Expulsadas de Centroamérica: “Las mujeres desplazadas no llegan a sentarse a llorar”

Las mujeres centroamericanas no migran: huyen. Esa es la distinción que hace Elvira Cuadra, socióloga y directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam), al analizar los flujos migratorios de la región. Lo que se mueve en Centroamérica no es la decisión planificada de quien quiere vivir en otro país, sino el desplazamiento forzado de quienes no tienen otra salida: amenazas, extorsión, control territorial, violencia machista, la persecución política y la ausencia de protección estatal las empujan a cruzar fronteras.

Son muchas veces las mujeres quienes toman la decisión de salir para preservar la integridad de su familia. Lo hacen asumiendo riesgos desproporcionados: en el trayecto entre su lugar de origen y su destino están más expuestas que nadie a sufrir agresiones sexuales, discriminación y ataques. No solo de parte de grupos criminales, sino también de funcionarios y autoridades estatales de los países por donde transitan.

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Cuadra señala que no todas las mujeres se desplazan en las mismas condiciones. Las mujeres indígenas —como las mujeres guatemaltecas que migran desde sus comunidades— enfrentan una acumulación de vulnerabilidades que multiplica los riesgos: ser mujer, ser indígena, enfrentarse a sistemas que las discriminan.

En el caso salvadoreño, el análisis de Cuadra apunta a un fenómeno que ocurre puertas adentro. Las detenciones masivas del estado de excepción —vigente desde hace más de dos años— afectan principalmente a hombres. Las mujeres se quedan solas, asumiendo todos los cuidados del hogar y además los de la persona detenida: averiguar dónde está, en qué condiciones, si necesita algo, conseguirlo. Un peso invisible que el Estado no registra ni compensa.

Algo similar ocurre con el exilio y destierro que aplica el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la población nicaragüense. Estos Estados autoritarios—valora Cuadra—utilizan a las mujeres como blancos ejemplares: detenerlas y enjuiciarlas sirve para mandar un mensaje de castigo al resto de la sociedad.

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La investigadora es directa al señalar la responsabilidad estatal en estos procesos. Aunque los gobiernos tienden a eludir esa responsabilidad cuando no están directamente involucrados en persecuciones políticas, la desprotección también es una forma de expulsar a la población. “Si el Estado cumpliera su función, esas personas no estarían forzadas a dejar sus casas, sus familias y su red de apoyo”, sostiene.

Esa desprotección, además, no opera de forma aislada de la violencia de género. Las mujeres casi siempre salen porque alguna forma de violencia las empujó al límite —un agresor que ocupa una posición de poder, que se sabe protegido por la impunidad— y hay un entorno institucional que lo permitió. La violencia individual y la desprotección estructural no son dos cosas separadas: están entrelazadas.

Cuadra recuerda lo que le contaron mujeres en comunidades hondureñas: pandilleros que acosaban a adolescentes de 15 o 16 años hasta que accedían a la relación, y que cuando ellas querían terminarla, no había otra salida que irse. “No es migración. Es huir para sobrevivir”, insiste.

A pesar de todo eso, Cuadra observa algo que considera fundamental reconocer: “Las mujeres no llegan a los países de acogida a sentarse a llorar. Llegan a construir oportunidades, a construir estrategias”.

Una de las más importantes es la creación de redes de sororidad y acompañamiento. Empiezan pequeño —un grupo donde la que llegó antes orienta a las que llegan después—, y algunas de esas redes crecen hasta hacer incidencia política y abrir canales institucionales para mejorar las condiciones de vida de las mujeres migrantes y desplazadas.