En los últimos cinco años 361 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres, sin embargo el régimen orteguista invisibiliza estos femicidios.
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La vida de Maryluz Arceda Guido acabó el 7 de enero de 2024. Tenía apenas 39 años. Su expareja, Luis Sánchez Parrilla la asesinó a machetazos en la comarca Yasica Sur, San Ramón, Matagalpa.
Yolanda Isabel Rugama, de 24 años, también fue asesinada con un machete. El principal sospechoso es su pareja, Engel Francisco Pérez. El crimen ocurrió en Bocana de Paiwas, en el Caribe Sur nicaragüense el 1 de mayo de 2024.
Los nombres de las mujeres son parte de una lista nefasta de 76 víctimas de femicidio contabilizada hasta el 24 de noviembre por el Observatorio Voces contra la Violencia de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
Arceda dejó a seis hijos en orfandad y Rugama a dos menores, quienes supuestamente presenciaron el femicidio, según relataron medios de comunicación locales.
De las vidas de estas mujeres apenas se conoce lo básico: sus nombres y dónde ocurrieron sus asesinatos. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Qué ha pasado con sus familias tras sus femicidios? ¿Han recibido atención gubernamental? Todas son preguntas sin responder porque en Nicaragua todos temen hablar, aunque nadie lo admite.
El Estado policial impuesto por el régimen orteguista desde el estallido social en 2018 ha invadido todos los espacios sociales y denunciar es un total reto, reconocen defensoras de mujeres que accedieron hablar con La Lupa bajo estricto anonimato.
El silencio generalizado y la impunidad sobre la violencia machista son dos de los efectos más palpables debido a la profundización de la crisis sociopolítica que inició hace seis años.
Las protestas cívicas en el país fueron silenciadas a sangre y fuego por la Policía y grupos paramilitares bajo la orden de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Un total de 355 nicaragüenses fueron asesinados y sus crímenes siguen impunes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La dictadura no contento con la matanza se dedicó, año tras año, a instalar un estado de terror, que castiga cualquier voz disidente que pueda significar un riesgo político; sin importar sexo, religión o militancia. La cárcel es el castigo.
Siguió con el desmantelamiento de organizaciones civiles. Entre abril de 2018 a agosto de 2024 se estima que más 5000 fueron disueltas, centenares de estas atendían a mujeres en situaciones de riesgo o tenían incluidos programas específicos que abordaban la violencia.
“Todo se ha vuelto más complejo”, dice “Catalina”, defensora de derechos de la mujer.
“Vos no podés documentar ahora fácilmente lo que está pasando, ni en el área rural, ni en la parte urbana porque eso te puede traer una complicación mucho más grave de lo que realmente estás viviendo. Podés caer presa”, advierte.
La situación real de la violencia machista en Nicaragua, específicamente, los femicidios está “oculta”, dice. “No hay estadísticas en las páginas oficiales” y las mujeres temen denunciar a los agresores, asegura “Catalina”.
Este miedo es doble, asegura la defensora. Las víctimas no sólo entran en pánico por la posible reacción del agresor al enterarse sobre la denuncia. A la vez, se exponen a ser criminalizadas por el Estado y terminar en prisión.
Las mujeres enfrentan una violencia doble: machista y la de un Estado violador, apuntan las defensoras.
“Lola” tiene años trabajando en la defensa de los derechos de las mujeres y por eso afirma con seguridad que la organización y el activismo social están en su peor momento en Nicaragua.
“No hay movilización social. Las mujeres no pueden denunciar masivamente como antes se hacía en las calles, que se confrontaba al Estado. Todo eso se perdió… la demanda en los medios de comunicación, las conferencias de prensa que antes hacíamos, toda esta parte pública de denuncia ya no existe y en las comunidades también. Antes hacíamos asambleas, reuniones en los territorios y ahora no se hacen”, relata apesarada.
Que sus nombres no puedan citarse en este reportaje es otro ejemplo del terror instaurado. La opinión crítica también es castigada con prisión.
Las protestas en Nicaragua están prohibidas desde 2018 y quien atente contra esta disposición del régimen orteguista se arriesga a ser encarcelado y juzgado por un Poder Judicial subyugado a Daniel Ortega.
De los 76 femicidios registrados en lo que va de 2024 por CDD, al menos ocho de los femicidas fueron sentenciados con cadena perpetua. 12 están en procesos judiciales, ocho en estado de denuncia, y sobre los otros 44 agresores se desconocen su situación jurídica. Se estima que más de diez están prófugos de la justicia. Dar seguimiento a cada caso es cada vez más difícil por el oscurantismo de los datos y el bloqueo del sistema judicial.
En 2022 ocurrieron 68 femicidios según registros de CDD. De esos, 20 agresores fueron sentenciados, once estaban en procesos judiciales, cinco bajo investigación y 21 seguían en impunidad.
El problema dice “Catalina” es que antes de 2018, aunque la relación sociedad civil y Estado no era perfecta, existían mecanismos de coordinación para atender la violencia. Las defensoras podían ingresar a las comisarías policiales y brindar acompañamiento a las víctimas, visibilizar los hechos y denunciar las anomalías durante toda la ruta de atención establecida en la Ley 779, Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres.
El régimen orteguista cuenta con 372 Comisarías de la Mujer hasta este noviembre, según una nota de prensa de la Policía de Nicaragua. Sin embargo, estas oficinas no tienen personal especializado en atención a víctimas de violencia y se enfocan en ofrecer la mediación como solución ante la violencia machista, según múltiples denuncias por parte de feministas y defensoras. “Estás negociando la vida de las mujeres” reclama “Catalina”.
“Nos quedamos sin organizaciones, las mujeres se quedaron sin el apoyo de las organizaciones, se quedaron sin protección, los albergues desaparecieron, se quedaron sin acompañamiento de las defensoras”, lamenta la feminista.
La realidad es que “nunca les han creído la historia de violencia de las mujeres y menos ahora, no hay credibilidad en las voces de la mujer y menos en las niñas”, continúa.
“Un Estado deshecho no tiene la mínima posibilidad de que sus instituciones tengan la autonomía suficiente y la separación para tomar decisiones- a favor de la protección de la vida de las mujeres-. Es un camino bastante fuerte para la impunidad”, señala “Catalina”.
Según los registros de este año de CDD, el mes con más femicidios fue mayo, con 14 casos, seguido de marzo con 13 y abril con 8 femicidios. Managua registró 14 casos, el Caribe Norte 13 casos y 10 ocurrieron en Costa Rica.
La socióloga y feminista María Teresa Blandón aseguró que la crisis sociopolítica profundizó y aceleró el desmontaje de la institucionalidad e instaló un territorio de impunidad. “Nicaragua es un territorio de impunidad en todos los sentidos”, expresó. Asimismo, el Estado aprovechó la coyuntura para incumplir los acuerdos internacionales en aras de proteger la vida de las mujeres.
Entre 2020 y 2021, la Policía orteguista registró apenas 37 femicidios, los cuales fueron resueltos en su totalidad, señala el anuario estadístico de 2021, el último documento público en los últimos cuatro años. Se desconocen las cifras de femicidios en 2022, 2023 y el presente año, pero la política de la dictadura es la de invisibilizar los datos que evidencian su falta de políticas públicas.
Los datos de la Policía del régimen, señalada de cometer crímenes de lesa humanidad, por investigaciones de expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, apenas representan el 30.99% (22) de los 71 casos contabilizados por CDD en 2020. Y en 2021 la cantidad es inferior.
La Policía tipificó como femicidio 15 casos, el 20.83% de los 72 femicidios correspondientes a 2021, según cifras de Católicas.
Las defensoras desde siempre han denunciado que la Policía invisibiliza la realidad de los femicidios tipificando los casos por otros delitos. De tal forma, que las cifras oficiales siempre estarán por debajo del registro de la sociedad civil.
Blandón asegura que Nicaragua es un “Estado que está ocultando información, que está mintiendo abiertamente, de tal manera, que no podemos confiar en los datos oficiales”, sostuvo.
En los últimos cinco años 361 mujeres fueron asesinadas, según el conteo de CDD. Sin embargo, estos datos no existen en las estadísticas oficiales de la Policía.
Tampoco son visibilizados los más de 70 casos de femicidios en grado de frustración que CDD mantiene en sus registros hasta octubre de 2024.
“Ningún hecho de violencia es castigado actualmente como se merece y como lo dice la ley. Y yo, a eso le agrego la política clientelista de este Gobierno sacando a los presos comunes…”, cuestionó “Catalina”.
Más de 35 000 reos comunes han sido liberados desde 2018 a la fecha según registros de medios de comunicación y notas de prensa del Sistema Penitenciario Nacional.
Feministas y defensoras han denunciado el riesgo al que se exponen las mujeres porque decenas de excarcelados fueron condenados por violencia machista, y sin conocerse si cumplieron su condena fueron dejados en libertad.
“Lola” asegura que “las mujeres están en indefensión”. La mediación avalada en la Ley 779, la falta de tejido organizacional, el miedo a denunciar, la migración son factores que dificultan aún más los cambios estructurales que requiere el país para detener la violencia machista, explica.
“No debería de haber ningún femicidio, ninguna mujer debería ser asesinada por ser mujer. Hay una situación de emergencia terrible, de violencia contra las mujeres y que necesita ser atendida por todo el Estad”, expresa.
Mientras tanto el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intentan disfrazar el incremento de la violencia machista impulsando falsas estrategias de prevención, enfocadas en cartillas, visitas y reuniones en barrios por parte de la Policía con mujeres. Ninguna de estas acciones funcionan mientras no hayan cambios estructurales, señala “Lola”.
Más mujeres se van ante la desprotección estatal en una Nicaragua sin ley. Huyen dicen las defensoras. De los 76 femicidios registrados en los once meses de 2024, 19 ocurrieron en el extranjero, según el informe brindado por CDD este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Diez casos ocurrieron en Costa Rica, siete en Estados Unidos, uno en Panamá y uno en El Salvador. “La mayoría de estas no han logrado alcanzar justicia ante la falta de voluntad de las autoridades extranjeras por el hecho de ser migrantes”, señala CDD.
Tania Irías, coordinadora del Movimiento de Mujeres Migrantes en Mérida, España, señala que los efectos de la crisis sociopolítica nicaragüense se observan en el miedo que tienen las mujeres migrantes nicaragüenses en volver a su país, pero a la vez, sobre la seguridad de sus familias.
“Migrar se ha convertido en un terror no solo por las dificultades en el país destino, también por el miedo a la represión estatal que está ejerciendo la dictadura con la amenaza a las familias, la amenaza de la expropiación y de imponer acusaciones de «traidoras a la patria».
Muchas mujeres, incluso, frente a situaciones de múltiples amenazas de autoridades nicaragüenses se rehúsan a solicitar asilo, porque piensan que las autoridades nicaragüenses se enterarán y será peor”, expresó la defensora.
