La apatridia como arma de represión de Ortega y Murillo
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Al menos 452 nicaragüenses convertidos arbitrariamente en apátridas por el régimen de Daniel Ortega desde 2023 —una medida represiva “inédita a nivel regional” que busca producir la “muerte civil” de opositores políticos exiliados—, que ha sumido a cientos de personas y sus familias en un limbo jurídico, denunciaron este 25 de julio de 2025 organizaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La medida represiva trasciende las fronteras nicaragüenses y condena al desarraigo perpetuo a la ciudadanía que ha salido del país a raíz de la crisis socio política de 2018, pero que también les impide retornar y renovar su documentación.
Natalia Yaya, Directora Adjunta de la Oficina de las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), calificó esta práctica como “una de las formas más severas de represión del régimen de los últimos años”, que vulnera la Convención para reducir los casos de apatridia de 1954.
Según su testimonio ante la CIDH, en el marco del 193 periodo de audiencias, la dictadura de Ortega-Murillo no sólo despojó a estas personas de su nacionalidad mediante decisiones judiciales, sino que profundizó la arbitrariedad anulándolos “de todos los registros nicaragüenses”.
“Decretaron la pérdida de sus derechos civiles, políticos, sociales y patrimoniales, así como la imposibilidad de volver a su país. Los profundos efectos de esta pérdida de nacionalidad y personalidad jurídica siguen hasta el día de hoy”, señaló Yaya.
La mayoría de los desnacionalizados, hasta ahora identificados, son excarcelados políticos desterradas que hoy se encuentran dispersos en diferentes países, enfrentando diversos obstáculos para obtener reconocimiento de su estatus y acceder a protección internacional que les permita ejercer sus derechos humanos básicos.
Consecuencia de la represión para sus familias
Los efectos de esta represión no solo es dirigida a la persona desnacionalizada, sino que alcanza al resto de la familia.
“Hemos conocido de casos en que el régimen eliminó el nombre de la persona desnacionalizada de los registros civiles de sus hijos e hijas, obstaculizando la obtención de documentos de identidad y poniendo en riesgo el derecho de filiación”, agregó Natalia Yaya, de la FIDH.
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Esta práctica constituye una violación adicional que afecta directamente a menores de edad, quienes ven comprometido su acceso a servicios básicos y su identidad legal por la represión política ejercida por la dictadura en contra de sus padres.
La eliminación de los registros civiles crea un vacío legal que puede tener consecuencias de por vida para la niñez y adolescencia.
El impacto económico representa otra dimensión de la crueldad con la que actúa el régimen Ortega Murillo.
La confiscación total de bienes de las personas desnacionalizadas, y en algunos casos de sus familiares, junto con el congelamiento de cuentas bancarias, “deja en grave situación de dificultad de subsistencia a muchas de estas personas cuyos bienes eran el único activo económico con el que contaban para sobrevivir en el extranjero”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), recordó Yaya, ha establecido que “la pérdida de vivienda de todo su patrimonio, así como la imposibilidad de regresar a un hogar, constituye un trato inhumano”, proporcionando un marco jurídico que evidencia la gravedad de estas medidas represivas.
Renovar un pasaporte imposible en Nicaragua
Además de las resoluciones judiciales formales en contra de excarcelados políticos y voces disidentes, el régimen nicaragüense desarrolló mecanismos igualmente efectivos para despojar a las personas de su identidad jurídica.
Olga Valle, directora de la organización Urnas Abiertas, denunció la práctica sistemática de “negativa a emitir o renovar pasaportes y documentos de identidad, tanto dentro como fuera del país”.
Esta “apatridia de facto” coloca a la ciudadanía nicaragüense en una situación de desprotección equivalente a la de los apátridas formales, pero sin el reconocimiento legal que podría facilitarles el acceso a protección internacional.
“La falta de documentación coloca a las personas en una situación de desprotección equivalente a la de apátridas”, explicó Valle.
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Esta práctica se extiende incluso a menores de edad, a quienes las autoridades han negado pasaportes “concretamente para impedir que viajen al extranjero para reunirse con sus familiares”, violentando el derecho a la unidad familiar y condenando a la niñez y adolescencia a la separación forzada.
Hasta marzo de 2025, el grupo de expertos de la ONU documentó 259 casos de nicaragüenses a quienes se les prohibió el ingreso a su propio país, una práctica que los defensores califican como otra modalidad de “apatridia de facto”.
Estas personas, agregó Valle, carecen de recursos efectivos contra la decisión arbitraria del régimen, y existe un subregistro significativo debido al temor de las víctimas.
Régimen extorsiona a exiliados
La represión migratoria, según constataron las organizaciones defensoras de derechos humanos, evidencia también que el régimen extorsiona económicamente a quienes desean regresar al país.
Según testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos, funcionarios de la Dirección de Migración y Extranjería reciben órdenes de negar el ingreso a personas que tengan “publicaciones en contra del gobierno” en internet.
Quienes intentan regresar a pesar de la prohibición enfrentan un sistema de extorsión institucionalizada en el que deben pagar aproximadamente 1,000 dólares para que las autoridades “revisen su caso”, y si son autorizadas a entrar, el costo adicional oscila entre 5,000 y 60,000 dólares, según han relatado testigos.
Además del componente económico, algunas personas han sido presionadas para demostrar “supuesta buena voluntad hacia el régimen”, incluyendo participación o aportes económicos a actividades progubernamentales.
Estas prácticas, denunció Valle, constituyen “una violación directa al derecho de todo ciudadano a entrar en su propio país” y representan “una forma de violencia económica, extorsión y coacción política”.
Denuncian represión transnacional
La represión transnacional nicaragüense demuestra, según las organizaciones denunciantes, “la influencia que todavía el régimen puede tener sobre y contra la vida de las personas exiliadas”, convirtiendo el exilio político en una condena perpetua que se extiende más allá de las fronteras nacionales y alcanza dimensiones económicas, familiares y psicológicas devastadoras.
Durante la audiencia, Claudia Vargas, viuda de Roberto Samcam, a quien asesinaron el 19 de junio de 2025 en su casa en Costa Rica, denunció el caso como uno de los más graves de violencia transnacional del régimen nicaragüense.
Según Vargas, su esposo fue víctima de un crimen que “no solo arrebató una vida, sino que vulneró la soberanía de un país de refugio y puso en evidencia el alcance transnacional de la represión de Estado”.
Roberto Samcam era mayor retirado del ejército, analista político y defensor de derechos humanos que desde 2018 enfrentó “hostigamiento sistemático, amenazas directas y campaña de odio promovida desde el régimen de Nicaragua”.
Su asesinato, según Vargas, responde a una lógica de que “lo mataron por hablar, por pensar en voz alta, por denunciar, por no callar”.
La fiscalía costarricense ha reconocido que no se trata de un crimen común y ha identificado elementos que apuntan a una posible planificación, lo que exige investigar no solo a los autores materiales sino también “quienes ordenaron, financiaron y facilitaron esta ejecución”.
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