Femicida de Diaceny condenado a 22 años de prisión
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Yahir Josué Gómez Mercado cumplirá 22 años en prisión por el asesinato de Diaceny María Mercado García, un crimen ocurrido en julio de 2025 en San Marcos, Carazo, que hoy se reconoce como parte de la violencia machista que sigue cobrando vidas en Nicaragua.
El fallo judicial determinó que el acusado es responsable por el delito de asesinato agravado, tras atacar a su propia tía con un arma blanca y provocarle una herida, debido a que «le lanzó dos estocadas con dirección al cuello logrando impactar una de ellas”. Además, también fue condenado por las lesiones causadas a un adolescente que intentó defenderla.
El caso de Diaceny es uno de los 54 femicidios ocurridos en 2025 en Nicaragua y registrados por el equipo de ContraData, el verificador de violencia machista de La Lupa Feminista y Despacho 505. El caso fue incluido en la lista de «verificados», es decir, de los que cuentan al menos con una fuente oficial que reconoce la muerte, aunque las autoridades no los clasifiquen como femicidios.
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Según el documento judicial, el hecho ocurrió el 5 de julio de 2025. Todo comenzó con una discusión entre familiares que escaló rápidamente. El acusado intervino de forma violenta, primero golpeando a su hermana y cuando Diaceny intentó detener la agresión, él reaccionó contra ella.
La jueza Segundo de Distrito Penal de Juicio, Juana Rivera Pineda, señaló que «quedó demostrado el delito». Se comprobó, según la judicial, que la muerte fue «inmediata en el lugar de los hechos».
Hijo de la víctima declara en audiencia de juicio
El testimonio del hijo de la víctima fue clave para reconstruir lo ocurrido. En el juicio relató que el agresor “sacó algo que era un cuchillo por el brillo” antes de atacar. La estocada impactó directamente en el cuello de Diaceny, provocando una hemorragia masiva que le causó la muerte casi inmediata, según confirmaron peritos forenses.
El hijo de la víctima relató que, cuando intentó intervenir, “también fue atacado” por el agresor.
El tribunal concluyó que hubo intención de matar. No solo por el uso del arma, sino por dirigir el ataque a una zona vital. También se probó que el agresor «continuó atacando al adolescente», quien sufrió heridas que requirieron cirugía y le dejaron cicatrices permanentes.
Durante el proceso, el acusado intentó explicar lo ocurrido señalando que había consumido alcohol. En una evaluación psiquiátrica afirmó: “yo estaba bien tomado y sucedió algo que no quería que pasara”. Sin embargo, el peritaje concluyó que no presentaba ninguna condición mental que afectara su responsabilidad penal.
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La jueza dejó establecido que el consumo de alcohol no reduce la responsabilidad del acusado, con lo que desmonta la narrativa frecuente en casos de agresión, donde se intenta minimizar la responsabilidad del agresor.
Las pruebas presentadas en el juicio incluyeron videos de cámaras de seguridad que registraron parte de los hechos. En ellos se observa el momento en que el agresor saca el arma y ataca, lo que permitió desmontar la versión de la defensa que hablaba de una “riña” sin responsables claros.
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