A «Manuel», un profesor de una escuela pública y fiscal de las una de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), desde febrero de este año le dijeron que debía prepararse para “unas elecciones duras”, no solo porque el ojo internacional iba a estar encima del país, sino porque también sabían que la población no iba a votar y debían hacer todo lo posible para que la gente fuera a las urnas. Pero no lo consiguieron.
Este joven menor de 30 años que desde hace dos años y medio es profesor de una escuela pública, en 2018 se involucró en las manifestaciones sociales, participó activamente en las protestas de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde él es estudiante y en las protestas de la Universidad Politécnica de Nicaragua, donde resultó herido con una bala de goma en las costillas.
Según él “la gente del partido sabe que no tienen su apoyo”, aunque trabaje para el Estado. Ante el desempleo y la oportunidad de ganar ingresos al ser maestro, aceptó dar clases en el Inatec los fines de semana con un aval político conseguido “por debajera”, ya que sus padres pertenecen al partido y no se lo querían dar.
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A inicios de este año lo hicieron formar parte de las Unidades de Victoria Electoral (UVE), que son organismos electorales del FSLN, cuyo objetivo es realizar campañas afines al sandinismo. Aunque él no deseaba estar ahí, obligatoriamente tenía que pertenecer junto con el resto del personal docente del instituto.
Desde entonces los coordinadores de la UVE “tenían el presagio” de que la gente se iba a abstener de votar, así que les decían a las maestras y a los maestros que “desde sus barricadas de libros” debían hacer una constante campaña política frente al estudiantado, recordándoles que la educación técnica es gratuita «gracias al buen Gobierno».
“Es decir, debíamos estar catequizando a los alumnos con eso. Y el supervisor llegaba unas dos veces al mes a estar recordando que todo esto es gratis”, expresa «Manuel», quien tiene estudiantes que iban a participar en los comicios por primera vez.
«Manuel» no participaba en las reuniones mensuales de la UVE, ya que eran en domingo y le tocaba dar clases, pero no se salvó que lo nombraran fiscal de una de las JRV de su barrio. Si bien le preguntaron si estaba de acuerdo con esa decisión, él indica que era una pregunta engañosa a la que todo mundo sabe que debe responder que sí.
Relata que otro de los profesores se negó a participar, argumentando que su tarea era únicamente dar clases. Los dirigentes de la UVE le dijeron que no había ningún problema, pero meses después se le notificó que no le van a renovar el contrato el próximo año porque supuestamente no tenía una buena retención de alumnos.
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“Su matrícula inicial era de 45 alumnos, ahora le quedaron 3 nada más y se agarraron de eso. Su retención fue fatal. No sé si fue por eso que prescindieron de sus servicios, pero para él se le juntó todo”, indica «Manuel».
Al ser nombrado fiscal debía participar en capacitaciones brindadas por el Consejo Supremo Electoral (CSE), pero de estas solo participó en tres ocasiones, dado que sus padres no querían que se involucrara mucho en el partido. Primero por su participación en las manifestaciones de 2018 y segundo porque “sus padres están conscientes que el partido lo está haciendo mal”, así que su papá firmaba la hoja de participación por él.
En las escasas veces a las que fue a las capacitaciones, le orientaron contar como voto válido cualquier manchón que estuviera dentro de la casilla del partido, sin importar que no estuviera dentro del círculo que se debe marcar, pues así lo disponía el Manual para el proceso de votación del CSE.
“En el caso que la marca «X» o cualquier otro signo o texto se encuentre fuera del círculo, pero en el espacio de la casilla respectiva y demuestre claramente la voluntad de la o el elector, el voto se consigna como válido”, establece el Manual en la definición de voto válido o nulo.
“Así que si le ponías cachitos, cuernitos o cualquier cosa en la cara a Daniel, lo contábamos como válido. Cuando estábamos contando los votos hubo una boleta que en todas las casillas del Frente decía «asesino», «tu madre», «libertad para Nicaragua», eso lo contamos como voto válido porque supuestamente expresa su voluntad”, expresa Manuel.
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Aunque el mismo manual establece que se debe calificar como voto nulo aquella boleta en la que no se puede determinar la voluntad de la persona electora.
El día de la realización de los comicios más polémicos y criticados a nivel internacional, la poca participación ciudadana era palpable en las calles, a pesar que los medios oficialistas aseguraban bastante afluencia de votantes.
De las 4 millones 478 mil 334 de personas registradas en el padrón electoral, el CSE anunció en los resultados provisionales que hubo una participación ciudadana del 61.62% de esta población, es decir 2 millones 759 mil 743 votantes. Contrario a lo que reportó el observatorio nacional independiente Urnas Abiertas, quienes establecieron una abstención electoral del 81,5%, es decir, más de 3.6 millones de personas hábiles para votar que no lo hicieron.
Por su parte, «Manuel» puede asegurar que de las 385 personas registradas en el padrón de su JRV, solo 162 llegaron. De estos, 12 boletas las calificaron como nulas, ya que contenían mensajes contra el Gobierno en la que exigían la liberación de las más de 150 personas presas políticas, insultaban a Ortega o dibujaban obscenidades, pero siempre y cuando estuvieran plasmadas solamente en la casilla del FSLN se iba a contar como voto válido.
De los escasos 150 votos válidos, 17 no votaron por ningún presidente, pero sí votaron para los diputados nacionales, departamentales y el PARLACEN. Así que finalmente solo hubo 91 votos para Daniel Ortega.
Manuel asegura que solo 5 personas menores de 35 años llegaron a votar, y que todo ocurrió con completa tranquilidad durante la jornada en su JRV. Aunque el cuarto resumen del Monitoreo Azul y Blanco sobre las elecciones reportó 121 incidentes relacionados a violaciones de los derechos humanos entre el viernes 5 y lunes 9 de noviembre, entre las que se encuentran 43 casos de hostigamiento policial, 35 detenciones arbitrarias contra personas opositoras, 9 allanamientos ilegales, 18 amenazas, 7 agresiones físicas y 36 casos de control territorial por parte de paramilitares.
Actualmente países de la región como Costa Rica, Panamá, Colombia Ecuador, Chile, Uruguay y Estados Unidos no reconocerán los resultados de las elecciones presidenciales, así como la Unión Europea, ya que las califican como ilegítimas y antidemocráticas, asimismo, exigen la liberación de las más de 150 personas presas políticas, las cuales están aumentando en una ola de persecusión según organizaciones civiles.
*Manuel es un nombre ficticio para proteger la identidad de nuestra fuente, ya que teme por su seguridad.
