Camila Ortega Murillo, hija de la pareja de co-dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, habló de supuestos “avances históricos” en los derechos de las mujeres en Nicaragua en su discurso durante la Conferencia de Líderes Mundiales sobre la Mujer en China.

Aunque, la realidad en Nicaragua para quienes no viven en El Carmen, sigue siendo otra: incremento de cifras y brutalidad en femicidios; violencia sexual en impunidad; mujeres precarizadas, desigualdad salarial, organizaciones confiscadas, feministas y activistas perseguidas y criminalizadas, exilio, cárcel, silencio.

En su discurso, Camila Ortega Murillo destacó la participación política femenina, la gratuidad de la salud y la educación, y los programas de empoderamiento económico implementados desde la Secretaría de Economía Creativa que dirige. 

Además, elogió las iniciativas de “cooperación y desarrollo” con la República Popular China, incluyendo la Franja y la Ruta, y reafirmó el respaldo de Nicaragua al principio de “una sola China”.

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La narrativa oficial de progreso y empoderamiento femenino expuesta por la hija de los dictadores contrasta con la ausencia de libertades civiles, el cierre de oenegés y el hostigamiento sistemático de mujeres opositoras.

La Lupa te explica que las afirmaciones de Camila Ortega Murillo, no se sostienen frente a los hechos. 

 1. “Nicaragua ha sido reconocida por nuestro liderazgo en equidad y nuestra participación en la política, evidencia de que la revolución sandinista defiende, promueve y materializa nuestros derechos de mujeres”. 

Aunque Nicaragua aparecía en los primeros lugares del Índide Global sobre la Brecha de Género, la realidad siempre ha sido otra, y lo dicho por Camila es solo un indicador de presencia numérica y no se traduce en autonomía política de las mujeres.

A pesar de que el Índice Global sobre la Brecha de Género coloca a Nicaragua como uno de los países con mayor representación femenina en el Parlamento y cargos ministeriales, la realidad es que las mujeres no tienen voz ni voto en las decisiones.

Todas las instituciones del Estado están bajo control del Frente Sandinista y las mujeres en cargos oficiales ocupan posiciones condicionadas por lealtad partidaria, no por independencia. 

En el informe de 2025, Nicaragua alcanzó un puntaje de 0.783 en el Índice Global de Brecha de Género, ubicándose en el puesto 18 de 148 naciones, marcando un retroceso significativo respecto al sexto lugar que ocupaba en 2024, con una caída de 12 posiciones en tan solo un año.

¿Qué se ha hecho por resolver el restante 21.7% de desigualdad?, por lo tanto esta es una verdad a medias. 

2. “Nuestro país ha promulgado leyes cruciales para combatir la violencia contra las mujeres”. 

La Ley 779, aprobada el 22 de junio de 2012 por la Asamblea Nacional, fue un logro promovido por las organizaciones feministas. Sus posteriores reformas amparadas por el partido FSLN, limitaron su aplicación al ambito de pareja, además permitieron la mediación, por lo tanto, esta afirmación es engañosa. 

En consecuencia con esta reforma la Policía orteguista limitó el registro de femicidios, por lo que sus estadísticas no refelejan la magnitud del fenómeno. A esto se suma la liberación de reos comunes por el llamado ‘perdón presidencial’, la falta de independencia del sistema judicial por lo que los femicidios siguen en la impunidad.

“Si tan solo se cumpliera con el artículo 1 de la Ley 779, donde se plantea el propósito de la ley de proteger los derechos humanos de las mujeres, tendríamos otra situación en Nicaragua”, dijo una defensora de derechos humanos de las mujeres que habló en anonimato para evitar represalias. 

“Eso se traduce —explicó—, en la educación que debe darse a la población y en las escuelas desde primaria para el conocimiento de tal legislación y prevenir la violencia. Pero, ese no es el objetivo principal de las autoridades que les corresponde ese trabajo para garantizar el ámbito de aplicación de esta ley”. 

Solo en Nicaragua, según conteo de La Lupa, se registran 43 mujeres asesinadas en 2025. 

3. “En Nicaragua la salud y la educación son gratuitas y sin exclusiones.”

Con bombos y platillos, este año la dictadura anunció la construcción y modernización de hospitales y escuelas, logros que son reconocibles y reflejan avances concretos. En el país persiste el clima de represión y de control político en la gestión pública, con sanciones o despidos por falta de alineamiento ideológico. 

La gratuidad existe, aunque la exclusión es notoria al reconocerse casos de expulsión de estudiantes universitarios que participaron durante las protestas de 2018.

También, la calidad sigue siendo cuestionable, en las escuelas y universidades se mantiene presente un discurso radicalista en favor de la dictadura.

Mientras en el acceso a salud, la población continua denunciando la falta de acceso a medicinas y la atención especializada.

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Desde 2018, Nicaragua vive bajo un régimen autoritario y en el país más de 5,000 oenegés han sido clausuradas, incluyendo organizaciones que brindaban atención en salud a las mujeres. 

4. “Estos logros se fortalecen y avanzan a pesar de la imposición de las ilegales e inhumanas medidas coercitivas unilaterales, que afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas en los países en desarrollo; que impactan negativamente en nuestros derechos y accesos a los servicios esenciales”. 

La afirmación es totalmente falsa, porque las sanciones, impuestas como respuesta a la represión política, violaciones de derechos humanos y el deterioro democrático en Nicaragua, no afectan a la población, menos a las “mujeres y niñas”. 

Las sanciones internacionales existen y están dirigidas a funcionarios y entidades del régimen, no a la población en general. La crisis económica y social se debe principalmente a la represión interna, corrupción y aislamiento político, más que a las medidas externas. 

Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Gran Bretaña, y Suiza son países que impusieron sanciones a los operadores del régimen y aquellas instituciones y empresas que favorecen el enriquecimiento de la dictadura. 

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