“La Unión Europea debe pasar de las resoluciones a las sanciones”

A escasas horas de que el Parlamento Europeo se reúna para escuchar la comparecencia sobre la crisis de Nicaragua a cargo del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, el eurodiputado José Ramón Bauzá ultima una resolución en la que propone que el bloque del Viejo Continente aplique sanciones contundentes contra la dictadura de Daniel Ortega. Bauzá tiene los nombre de los primeros sancionados: los hermanos Laureano y Rafael Ortega y el comisionado Ramón Avellán, en primer momento, pero no quiere que la enmienda sea aprobada y quede luego sin ningún efecto, como ya ha ocurrido con dos similares de 2018 y 2019.

Es por eso que espera que mañana Borrell adquiera el compromiso público de iniciar el proceso de ejecutar sanciones contra el matrimonio Ortega – Murillo, al que describe como un clan familiar que actúa como una mafia represora sobre los derechos humanos y libertades. Bauzá reconoce que pueden salir más resoluciones, más condenas, pero sin efecto directo sobre la dictadura, y es por eso que demanda a la Unión Europea (UE) ejercer una presión internacional para que “la represión  y el terror acaben ya”. Las sanciones, dice, dependen de la voluntad política del Alto Representante. Y es ahí donde está apuntando.

Bauzá es un político español con 23 años de trayectoria. Llegó a la Eurocámara con la bandera del grupo español Ciudadanos y se considera un defensor de las causas justas. Ahora en el Parlamento se ha puesto como objetivo que los diputados conozcan la situación que vive Nicaragua. “Desgraciadamente no todo el mundo es conocedor, aquí somos 751 diputados, y no todos están en el asunto de exteriores. Uno de mis objetivos es dar a conocer la cruel situación que vive Nicaragua, que sepan que la familia Ortega Murillo está cometiendo actos de crueldad”, dice, en una entrevista en la que critica la tibieza de la diplomacia española con la dictadura.

¿Qué se espera mañana en el Parlamento Europeo, donde el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, expondrá la situación que vive Nicaragua?

Mi intención con la iniciativa es que el Alto Representante comparezca, precisamente, en primer lugar, para que tuviera constancia de lo importante que es que se ejerza una mayor presión internacional en Nicaragua, sobre el matrimonio Ortega – Murillo; y escuchar de primera mano el compromiso del Alto Representante con relación a esa toma de decisiones y empecemos a movernos. Y que la Unión Europea, como lo ha hecho estos días Estados Unidos, empiece a ejercer una presión internacional para que tanto Ortega como Murillo dejen de incumplir la legislación más vital que es la protección de los derechos humanos.

Desde la Eurocámara han surgidos dos resoluciones contra Ortega y el Consejo Europeo aprobó un marco de sanciones, pero no han sido efectivas, o sea, queda en eso. ¿No hay unanimidad en los Estados de UE para aplicar las sanciones?

Como usted dice, ya hay dos resoluciones aprobadas: una en 2018 y otra en 2019. Y la que espero que aprobemos mañana mismo, pero no se tratar de aprobar resoluciones, porque si quedan en palabras y no se trasladan a hechos no serviría de nada. Además, es poco servicio para los nicaragüense que sólo hablemos de ellos, pero no actuemos. Lo que quiero es que pasemos de las palabras a los hechos, que pasemos de las resoluciones a las sanciones, y que se ejerza la presión de la UE sobre el Gobierno de Daniel Ortega.

¿Qué contempla su propuesta de resolución?

En primer lugar que se sancione a nivel personal, no a nivel general. Que se sancione a dos personas que son familia: Laureno y Rafael Ortega, y que se sancione a una persona que ha participado activamente en la represión, como es el caso de Ramón Avellán, responsable de la masacre en la Operación Limpieza. Esa resolución ya cuenta, o espero que cuente, con la aprobación final del resto de la Eurocámara y que se sancione a todos aquellos que violan los derechos humanos.

¿Qué probabilidades hay de que sea aprobada?

Espero que finalmente la resolución sea aprobada por el resto de los partidos políticos en la Cámara. No se requiere unanimidad, se requiere la mayoría absoluta, aunque si fuese unanimidad da más valor y fortaleza a la alta cámara para que se ejerzan esas presiones. Pero lo más importante es que el gobierno de Ortega y Murillo, ese clan familiar que actúa como una mafia represora sobre los derechos y libertades, se acabe, que se acabe el terror, que se ponga fin a las muertes, a más de 300 familias que no tienen a sus seres queridos en casa, cientos de agresiones que sufren los campesinos y sacerdotes, en definitiva todo aquel que no piense como Ortega y Murillo, eso se tiene que acabar, y se tiene que acabar ya.

¿Otros grupos parlamentarios presentarán resoluciones o solo su facción?

La propuesta de resolución la trabajamos nosotros desde nuestro grupo, lo que me consta es que se ha estado consensuando, y de hecho he estado hablando con colegas tanto del Partido Popular Europeo como del grupo Social Demócrata, y coincidimos en muchas cosas y lo que hay que acabar en estas horas es finalizar y recoger otras propuestas. Lo más importante es que sea aprobada con el máximo respaldo posible.

¿Qué pasará después de esta resolución? Le mencionaba al principio de la entrevista que hay dos resoluciones y no han sido efectivas. ¿De qué depende?

Eso depende de la voluntad política del Alto Representante, es él el que tiene que tomar esa decisión de ir adelante, nosotros ya lo hemos dicho en dos ocasiones a la que era la Alta Representante (Federica Mogherini), y ahora se lo decimos al nuevo Alto Representante. Yo no quise perder ni un solo momento y desde que tomó posesión Borrell ya introduje una iniciativa para motivar su comparecencia y su compromiso. Espero que mañana adquiera el compromiso públicamente de iniciar el proceso de ejecutar sanciones contra el matrimonio Ortega – Murillo, y su clan familiar, que están generando las violaciones a los derechos humanos.

Ortega ha tildado de injerencista a la UE y ha atacó al ministro Borrell. ¿Cómo valora la relación actual entre Nicaragua y la UE?

Hay que diferenciar que nosotros queremos lo mejor para el pueblo nicaragüense, nosotros no identificamos a Nicaragua con el Gobierno de Nicaragua, es una cosa muy diferente para nosotros Nicaragua es un país hermano que debe gozar de todos los derechos de igual manera que otro país. No queremos que ese Gobierno continúe con esas agresiones, matanzas, crímenes, por eso mismo una de las propuesta que hice era para que hubiera una modificación del sistema electoral, para que se aseguren elecciones libres, transparentes, y creíbles.

¿Considera que la UE ha presionado al régimen? Es cierto que le recortó fondos de cooperación, pero no ha habido medidas fuertes como sí lo ha hecho Estados Unidos y Canadá.

Lo que espero es que esas sanciones, de igual manera que se han producido en Estados Unidos y Canadá, se produzcan por parte de la UE. Por eso personalmente estoy instando a que haya sanciones, y por eso he presentado estas iniciativas, he propuesto esas enmiendas para que pasemos de las palabras a los hechos. Hay una evidencia: el matrimonio Ortega Murillo solo reacciona si siente la presión internacional, sólo realmente reacciona si siente que se ejerce influencia desde el exterior hacia ellos. Así que basta ya de palabras, basta de hablar, basta de compromisos verbales y pasemos de las palabras a los hechos y de las resoluciones a las sanciones.

Borrell habló hace unas semanas de la posibilidad de que Europa impulse una ley parecida a la estadounidense Magnitsky, que sanciona a funcionarios acusados de violación y corrupción. ¿Se hablará mañana sobre esto?

No lo sé. Mañana se hablará sobre la resolución que llevamos para aprobación. Es posible que ese debate se suscite, o es posible que no. En cualquier caso, no se trata de que esa ley u otra similares se puedan redactar, porque para eso siempre estamos a tiempo, pero para lo que no necesitamos perder ni un segundo es para con dos resoluciones ya aprobadas y con una tercera, se pueda actuar, si existe la voluntad política de Borrell. No necesitamos ni un solo minuto para sancionar a personas con nombres y apellidos, del clan Ortega-Murillo que se está enriqueciendo del pueblo nicaragüense.

Pasando a España, ¿cree usted que pueda cambiar la forma en que la diplomacia española ve la crisis de Nicaragua si se instaura un gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias?

El Gobierno de Sánchez se ampara, pide cobijo, a un partido (Unidas Podemos) que se define a si mismo como chavista, bolivariano, que se identifica con la dictadura castrista, con las dictaduras de Nicaragua y Venezuela, que incluso ha catalogado lo de Bolivia como un golpe de Estado contra Evo Morales. Muchos nos tememos que Pedro Sánchez será una persona tibia, y absolutamente ambigua a la hora de tomar cualquier decisión porque su socio de Gobierno, el que lo hará Presidente, es el que apoya a Cuba, Nicaragua y Venezuela. No podemos más que temernos lo peor, y en este caso Sánchez será rehén de su socio.

Hay una relación histórica entre España y Nicaragua, y por tanto España debe llevar la voz cantante sobre la crisis ante la UE, pero no es tan así.

Es lo que yo lamento, que no se haya visto tan así. Debió haberse visto desde el primer minuto, sin ningún tipo de duda, sin ningún atisbo. España debería ser el primer país en luchar por la defensa de los derechos humanos y la democracia en Nicaragua, debe asegurarse que se cumpla la ley. Lamentablemente desde que está Pedro Sánchez en el Gobierno, ha sido tibio, equidistante, y contemplativo en vez de haber sido ejecutivo con acciones contundentes.

¿Tendrá alguna incidencia que Borrell, jefe de la diplomacia española de un posible gobierno Sánchez – Iglesia, también sea Alto Representante de la UE?

Yo espero y deseo que no. El señor Borrell no se debe al Gobierno de España, se debe a la UE. Responde no solo a España sino a todos los países. Por eso fui inmediatamente a hacer esa iniciativa para que comparezca, y se comprometa a ejercer las actuaciones con la mayor contundencia contra el gobierno de Ortega.