Un total de 18 asesinatos con características de ejecuciones selectivas, por el vínculo de las víctimas a la protesta cívica, documentan organizaciones que dan seguimiento al alarmante deterioro de los derechos humanos en el país.

En Nicaragua al menos dos ciudadanos son asesinados cada día. Se trata de “ejecuciones selectivas” que evidencian una nueva fase represiva contra ciudadanos identificados como opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, advierte un informe conjunto de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).  

“Estos asesinatos o ejecuciones selectivas muestran tendencia de persecución a activistas de la protesta cívica por parte de paramilitares, inclusive en zonas fronterizas vecinas donde los activistas se han refugiado. Sus cadáveres son arrojados en descampados baldíos”, indica el reporte sustentado en el monitoreo de casos de violaciones a los derechos humanos en el país entre 14 y el 21 de julio.

En total las organizaciones cívicas registraron 99 casos que evidencian el alarmante incremento de ejecuciones en lo que va del mes de julio: 18 asesinatos, 42 detenciones ilegales, 19 agresiones, 18 amenazas, y 2 heridos.

Bryan Murillo López, de 21 años, fue asesinado a tiros por policías dentro vivienda en la ciudad de León el 17 de julio. Oficiales abrieron fuego, lo mataron, hirieron a dos hombres más y se marcharon de la escena sin dar explicaciones. La dirección de la institución tachó a las víctimas de delincuentes, pero su familia mostró los récords policiales limpios. “Fue un asesinato político”, denunció su madre Marina López, quien exige que los policías sean juzgados.

Tres días antes se había reportado asesinado Francisco Sobalvarro, originario del Cuá, Jinotega, e identificado como excontra, quien llevaba bastante tiempo refugiado junto a su familia en Trojes, una comunidad fronteriza de Honduras porque era perseguido.

El mismo 14 de julio también fue ejecutado Martín Blandón Rivera. Aunque la policía atendió el caso no brindó y reporte y solo se conoce que el hombre de 35 años había salido de un culto evangélico cuando fue interceptado por armados no identificados, en el sector de La Peña de la Cruz de la comunidad de Ayapal, en Jinotega.  

El 19 de julio, el nombre de Pedro Suárez se sumó a la lista de ejecutados por armados sin identificar. Viajaba en su camión junto a su ayudante que no fue identificado, cuando un grupo armado los interceptó en la una carretera de Mozonte y abrió fuego. Ambos perecieron.

Organizaciones de derechos humanos registran con alarma todos estos casos de los que las autoridades nacionales no se ocupan y los clasifican como una clara evidencia de la situación crítica que enfrenta la ciudadanía y activistas que exigen libertades en Nicaragua.

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MANTIENEN SECUESTROS EXPRÉS

Las organizaciones cívicas también denuncian la persistencia de las detenciones ilegales en la modalidad de secuestros exprés, siendo las principales víctimas los exprisioneros políticos.

En lo que va del mes de julio seis ciudadanos son víctimas de detenciones ilegales cada día, y si bien esto refleja que las detenciones y secuestros han disminuido, “todavía muestran un alarmante promedio”, subraya la Alianza Cívica y la UNAB.

“Se ensañan particularmente contra excarcelados, y con mucha frecuencia repiten la modalidad de secuestrarlos por unas cuantas horas, golpearlos y soltarlos”, indica el informe.

Durante 460 días de protesta, las organizaciones cívicas han documentado al menos 2,721 detenciones ilegales, para un promedio de 7 cada día.

“También se observan represiones en territorios de pueblos indígenas en la Costa Caribe, así como agresión a campesinos, y amenazas a los trabajadores del Estado”, recoge el reporte.

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