En el 71 aniversario del Día Internacional de los Derechos Humanos, las principales organizaciones defensoras de derechos, radicadas en Nicaragua y en Costa Rica, coinciden en la «grave situación» de impunidad que se vive en Nicaragua ante la violación de los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Asesinato, torturas, violencia sexual, secuestros, persecusión, amenazas son algunas de las denuncias que organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y el Colectivo Nicaragua Nunca Más han documentado sus denuncias frente a un sistema de justicia politizado que no ha procesado ni abierto causa por estos delitos.

Marcos Carmona, director de la CPDH, expresa que el 2019 ha sido «un año difícil», y aunque las denuncias disminuyeron, no se debe a un restablecimiento de las libertades políticas de la ciudadanía sino al asedio constante que las oficinas de este organismo defensor de los derechos humanos es víctima por parte de la policía orteguista y paramilitares.

En su informe sobre la situación de los derechos humanos, la CPDH registra 2,529 denuncias. Las amenazas y el asedio (610), el abuso de autoridad (212), y el abuso de poder (108) son las principales violaciones denunciadas, en las que además, el perpetrador es una autoridad estatal. También registra 15 personas desaparecidas; 16 casos de asesinatos selectivos. CPDH ha representado a 207 presos políticos durante 2019 de los cuales 16 aun estan en las celdas orteguista.

El defensor de derechos humanos admite que «en el país no habrá justicia mientras continúe el régimen de Daniel Ortega en el poder» y sopesa sus esperanzas en que, a futuro, Nicaragua «volverá a los senderos del Estado de Derechos y se hará justicia por todos estos crímenes, torturas y violaciones» a los Derechos Humanos.

TORTURA E IMPUNIDAD

El Colectivo Nicaragua Nunca Más, conmemoró la fecha con la presentación de un informe denominado «Volviendo a ser humano», en el que se copila testimonios de 56 excarceladps políticos que ponen en evidencia la impunidad de los delitos de tortura de los que fueron víctimas, pero que hasta hoy, al igual que los 328 asesinatos cometidos en el contexto de la crisis, no han sido procesados por el sistema judicial nicaragüense.

El organismo defensor de los derechos humanos mantiene una alerta sobre las «torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes» como método de obtención de información aplicado por paramilitares y policías del régimen de Daniel Ortega en contra de aquellos ciudadanos que fueron privados de su libertad.

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Los testimonios recabados demuestran que «el Estado de Nicaragua es responsable de la conducción de una política de represión, persecución, criminalización y discriminación, ejecutada a través de los distintas instituciones y funcionarios».

El Colectivo Nicaragua Nunca Más critica que, pese a que las víctimas han identificado a varios de sus agresores, los operadores de la administración de justicia: Policía, Fiscalía, Instituto de Medicina Legal, Defensoría Pública, Centros Penitenciarios, Poder Judicial ante su falta de independencia y autonomía «impidieron que se controlaran los delitos y abusos excesivos de poder cometidos por el mismo Estado».

PEORES MOMENTOS DE LA HISTORIA

Mientras Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, y defensora con más de 30 años de experiencia, valora que nos encontramos «en los peores momentos de la historia de los derechos humanos en Nicaragua por la rapidez, por la perversidad, por la forma en que se ha desarrollado y las secuelas que esto va a tener».

Núñez participó en un plantón reivindicativo junto a activistas, feministas y familiares de las víctimas de la represión, en el que reiteraron las demandas de verdad, justicia, reparación y no repetición frente a un cerco policial que impidió ejercer su derecho a la protesta en las calles de Managua.

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Núñez es testimonio vivo de estas violaciones. En diciembre de 2019, el Cenidh fue una de las nueve organizaciones de la sociedad civil a las que el régimen orteguista les arrebató su personería jurídica. Sin embargo, Núñez aun sin oficina sin personal ni legalidad jurídica ha permanecido al lado de las familias de los más de 300 asesinados y presos políticos.

Y a pesar de la violencia policial y parapolicial que amenaza de forma latente cualquier expresión de protesta y ejercicio ciudadano, Núñez afirma que sigue «en resistencia» porque hasta ahora «no nos han podido callar».

*Foto: Tomada de internet.

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La Lupa Nicaragua