Nicaragua sufre un grave deterioro de los derechos humanos y el nivel de impunidad que existe, revela que se están “cerrando los espacios en términos de libertad de expresión”, confirmó Jimena Reyes, Directora para las Américas de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).

La FIDH en conjunto con el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), presentó recientemente el informe “¡Basta ya de impunidad! Ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua, hasta cuándo”, reveló que al menos 113 de los 328 asesinatos cometidos en el contexto de la “Rebelión de Abril”, fueron ejecuciones extrajudiciales.

“La figura de ejecuciones extrajudiciales es entre lo más grave en términos de asesinatos”, manifestó Reyes.

La Directora para las Américas de la FIDH, en esta entrevista con La Lupa, explica que frente a este patrón de ejecuciones «no hay duda que estamos frente a crímenes de lesa humanidad». 

A 34 meses del estallido social en Nicaragua ¿Qué tanto deterioro hay en la situación de derechos humanos en el país?

La situación en el país es cada vez más crítica y con el nivel de impunidad que tenemos en este momento, donde las víctimas de los hechos de 2018 no han podido acceder a la justicia, a la verdad, y donde las mismas estructuras que cometieron esos crímenes siguen actuando, obviamente con estrategias diferentes si consideramos que estamos en un nivel muy alto de deterioro.

Tenemos mucha preocupación sobre la gravedad de la situación de derechos humanos y también la situación de la democracia, porque, por ejemplo, el tema de la impunidad demuestra que hay una falta de independencia y se están cerrando los espacios en términos de libertad de expresión.

Digamos que los tres fundamentos y pilares de la democracia que son una justicia independiente, libertad de expresión y elecciones libres y transparentes están en grandes dificultades.

Antes de la crisis de abril de 2018, como organismo de derechos humanos ¿Habían visto en la FIDH señales o indicios sobre el debilitamiento de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho en Nicaragua?

Sí, desde la FIDH nos habíamos pronunciado y habíamos hecho informes en diferentes momentos claves y álgidos donde veíamos una deterioración, por ejemplo, en el 2011 cuando la Corte Suprema decidió permitir la reelección, pese a la prohibición de la Constitución.

Ahí vimos un peligro de que el Gobierno de Ortega quisiera aferrarse al poder y es algo que denunciamos. En el 2016, también sacamos un informe sobre la construcción del Gran Canal y cuando documentamos esa situación en conjunto con el Cenidh, sobre la construcción del proyecto, la concesión de construcción del canal, a la vez identificamos que había a nivel regional unos focos de represión muy importantes y también una voluntad de excluir la prensa, de excluir el monitoreo internacional de esta zona donde los campesinos estaban denunciando lo que estaba ocurriendo con la concesión del canal.

A la vez, también cuestionamos en ese informe el carácter sumamente leonino del acuerdo con HKND, inclusive diciendo cómo puede ser que sea tan desfavorable al Estado, será que tal vez hay corrupción detrás de esta situación.

La Policía, según la Directora para las Américas de la FIDH, debería estar para cuidar al pueblo y no ejercer represión. Foto/La Lupa/O. Navarrete

Todas esas cosas eran como unos semáforos que se ponían en rojo de alerta, pero como el mundo entero lo vio fue con los 328 muertos (durante las protestas de 2018), eso fue un quiebre muy importante y dramático en la situación nicaragüense.

En el más reciente informe presentado en conjunto con el Cenidh concluyen que 113 de las 328 muertes por la represión fueron ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué nos dice eso sobre la violencia del régimen de Daniel Ortega?

La figura de ejecuciones extrajudiciales es entre lo más grave en términos de asesinatos, porque es el asesinato cometido por una autoridad del Estado o por un actor no estatal, con la aprobación de esa autoridad, eso muestra la gravedad de la situación.

La Policía debe proteger a la ciudadanía, (pero) que dispara sobre la juventud que, además, es quien va a construir el futuro de Nicaragua, eso dice que estamos en una situación grave y deteriorada.

¿Se puede decir que hay más ejecuciones extrajudiciales que no pudieron comprobar?

Sí, claro. Nosotros trabajamos sobre estos 113 casos en conjunto con el Cenidh, más por cuestiones, digamos, de recursos humanos no se trabajó la totalidad de los casos.

Eso en ningún momento quiere decir que los otros casos no son ejecuciones extrajudiciales, pero había que tener un universo sobre el cual trabajar y se hizo un trabajo muy detallado tomando caso por caso, las circunstancias de la muerte, los posibles perpetradores y todo eso para poder ponerlo en una base de datos e identificar lo que se llama el modus operandi, cómo ocurrieron esos hechos y en el informe se denuncia que la mayoría de los hechos ocurrieron en operativos conjuntos de actores paraestatales y de la Policía, pero también hubo hechos operativos donde actuaron solo los grupos de choques y también únicamente la Policía.

Miramos los perpetradores materiales, pero también los posibles perpetradores intelectuales denunciando todas las responsabilidades y en ningún momento eso quiere decir que los otros muertos que no analizamos no sean ejecuciones extrajudiciales.

Hay informes de organismos de derechos humanos, incluyendo la CIDH, que revelan que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Ustedes tienen la misma valoración?

Exactamente, tenemos la misma valoración y nuestra organización, la Federación Internacional de Derechos Humanos, uno de sus ejes de trabajo, es trabajar sobre crímenes de lesa humanidad y tenemos, inclusive, una oficina ante la Corte Internacional y documentamos crímenes de lesa humanidad en África, en Asia, hace poco sacamos un informe sobre México.

Era justamente para aportar a la conclusión que ya había hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde la sociedad civil con nuestra metodología y análisis confirmar y confirmamos que estamos frente a crímenes de lesa humanidad sistemáticos en el sentido que hubo una organización.

Estos operativos no es que de repente se pusieron a disparar, esto duró durante varios meses, hubo una organización, hubo una planeación, hubo órdenes y todo eso demuestra el carácter sistemático y también la amplitud de los sitios, la cantidad de gente, el carácter generalizado que son dos elementos dos elementos esenciales de la constitución de crímenes de lesa humanidad.

Uno de los otros puntos importantes es el ataque contra la población civil y cuando uno mira el perfil de las personas asesinadas, el hecho que hay 16 menores de edad, realmente no hay duda que estamos frente a crímenes de lesa humanidad que son los más graves en la jerarquía del derecho penal universal, internacional.

Diferentes organismos de derechos humanos, incluyendo la FIDH, han manifestado que en Nicaragua existe falta de voluntad del Estado para garantizar la rendición de cuentas. ¿Cuál es el camino para que las víctimas tengan acceso a la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición?

El primer camino es la justicia nacional y lamentamos haber escuchado a las víctimas que nos explican que no están atendiendo estos casos, no se está avanzando en las investigaciones y no estamos en camino de que se procesen los perpetradores materiales ni siquiera materiales, a los que dispararon en Nicaragua.

Ahí la importancia de poder calificar estos crímenes de crímenes de lesa humidad, porque en el derecho internacional se considera, justamente, que para estos crímenes específicos, de crímenes de lesa humanidad debe haber una competencia en todos los países del mundo y que puedan considerar que son competentes para juzgar estos crímenes así no se hayan cometido en ese país.  Por ejemplo en España, puede ser un país donde hay una víctima de Nicaragua, en otros casos puede ser que el perpetrador esté en el país, en otros casos no es necesario ninguna de esas condiciones.

Eso podría ser un camino para poder acceder a la justicia, además está el camino de la responsabilidad estatal de Nicaragua frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En un contexto de año electoral ¿Podría agudizarse la crisis de derechos humanos tomando en cuenta el marcado deterioro que existe?

Es una incógnita y realmente eso está en manos del Gobierno actual, de ahí también las recomendaciones que hemos emitido hacia el Gobierno.

El Gobierno actual tiene la posibilidad de hundir el país en el caos y realmente, un dirigente que vivió y que luchó contra Somoza, debería saber que hundir el país en el caos, eso siempre termina mal también para quien hunde el país en el caos.

También, hay que recordarlo, por eso las recomendaciones las dirigimos también al Gobierno actual, tiene la posibilidad de hacer una transición, de hacer unas elecciones libres y transparentes y la sociedad civil, la OEA, Naciones Unidas, han hecho una serie de recomendaciones en ese sentido.

Yo no puedo decir cómo va a ser este año electoral, pero obviamente nuestro objetivo es seguir monitoreando y desde este informe expresar nuestra preocupación por el hecho que no se han desmantelado estas estructuras paramilitares, por ejemplo.

¿Cree usted que es posible ir a elecciones cuando hay más de 100 presos políticos que continúan siendo víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes?

La solicitud de la FIDH y del Cenidh es que se liberen inmediatamente esos más de 100 presos políticos que hay en el país.

Sobre la temática de las elecciones, es importante que haya elecciones, pero estas tienen que ser libres, transparentes, tiene que haber también una reforma electoral como se le ha solicitado al Gobierno y detallado, es una condición, digamos, esencial que haya una oposición que pueda presentarse, obviamente, a las elecciones.

El regreso de los organismos de derechos humanos a Nicaragua ¿Ayudaría al país a volver al camino de la democracia?

Como decía, la democracia es independencia a la justicia, libertad de expresión y elecciones libres y transparentes.

La libertad de expresión, pues es la posibilidad para una prensa de actuar independientemente, de poder diferir con la autoridad y también para organismos, como organismos de derechos humanos a quienes se les quitó la personería jurídica, poder hacer su trabajo que es un trabajo de documentar violaciones de derechos humanos, de denunciarlas y apoyar a las víctimas.

Dentro de las recomendaciones pedimos que se les regrese la personería jurídica y se les permita actuar, porque ese es un elemento esencial del regreso a unas condiciones realmente democráticas para Nicaragua.

Las crecientes manifestaciones, como muestra del descontento popular en Nicaragua, exigían un cambio radical de Gobierno, según la experiencia de otros países, ¿cuál hubiese sido la respuesta de un Gobierno democrático, respetuoso de los derechos humanos?

Había dos respuestas posibles basadas, por ejemplo, en la historia de América Latina.

Una, efectivamente, que el Gobierno hubiera renunciado y hecho elecciones anticipadas, eso era una opción democrática escuchando el clamor, la voz de la población.

Otra opción, que también era posible era simplemente acoger estas críticas y hacer las reformas necesarias y volver a plantear las elecciones y permitir que ahí todas las posiciones se presenten.

La gran preocupación y todavía más con esta última ley del 21 de diciembre (de 2020) es que tengamos, como ya se dio en el 2016, un nivel todavía peor, unas elecciones donde no haya una posibilidad máxima de que la oposición se presente y entonces esas no son elecciones y ahí si ya entraremos en un régimen pleno de dictadura si es que se da una mascarada de elecciones, esperamos que eso no sea lo que ocurra y todavía quedan un par de meses para que el Gobierno recapacite.

¿Es la represión en Nicaragua un caso aislado junto a Cuba y Venezuela o hay muchos Gobiernos en la región que cometen abusos?

El balance en la región es desalentador, son varios los gobiernos que cometen a diario graves violaciones de derechos humanos. En particular en América Central, la situación estos últimos años preocupa la situación de Honduras, Guatemala, El Salvador, donde también tenemos una problemática de corrupción y captura de la estructura estatal para que unas élites cleptocráticas se enriquezcan.

Hay un deterioro general del Estado de Derecho y en otras zonas, como Colombia y México, tenemos además el problema del crimen organizado, y un nivel de violencia muy alto.

Pese a eso, asesinar a 328 personas por policías, por grupos de choques, en la calle, jóvenes, estudiantes, eso es un nivel de violencia, digamos, limitada temporalmente que no se ha visto en otros países estos últimos años, en todo caso por el Estado.

¿A nivel de la región centroamericana podríamos decir que en Nicaragua se han dado las peores situaciones?

A mí no me gusta mucho hacer como un top cinco, una jerarquía, porque cada país tiene sus problemáticas, etcétera. Por ejemplo, en Honduras hay asesinatos muy preocupantes, por ejemplo, en el 2016 el asesinato emblemático de Berta Cáceres, la líder ambientalista. Pero te repito, efectivamente el hecho de que policías disparen sobre manifestantes a un nivel tal, que hayan 500 personas detenciones arbitrarias, ese es una gravedad inimaginable.

Si alguien me hubiera dicho en enero de 2018 que eso iba a pasar en Nicaragua, yo no lo hubiera creído, diferente puede ser la gente que ya estaba ahí y sentía la polarización que iba incrementando, pero hay que recordar que para muchos, pese al deterioro democrático desde el 2007 que existió, de todas formas Nicaragua era como un buen ejemplo de situación de seguridad.

El Cenidh desde el 2007, ha venido diciendo esta situación paulatinamente, que hay un deterioro grave de la democracia y de los derechos humanos, son desenlaces muy triste lo que pasó en el 2018 y lo que está pasando ahora.

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La Lupa Nicaragua