Femicidio: La deuda del Estado con las mujeres

«Te voy a buscar y matarte, y así vengarme de todo lo que me has hecho», le habría anunciado vía telefónica Yerol Álvarez Rojas, de 29 años, a Seylit Parrales Selva, de 26 años, días antes de invadir su casa, en el barrio El Recreo, con la intención de darle muerte.

En el audio, que circula en redes sociales, y que la víctima presentó como prueba ante la Policía Orteguista en una búsqueda en vano de protección, se escucha cuando ella reitera que la relación ha finalizado: «vos sabes que yo no quiero nada con vos». Mientras él agresor se queda en silencio, resopla y dicta sentencia: voy ensartarte un cuchillo en la garganta.

Un año había pasado, desde que Seylit, tomó la decisión de separarse de ese hombre que «siempre llegaba agresivo», según cuenta María Parrales Selva, de 34 años, hermana mayor de Seylit, quien dice que «ni siquiera saludaba cuando llegaba a casa».

La familia de Seylit cuenta que las agresiones eran constante. Diferentes episodios se registraron en casa, pero también en el Mercado Oriental e incluso cuando ella amamantaba a la niña porque Yerol siempre «se quejaba que ella le daba más atención a la bebé que a él».

No se aplicaron medidas cautelares

Católicas por el derecho a decidir contabilizan, hasta la fecha, 44 femicidios en los que el 70% de las mujeres habría acudido a la Policía Orteguista en busca de protección. Tal como lo hizo Seylit, sin lograr auxilio por no mostrar signos visibles de violencia en su cuerpo.

«La mayoría de las mujeres han puesto denuncias, y eso que con esta situación que esta viviendo el país no hay ninguna confianza ante las autoridades, y se demuestra en que las mujeres ponen denuncias y tiene pruebas como el audio que tiene la joven que fue un femicidio frustrado y las autoridades no tienen compromiso con la vida de las mujeres», dice Martha Flores de Católicas por el derecho a decidir.

El artículo 24 de la Ley 779 – Ley integral de violencia contra las mujeres – establece once medidas precautelares y 13 cautelares de «naturaleza preventiva para proteger a la víctima». Sin embargo, ninguna fue aplicada en el caso de Seylit a pesar de la amenaza explicita de muerte.

Tampoco la atendió personal especializado en violencia de género tal como lo establece la Ley 779. Y es que las Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia son una institución en extinción desde 2014 cuando comenzaron a desaparecer por órdenes Estatales, por lo que los casos de abusos y violencia de género son abordados como delitos comunes expuesto a constantes mediaciones.

«Cuando las mujeres dicen que ya no regresan con su pareja es porque ya le han dado cien mil oportunidades. Esas oportunidades son mediaciones. Van cansadas a la policía que va utilizar la mediación que es firmar la muerte por eso no hay ninguna confianza de las mujeres a que vayan a pedir protección a  unas autoridades», expresa Flores.

Sistema no responde ante la violencia

La Ley 779 define una serie de acciones en torno a la prevención por parte del Estado en el que deberían involucrarse instituciones como la Comisaría de la Mujer y la Niñez, Ministerio Público, Defensoría Pública, Instituto de Medicina Legal, Poder Judicial, Procuraduría Especial de la Mujer, Procuraduría Especial de la Niñez, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, Ministerio de la Mujer, Sistema Penitenciario Nacional y autoridades comunales, pero en la práctica no se coordinan acciones que requieran la protección de las mujeres afectadas por violencia.

«El Estado estaba mandado a crear las Comisarías de la Mujer, que ya sabemos que a pesar que recibieron un montón de dinero, estas desaparecieron y nos hemos quedado nada más poniendo denuncia. Las mujeres no pueden ni llegar a la policía porque se burlan de ellas, las revictimizan, no le reciben la denuncia y las culpabilizan, y entonces nos hemos quedado solo haciendo denuncias», dice Mirna Blandón del Movimiento Feminista Nicaragüense.

Blandón recalca que el Estado esta además obligado a realizar campañas de prevención, aunque el enfoque por «ser familista» no «cumplió con la demanda de las mujeres pues respondían a una mirada conservadora y ligada a una línea partidaria que manipuló la vida y cultura religiosa de la población».

«Todo lo que ha hecho este Estado ha sido contrario a lo que las mujeres demandan y necesitan. Una casita rosada, una campaña conversadora moralista, una política educativa biologisista y familista. El Estado no ha cumplido con su obligación», asegura.

Blandón también cuestiona el papel de la Iglesia y los medios de comunicación, pues señala que en lugar de «prevenir la violencia la perpetúan al no contrastar la realidad», pero además reproducir un discurso en que la mujer debe «resignarse y ser sacrificada por los designios de Dios».

¿Es prevenible el femicidio?

El femicidio es la expresión más brutal de la violencia contra las mujeres, es el último eslabón de una cadena de violencia que se intensifica con el tiempo, en espacios privados y públicos, en el cual presenta síntomas que permiten prevenirlo.

«Sigue siendo una deuda del gobierno y del Estado de nicaragua garantizar la vida de las mujeres. No tenemos que esperar a condenar un femicidio sino trabajar en prevenir cualquier hecho de violencia que te puede llevar a un femicidio», dice Fátima Millón del centro de mujeres ISNIN, quien además ve con buenos ojos que diversas empresas comerciales se unan a la campaña #NiUnaMenos.