabra.

Según el artículo 195 del Código Penal de Nicaragua, comete ese delito quien “hallándose legítimamente en posesión de una comunicación, de documentos o grabaciones de carácter privado”, los hace “públicos sin la debida autorización, aunque le hayan sido dirigidos”. Está penado con una multa de 60 a 180 días, pero en la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres, Ley 779, se establece que “si las grabaciones, imágenes, comunicaciones o documentos hechos públicos, son de contenido sexual o erótico, aunque hayan sido obtenidos con el consentimiento, la pena será de dos a cuatro años de prisión”. Esa legislación especifica que “cuando se trate de documentos divulgados por internet, el juez competente a petición del Ministerio Público ordenará el retiro inmediato de los documentos divulgados”.

He escuchado, leído y conocido innumerables casos de mujeres que han sufrido extorsión, acoso, humillaciones y escarnio porque contenido íntimo suyo fue divulgado en redes sociales sin su consentimiento. Algunas han sido historias lejanas y otras muy cercanas.

Si hacemos el ejercicio de recordar, con seguridad todas conocemos a alguna mujer, e incluso adolescente, que ha sido víctima de violencia en la esfera digital. Acosadas por conocidos y desconocidos, chanteajeadas por exparejas, agredidas por troles, amenazadas. Seguro en algún momento muchos se preguntaron por qué ellas habían compartido sus fotos y videos. El por qué siempre nos ronda. El señalar y responsabilizar a la víctima casi siempre es la primera opción. El convencernos que sus derechos han sido vulnerados suele ser la última.

La revictimización y la culpa

Las víctimas saben poco o nada sobre el delito de propalación, y aunque en Nicaragua existe esta figura penal, no se han elaborado los protocolos debidos para perseguir a los responsables por este delito y las autoridades tampoco están capacitadas para atender a las víctimas. Como ocurre en la mayoría de casos de este tipo en otros países, hay mucha revictimización en el proceso. En principio no se parte de que las mujeres que proporcionaron información íntima a alguien, sea quien sea, estaban en todo su derecho de hacerlo, pero que esto no implica que esa información debía ser del dominio público. Usualmente se les culpa y se le denomina venganza, y no, no es venganza, se llama violencia, y tampoco es su culpa.

Luego las víctimas se enfrentan con otra realidad: no hay mecanismos efectivos para exigir el retiro de la información que entonces ya está descontrolada, y se encuentra en múltiples grupos de WhatsApp, en páginas de Facebook y otras redes más. A esto se le suma que las normas legales mencionadas no profundizan en otras formas de violencia como la sextorsión, el acecho virtual y la ciberpersecución, por mencionar tres de las que más se registran.

Las mujeres deben lidiar con la culpa, con el sufrimiento y el aislamiento social. La mayoría no denuncia por desconocimiento, para no exponerse o porque piensa que no conseguirá nada. Aún hoy la sociedad sigue deslegitimando a las que se atreven a denunciar. Muchos todavía siguen creyendo que eso que ocurre en los espacios digitales no repercute en las vidas reales, en el trabajo, en la escuela, en la forma en cómo se relacionan con los demás, en su autoestima. Los efectos son tan graves que se han registrado casos de suicidios y de intentos de suicidios.

Ellas necesitan una red estrecha para enfrentar esta realidad que afecta todas las dimensiones de sus vidas, pero no siempre la tienen. Con dificultad sus familias y las amistades entienden que no se buscaron esto, que no lo merecían y que no son responsables. Aún falta mucha sensibilización. Todavía nos cuesta llamarle violencia a esto que le pasa a tantas mujeres.

Por eso, en vísperas de la conmemoración del 8 de marzo, en Media Cuartilla estamos proponiendo reflexionar sobre la violencia digital, sobre cómo nos afecta y cómo todos, hombres y mujeres, nos convertimos en cómplices al compartir contenido inapropiado, al juzgar a la víctima o simplemente al callar. Insistimos en que lo digital es real porque afecta todas las esferas de nuestras vidas y por eso nos apropiamos del hashtag #LaViolenciaDigitalEsReal.

Durante toda esta semana publicaremos entrevistas a defensoras de derechos humanos que abordan esta problemática, entre ellas Olimpia Coral Melo, quien tras su experiencia impulsó en Puebla, México, la aprobación de una legislación que penaliza hasta con seis años de cárcel la violencia digital. Tendremos explicaciones sobre cómo se manifiestan estas violencias, reflexionaremos sobre cómo podemos combatirla y qué hacer si nos encontramos ante un caso de este tipo. Por primera vez Media cuartilla publicará otras firmas y recibirá testimonios.

Sobre el tema empezamos a hablar hoy pero no se terminará esta semana porque #LoDigitalEsReal.

Texto de Matilde Córdoba