En un juicio “plagado” de irregularidades y prejuicios de género, la joven fue condenada sin derecho a la defensa y al debido proceso.
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El Estado salvadoreño condenó a 50 años de cárcel a una joven de 21 años que sufrió un parto prematuro, pese a que el juicio estuvo «plagado» de irregularidades y prejuicios de género, indica la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto (ACDA). La sentencia fue dictada el pasado 29 de junio y sería la primera vez que la pena máxima es aplicada desde la penalización absoluta del aborto en dicho país en 1998.
«El proceso estuvo lleno de irregularidades porque no nos permitieron como defensa en la etapa de instrucción, mostrar las pruebas que demostraban su inocencia. Eso es sumamente grave porque se está violando el debido proceso», señala Sara García, activista feminista e integrante de la ACDA.
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En el proceso jurídico donde se violentó el derecho a la defensa y al debido proceso de «Leslie», la joven que sufrió la emergencia obstétrica, la Fiscalía no estableció elementos suficientes que demostraran su culpabilidad; no tomó en cuenta las circunstancias que atravesaron la emergencia de salud de Lesli; y no permitió a su defensa presentar el peritaje psicológico y social, que reflejaba la violencia de género que la joven vivía dentro de su contexto familiar, según la organización.
«Impulsamos la presentación de peritajes, que son análisis de expertos y expertas para dar una mirada integral de los hechos y no una mirada sesgada, sino contextual, situada y que retome las historias de las mujeres. Pero no nos permitieron presentar ninguno de esos peritajes, donde incluso se iba a manifestar toda la violencia de género que ella ya había vivido en su propia historia», indica García.
Por el contrario, la audiencia inicial fue realizada en la ausencia de Leslie, ya que ella se encontraba hospitalizada luego de haber recibido tres transfusiones de sangre después de su emergencia de salud; y fue acusada de haber cometido «homicidio agravado» mientras cursaba su quinto mes de embarazo, pese a que no se le hizo ningún peritaje para comprobar esto.
Además, García añade que las investigaciones de la Fiscalía son pobres, sesgadas y carecen de sustento científico para comprobar la intencionalidad del aborto, ya que siguen utilizando pruebas desfasadas y sin argumentos.
«En cada proceso judicial nos encontramos a una Fiscalía que reproduce el estigma y la violencia contra las mujeres. La Fiscalía tiene un discurso punitivista, sesgado y que no está viendo los contextos de las mujeres. En este caso fue un parto prematuro no asistido en condiciones de precariedad, y la persona que tuvo ese parto perdió tanta sangre que se le tuvo que hacer tres transfusiones de sangre», expresa la activista.
Leslie, originaria de una zona rural de El Salvador y proveniente de una familia numerosa en situación de pobreza, sufrió una emergencia obstétrica el 17 de junio de 2020 en la noche. Sin saber que estaba embarazada y qué ocurría con su cuerpo, tuvo un parto prematuro en una letrina de su casa.
«Estaba oscuro y no lograba ver lo que expulsaba, se asustó y entró en pánico, todo era confuso, ya que era primeriza», relata la ACDA el testimonio de la joven. Después de eso, sus familiares y vecinos llamaron a la Policía, la llevaron al hospital y después fue llevada a la cárcel.
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A tan solo 10 días después del hecho y con una condición de salud grave, inició su juicio, al cual no pudo asistir. Desde entonces, se encuentra privada de libertad. La ACDA señala que apelarán al fallo.
El caso de Leslie refleja la violencia del Estado contra las mujeres, así como el ensañamiento contra las mujeres que tienen complicaciones obstétricas, señala García. Actualmente hay 17 de mujeres privadas de libertad en El Salvador por no haber podido llevar a término sus embarazos, y tienen condenas que se elevan hasta los 30 años de cárcel, según los registros de la organización.
Asimismo, la investigación “Del hospital a la cárcel” que estudia las consecuencias de la penalización absoluta del aborto desde 1998, refleja que al menos 181 mujeres han sido encarceladas y enjuiciadas por haber tenido emergencias obstétricas. Todas ellas cumplen con las mismas características: se trata de mujeres jóvenes, pobres, provenientes del área rural y muchas de ellas indígenas.
“Son mujeres que el Estado ya les había fallado y ahora las criminaliza por perder sus embarazos. Se espera de las mujeres conductas heroicas. No importa que se estén desangrando o que se estén muriendo por una emergencia obstétrica. El juez espera que la mujer tenga una conducta heroica y que cumpla con ese mandato de ser madre ante todo. Esto quedó claro en las palabras que el juez ocupó cuando condenó a Leslie. El juez dijo que las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida. Ese mandato de la maternidad y ese prejuicio de género da cuenta que es la base de esta persecución y de esta condena”, manifiesta García.
Desde el 2009, la ACDA ha conseguido la liberación de 65 mujeres criminalizadas por haber tenido emergencias obstétricas y condenadas por el supuesto delito de abortar. De acuerdo al acompañamiento de la organización, los juicios irregulares y los prejuicios de género se presentan siempre en todos los casos.
El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado salvadoreño por tratos crueles, inhumanos y degradantes por el encarcelamiento y la muerte de Manuela, una mujer indígena que fue condenada a 30 años por haber tenido una emergencia obstétrica y que un par años después, falleció de cáncer linfático encadenada a la camilla de un hospital.
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La Corte IDH reconoció que hay un contexto de penalización contra las mujeres que tienen complicaciones en su embarazo y que ese contexto impide que tengan acceso a sus derechos reproductivos. Además, decretó medidas de no repetición y de reparación, como la creación de protocolos para atender emergencias obstétricas y la creación de una política de secreto profesional, entre otros.
No obstante, el Estado Salvadoreño sigue criminalizando a las mujeres, pese a que la sentencia de la Corte es de obligatorio cumplimiento. El presidente del país, Nayib Bukele, también dejó claro a través de sus redes sociales que la persecución y encarcelamiento contra estas mujeres tampoco cambiará.
