La pandemia del COVID-19 ha socavado el Estado de Derecho en varios países de la región, incluyendo Nicaragua donde se ha agudizado la persecución contra periodistas independientes, coincidieron panelistas que participaron en el último ciclo de conferencias promovido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La periodista mexicana, Carmen Aristegui, explicó que en el contexto de la pandemia ciertos gobiernos, como el de El Salvador, han desarrollado “conductas autoritarias” y otros, como en el de Nicaragua, que ha “agudizado” la persecución contra los periodistas.

En este ciclo de conferencias de la Corte IDH, Aristegui expuso sobre el “Ejercicio del periodismo en América Latina: Estado de Derecho y pandemia’’.

En Nicaragua, los periodistas atraviesan una situación similar muy “delicada” que vienen arrastrando desde la “Rebelión de Abril” y que en el contexto de la pandemia las actuaciones del régimen han “agudizado la situación”, agregó Aristegui.

“A lo largo de estos últimos años han sido encarcelados, redacciones de medios como Confidencial, del periodista Carlos Fernando Chamorro, que han sido tomadas por un régimen que se comporta de manera autoritaria”, mencionó.

En la mezcla de situaciones preexistentes, como la vivida en abril de 2018 con la actual crisis sanitaria, estas situaciones difícilmente se pueden resolver, afirmó la periodista ganadora del Premio Iberoamericano de Periodismo.

“No solo no se resuelven, sino que se agravan y se agudizan (…) Estamos en la mezcla de situaciones conocidas previamente, agudizadas por un contexto extraordinario, estamos viviendo situaciones previas como la violencia en contra de periodistas”, dijo.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro alertó recientemente sobre una nueva oleada de actos represivos “constantes, violentos y selectivos” en contra de los periodistas que informan acerca del avance de la pandemia en el país.

Un informe de la Fundación, de abril a junio, revela que en este periodo se registraron 52 casos de violaciones a la libertad de prensa.

Mientras que la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) contabilizó 351 delitos de 66 denuncias interpuestas por periodistas entre el 1 de marzo y el 15 de julio.

En el caso de El Salvador, los periodistas también viven “persecución”, por parte de las autoridades de gobierno, que en el marco de la pandemia “utilizan recursos de hostigamiento, de amenazas, de persecución, con herramientas judiciales, con acoso judicial de otra naturaleza, además de daño moral”, dijo Aristegui.

En este contexto, la única función de los periodistas es informar de forma objetiva a la población sobre el avance de la pandemia, apuntó.

Crisis difícil de domar

El jurista Roberto Saba, profesor de Derechos Humanos y de Derecho Constitucional de las Universidades de Buenos Aires y de Palermo, insistió que la pandemia es un problema que no puede ser “ignorado”.

“Ahí está el tema de los negacionistas que pierden frente al drama que atormenta a millones de personas es el caso del presidente de Brasil, del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega o de Donald Trump que adoptaron posturas negacionistas extremas, dijo Saba.

Según Saba, estos líderes prefieren ser vistos como “súperpoderosos y omnipotentes” que creen que ignorar el problema les permitirá evitar los costos.

El jurista argentino señala que la pandemia necesita de líderes en la región capaces de resolver problemas, pues la pandemia cambia el escenario semanalmente, afirmó Saba.

“Diferentes gobiernos y sociedades en todo el mundo enfrentan un problema similar y en un mismo momento (…) Los líderes que negaron la crisis suscitada por la pandemia y que persisten en hacerlo, que su arrogancia y omnipotencia han rehuido a la negociación de un acuerdo, que evitan reconocer errores, que ocultan información están perdiendo apoyo popular”, mencionó.

En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan minimizando la pandemia que a la fecha ha dejado 116 personas fallecidas, según datos oficiales.

Saba agregó que hay gobiernos que han aprovechado la situación para trastocar elementos básicos del sistema político que atentan contra cualquier democracia tomando medidas de “suspender elecciones, silenciar opositores, periodistas, prohibir el derecho de reunión”, etcétera.

“Esto es sumamente preocupante, pues está afectando a varios países de la región, al preocupante caso de El Salvador, se suman los casos que ya conocemos de Nicaragua, Venezuela y podemos citar Haití o Bolivia”, señaló Saba.

El juez Ricardo Pérez Manrique de la Corte IDH manifestó que los «riesgos del autoritarismo, desvío de poder y el avance de políticas de restricción de las libertades y de los derechos humanos, a pretexto de la pandemia» preocupan a esta Corte.

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