Al menos tres medios de comunicación fueron víctimas de usurpación de sus cuentas de WhatsApp de manera simultánea en el mes de enero de este año, uno de ellos también sufrió hackeo en su cuenta de Twitter, expone un informe realizado por Voces del Sur.
En el mes de enero de este año se registraron 114 casos violaciones a la libertad de prensa; de estos, 101 casos fueron contra medios de comunicación y 13 casos contra personas naturales, de las cuales las mujeres representan la mayoría por primera vez, es decir, el 57 por ciento, expone
Uno de los casos más preocupantes es el de Kalúa Salazar, quien fue víctima de asedio policial durante siete veces en enero y 38 veces el año pasado.
Las violaciones se dividen en 62 casos de uso abusivo del poder estatal, 46 ataques y agresiones, 6 restricciones en internet y 1 restricción al acceso a la información. Además, tres medios de comunicación y un blog de sátira fueron víctimas de usurpación de sus cuentas de WhatsApp.
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Voces del Sur advierte que desde el 2021 las agresiones son contra las mismas personas y los mismos medios de comunicación en la mayoría de los casos, lo que ha llevado al exilio de dos personas comunicadoras este año, “como medida alternativa para salvaguardar sus vidas de la feroz represión estatal”.
Los agentes estatales fueron los principales agresores de las personas de prensa y de los medios de comunicación durante enero, sin embargo hay un creciente número de agresores no identificados, pero que tienen afinidad al partido de gobierno.
El cierre de medios de comunicación tampoco ha parado. Radio Universidad, una emisora con más de 37 años que ofrecía espacios para abordar temas sociales, fue cerrada ante la reducción presupuestaria de la Universidad Centroamericana (UCA) de parte del régimen.
“Según el relato al que tuvo acceso Voces del Sur, la mayoría de los colaboradores de la radio, se acogieron al plan (de retiro voluntario) ante el inminente despido en todas las áreas de la universidad por la falta de presupuesto y el incremento en las tarifas de servicios básicos. Sin lugar a dudas, el cierre de esta emisora representa una “estocada” más a la libertad de prensa en el país”, señala el informe.
Al menos dos periodistas han sido enjuiciados por el régimen y uno de ellos ya tiene una condena firme. Se trata del cronista deportivo, Miguel Mendoza, quien fue declarado culpable de “cometer menoscabo contra la integridad nacional” por haber realizado publicaciones en sus redes sociales sobre la crisis de derechos humanos que enfrenta el país desde 2018; y Miguel Mora, quien fue sentenciado a 13 años de cárcel por haber supuestamente cometido el mismo “delito”, tras haber hecho público sus intenciones de postularse a la presidencia para las pasadas elecciones fraudulentas.
Durante el mes de enero también dos ciudadanos nicaragüenses fueron condenados bajo la inconstitucional Ley de Ciberdelitos, mayormente conocida como Ley Mordaza. El ciudadano Donald Alvarenga, detenido arbitrariamente sin orden de captura, fue la primera persona condenada por esta ley con 12 años de cárcel; y Douglas Cerros con la misma pena.
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En ninguno de los juicios se cumplió con el Código Procesal Penal, las personas enjuiciadas carecían de garantías judiciales y las pruebas contra ellas eran publicaciones en redes sociales y testimonios de policías cuyas identidades se protegieron.
Todavía siguen pendientes los juicios contra el comentarista político, Jaime Arellano; y tres miembros de la junta directiva del diario La Prensa, Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios y Juan Lorenzo Holmann.
