Este caso es solo la punta del iceberg en un país donde las mujeres migrantes son violentadas y no son protegidas solo por su estatus migratorio.
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La última vez que Gabriela Briceño habló con su madre, María Dolores Carcache, fue hace casi cuatro meses. Las dos mantenían constante contacto a través de llamadas y mensajes, ya que Briceño vive en Estados Unidos y Carcache en España. Hasta que un día, su mamá dejó de contestar.
En su última llamada, Carcache de 51 años, le dijo a su hija que estaba alegre porque se mudaría a Sevilla con su pareja, Francisco Javier Blanca Rodríguez, un español al que conoció a través de Facebook en 2021 y con quien inició una relación en 2022 cuando ella migró a España.
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Los planes eran casarse y establecerse en Sevilla, ciudad donde supuestamente Blanca Rodríguez vivía. De esa manera, Carchache renunció a su trabajo como cuidadora en Madrid y se fue con él. Esa llamada realizada el 8 de marzo de este año, fue lo último que se supo de ella.
Al no volver a tener contacto, su familia en Nicaragua denunció en la Embajada de España, pero si la denuncia ya llegó ante las autoridades del otro continente es algo que no saben. La ausencia de respuesta es lo único que ha tenido Briceño desde la desaparición de su madre.
Que Carcache haya llegado a Sevilla tampoco es algo seguro, dice Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, quienes están dando seguimiento al caso. La mamá de Briceño pudo haber sido sacada del país o estar retenida forzadamente en España, señala. Las especulaciones sobre su desaparición se basan en las experiencia de otras mujeres migrantes que han llegado a ese país.
“No consta que esta mujer haya llegado a Sevilla. Supuestamente fue llevada ahí, pero no se sabe si en realidad la sacaron de España o la llevaron a otro lado. No sabemos si es un caso de trata. Además, este hombre implicado tampoco responde, no aparece en ningún lado al igual que ella y está involucrado en otra desaparición”, dice Polo.
Blanca Rodríguez fue señalado de la desaparición de otra mujer en marzo de 2021 por Gacetín Madrid, un periódico español. La mujer desaparecida se trató de Mónica Marta Martín Notario de ese momento 56 años, quien también fue reportada por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES).
Actualmente no hay ninguna información pública sobre su caso, sin embargo, ya no se encuentra dentro de los registros del CNDES.
Aunque tampoco hay mayor información del caso de Carcache, Polo indica que desde la Asociación Por Ti Mujer radicada en España realizarán una carta a las autoridades españolas para que investigue su desaparición y al hombre señalado.
Las mujeres migrantes en España son unas de las principales poblaciones de mujeres que viven violencia machista y que son asesinadas a manos de hombres por esta razón, de acuerdo con los informes Tirar del hilo de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (Red Latinas) y la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI).
El 32.7 por ciento de mujeres asesinadas en España entre los años 2003 y 2019 fueron extranjeras, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género; y en los últimos años la tendencia todavía se mantiene en torno al 30 por ciento.
Aún más alarmante, el 38.2 por ciento de ellas ya había denunciado previamente ante las autoridades, pero no recibieron ninguna protección porque son unas de las poblaciones que menos acceden a los servicios de protección, a pesar de ser una de las más violentadas.
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Los casos de violencia de género denunciados por las mujeres migrantes también son los principales que pasan a la categoría de “no activos”, a diferencia de los casos de las españolas; y son los mayores calificados como “riesgo no apreciado o riesgo bajo”, en cuanto al nivel de peligrosidad que se encuentran sus vidas. Y todo esto, por su estatus migratorio.
“En España hay un alto índice contra las mujeres migrantes. Hay una sobrerrepresentación de mujeres migrantes asesinadas por la violencia de género, que se agrava debido a las condiciones precarias en que viven. Esto sin contar los casos de víctimas de otras agresiones y de las migrantes desaparecidas, como en el caso de la chica de Nicaragua”, señala Polo.
Sus agresores son en muchas ocasiones las parejas con las que migran, otros hombres migrantes radicados en España o los mismos españoles. Los agresores de mujeres están en cualquier parte del mundo, indica Polo. Pero si sus parejas masculinas tienen residencia española o son nacionalizados, las mujeres se ven muchas veces atrapadas en relaciones de poder donde su estatus migratorio las condiciona.
“Muchas mujeres se casan con hombres para lograr tener una condición administrativa regular, pero estos hombres las controlan, las agreden y hasta las encierran. El año pasado vino una mujer colombiana con su hija de 15 años, se casó con un hombre y este la encerró en su casa y no la dejó salir. Él le cobraba el boleto de avión y la obligaba a tener sexo”, relata Polo uno de los casos que llegó a su asociación.
La mujer colombiana logró salir al supermercado en una ocasión y escapó para ir a Por Ti Mujer, donde contó su historia y recibió ayuda para ir nuevamente a su país. No obstante, este no es el único caso, las historias de violencia machista que viven las mujeres migrantes son miles y miles.
Sin embargo, no son todas las migrantes las que se encuentran en esta desprotección, sino las que se encuentran en situación irregular, aclara Polo. Las mujeres migrantes irregulares son las que menos cuentan con recursos económicos para alejarse de sus agresores y salir de la violencia.
Como no cuentan con permisos de trabajo debido a su situación administrativa, dependen muchas veces de los hombres que las violentan o están sometidas a situaciones de explotación laboral, con salarios precarios y largas horas de trabajo.
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Además, son las que menos conocimientos tienen sobre los servicios de protección del Estado a los que pueden acceder cuando viven violencia, y esto se suma a que también son las menores orientadas por las personas funcionarias cuando ellas llegan a las instituciones públicas a solicitar ayuda.
Por otro lado, la protección a mujeres migrantes víctimas de violencia está severamente limitado a varias condiciones en las leyes españolas. Por ejemplo, para recibir protección migratoria y no correr el riesgo de ser deportadas, las migrantes víctimas de violencia están obligadas a denunciar y a obtener una sentencia condenatoria contra sus agresores.
Esto deja en vulnerabilidad a las mujeres migrantes porque muchas veces las autoridades no les creen y no siempre obtienen una condena a favor de ellas.
La Ley Orgánica 10/2022 “sigue exigiendo a las mujeres en situación administrativa irregular denunciar y obtener una condena favorable (y no ser expulsadas de España) para tener la residencia, cuando sin residencia (que condiciona el trabajo, la vivienda, la salud, tener una cuenta bancaria abierta, etc.) no hay una reparación integral posible”, exponen Red Latinas y AIETI en un pronunciamiento de este año.
En dicho pronunciamiento, las organizaciones denunciaron que las autoridades solo atienden a las migrantes cuando se muestran como “víctimas ideales”, y a la mayoría de ellas las señalan de mentirosas y manipuladoras, y refuerzan la idea de que ellas denuncian para permanecer en España.
Mientras las organizaciones y defensoras migrantes en España se movilizan para modificar dichas leyes y conseguir mayor protección estatal, Briceño continúa buscando su madre y moviendo cielo y tierra para tener mayor información de ella.
