La cifra de mujeres encarceladas por motivos políticos en Nicaragua aumentó a 16, luego que la Policía de la dictadura Ortega-Murillo detuvo arbitrariamente a la socióloga y activista feminista, Melba Damaris Hernández, durante la noche del pasado lunes 28 de agosto.
Hernández de 54 años, se encontraba en su casa cuando agentes policiales la llegaron a arrestar sin orden de captura y sin explicarle el motivo de su detención. Según organizaciones políticas, la socióloga fue trasladada al Sistema Penitenciario de Mujeres mayormente conocido como «La Esperanza».
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De acuerdo con el medio de comunicación Confidencial, Hernández formó parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y participó en diferentes manifestaciones cívicas en 2018 y en manifestaciones realizadas en el interior del campus de la Universidad Centroamericana (UCA), donde apoyó las protestas realizadas por feministas.
Durante su participación en las protestas antigubernamentales de 2018, Hernández asistía jóvenes manifestantes que necesitaban medicina, alimento o albergue. También ofrecía apoyo a las familias de personas presas políticas.
Debido a su apoyo y a su ejercicio del derecho a la protesta, Hernández recibió acoso y hostigamiento policial, por lo que incluso tuvo que cambiarse de casa para evitar la persecución. Sin embargo, el acoso y las amenazas de detención nunca pararon.
Según fuentes consultadas por La Lupa, Hernández tenía comunicación con las tres jóvenes recientemente detenidas desde el 19 de agosto, ya que se conocían por espacios políticos y y feministas en común.
“La Damaris sube montañas y volcanes con seguridad, te acompaña en las subidas y las bajas. La queremos libre como las nubes”, expresan activistas feministas en sus redes sociales.
Hasta ahora su familia no ha podido comunicarse con ella y no han recibido una comunicación oficial sobre los motivos de la detención de Hernández. Organizaciones de derechos humanos demandan su liberación inmediata y el respeto a todas las garantías judiciales.
La detención de Hernández ocurre a menos de dos semanas de la detención de cuatro personas universitarias entre ellas: Adela Espinoza Tercero de 27 años, egresada de la carrera de Comunicación de la UCA; Gabriela Morales López de 31 años, trabajadora social egresada de la confiscada Universidad Católica Juan Pablo II; Joseling Mayela Campos Silva, estudiante de la Universidad de Ingeniería y su pareja Josseth Miranda.
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Todas ellas también fueron trasladados a La Esperanza, a excepción de Miranda que fue trasladado al Sistema Penitenciario Nacional La Modelo. Sin embargo, ninguno ha sido acusado de ningún delito oficialmente y no han permitido que tengan contacto con sus familiares.
La familia de Espinoza también denuncia acoso, hostigamiento, allanamiento y confiscación de equipos electrónicos que fueron ejecutados después de la detención de Adela el pasado 19 de agosto.
Las detenciones ocurren en medio de un contexto de ataques a la Compañía de Jesús, luego que el régimen Ortega-Murillo confiscara la UCA y la acusara de ser un “centro de terrorismo”, reemplazara la institución por la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro administrada por el Estado, y cancelara la personería jurídica de la orden jesuita, así como la confiscación de todos sus bienes.
