El organismo internacional Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés) incluyó la situación del país en su Informe Mundial 2020, destacando que en Nicaragua «persisten restricciones severas contra la libertad de expresión y asociación».

Además resaltaron que también persiste la discriminación política contra funcionarios de la administración pública que apoyan a la oposición y la aprobación de rigurosas leyes sobre aborto que dejan sin opciones a las víctimas de violación sexual.

Seis puntos claves

El capítulo sobre Nicaragua, incluído en el Informe Mundial 2020 de Human Rights, se abordan seis puntos claves sobre el desarrollo que ha tenido la crisis sociopolítica que persiste en el país desde abril 2018.

En el primero de los puntos se resalta el saldo que ha dejado la represión gubernamental, desde abril 2018. Según las cifras de Human Rights, son más de 300 muertos, más de 2,000 heridos y cientos de personas arbitrariamente detenidas y procesadas en estos últimos 18 meses de crisis sociopolítica.
Asimismo, señala la criminalización de la disidencia y la persecución penal a la que han sido sometidos los disidentes de la dictadura Ortega-Murillo.

«Cientos de manifestantes fueron interceptados y detenidos en forma arbitraria, muchos de ellos por varios meses. (…) Muchas de estas personas fueron sometidas a torturas y otros maltratos, como descargas eléctricas, violentas golpizas, extracción de uñas, asfixia y violación sexual. (…) Estuvieron en condiciones de incomunicación, fueron sometidos a audiencias a puertas cerradas y se les ha negado el derecho a reunirse con sus abogados defensores en forma privada», detalla el informe de HRW.

El organismo de derechos humanos también resaltó el problema de la aplicación de la polémica Ley de Amnistía y las excarcelaciones de presos políticos, que luego son perseguidos o denunciados por «delitos comunes».

De igual manera, apuntan la situación de los defensores de derechos humanos nicaragüenses que «siguen siendo blanco creciente de amenazas de muerte, intimidación, campañas de difamación en línea, hostigamiento, vigilancia, agresiones y persecución judicial», resaltando el caso de las oganizaciones no gubernamentales a las que el régimen orteguista les retiró la personalidad jurídica entre noviembre y diciembre de 2018.

Los ataques a la libertad de expresión, la discriminación política y la ola de migración desatada por la represión gubernamental también fueron objeto de denuncia en el informe de HRW.

El informe señala que las restricciones a la libertad de expresión a periodistas y medios de comunicación «a través de amenazas, insultos, agresiones físicas, detenciones, requisas arbitrarias de documentos y cierres forzosos».

En cuanto a discriminación política, en el informe, se expone que docenas de docentes y médicos fueron despedidos, presuntamente, como una represalia por haber participado en las protestas o por haber curado a quienes resultaban herido en las manifestaciones.

Además, resaltan el éxodo que ha representado la migración de los nicaragüenses revelando que unos 88 mil nicas han tenido que huir del país, apoyándose en el dato más reciente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)

Lea el informe completo de HRW aquí

Foto principal: El Nuevo Diario.

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