Redadas masivas, represión estatal, vigilancia y censura, el régimen de excepción -prorrogado 47 veces por Bukele- ha desdibujado garantías constitucionales y consolidado un entorno de alto riesgo para voces disidentes.
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Era el mediodía del 23 de mayo de 2025. Un pick up pequeño avanzaba desde San Salvador en camino hacia una frontera. De fondo sonaba “Patria mía chiquita”. Había lágrimas en los ojos y una pregunta que pesaba en el aire: ¿por qué ponen esa canción? En ese carro viajaba Mónica Rodríguez, periodista comunitaria, que se vio obligada a huir hacia Guatemala tras sufrir persecución por su labor periodística en el contexto del régimen de excepción en El Salvador.
El 27 de marzo de 2022, a petición de Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó el régimen de excepción, argumentando el repunte de homicidios atribuidos a las pandillas entre el 25 y el 27 de marzo que dejó 87 asesinatos. El sábado 26 registraron 62, como el día más violento del que se tenga registro en El Salvador en lo que va del siglo XXI. A partir de esta medida, el Estado suspendió garantías constitucionales como el derecho a la defensa, la libertad de asociación y los plazos máximos de detención administrativa. Nada volvió a ser igual.
El Gobierno ha justificado este régimen como una estrategia de seguridad contra las pandillas; mientras organizaciones nacionales e internacionales han documentado su uso para detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social y persecución contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La medida suponía llevarse a cabo por treinta días, pero hasta la fecha ha sido prorrogada 47 veces. Desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 31 de diciembre del año 2025, 90,844 personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción, según datos del gabinete de Seguridad. Muchas han sido mujeres inocentes.
“A partir del régimen de excepción hay un cambio del paradigma de quién es el que acosa y quién queda impune. Las mujeres han quedado en total vulnerabilidad frente a los agentes de seguridad, y eso intensifica el miedo y el terror como formas de violencia cotidiana”, explica Keila Cáceres, feminista salvadoreña y miembro de la Asamblea Feminista.
Mónica cuenta que la decisión de migrar no le tomó mucho tiempo. El 13 de mayo de 2025 cubría una protesta pacífica de la comunidad y cooperativa El Bosque, en Santa Tecla, frente a la residencial donde habita el presidente Bukele. La movilización buscaba apoyo para resolver un conflicto de tierras que afectaba a unas 300 familias campesinas que habían recibido una orden judicial de desalojo por una deuda que la cooperativa arrastraba desde 2008.
La manifestación pacífica fue reprimida por la Policía Militar (PM) y la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), que cercaron, empujaron y rociaron con gas pimienta a integrantes de la comunidad. En medio del operativo, Mónica sostenía con firmeza su teléfono y registraba cada momento para el medio donde laboraba. Cerca de seis mil personas seguían su transmisión en directo, y lo ocurrido quedó documentado.
Durante la represión de la protesta, José Ángel Pérez, líder religioso que respaldaba a los manifestantes, fue sometido por la fuerza y trasladado en una patrulla policial. Al día siguiente, agentes estatales capturaron en sus oficinas a Alejandro Henríquez, abogado ambientalista que también acompañaba la manifestación y el caso legal de la comunidad. Ambos fueron acusados de los delitos de “resistencia agresiva” y “desórdenes públicos”. El desalojo fue suspendido, pero no hay respuestas concretas por parte de las instituciones correspondientes, más que un acuerdo hablado.
“Están quedando en evidencia. Estamos presenciando la violencia de la Policía de Nayib Bukele. Están violentando a las familias de la cooperativa El Bosque”, se escucha a Mónica en su transmisión mientras capturaban a líderes comunitarios. Esto la colocó en la mira de las autoridades.
Un día después de la movilización, Mónica fue notificada por miembros de la cooperativa El Bosque que agentes policiales fueron a preguntar sobre su paradero. Esto despertó alarmas. Poco después, fuentes internas le confirmaron que su nombre y el de su pareja habían sido identificados en una reunión con personeros de seguridad de la Dirección Central de Investigaciones (DCI) para perfilarlos y determinar su papel en la cobertura de ese 13 de mayo de 2025.
Esa reunión coincidió con la captura de Ruth López, una reconocida defensora de derechos humanos, directora de la unidad de anticorrupción de Cristosal y una de las voces críticas del Gobierno de Bukele. Ese hecho fue determinante para que optara por salir del país.
“Viendo que ya no había vergüenza de parte del Gobierno de detener a Ruth López, que también era una abogada con mucha influencia, de ver que no tenían vergüenza de haber detenido a don Ángel y a Alejandro, entonces dijimos: ‘No, esto ya se vino para abajo’.”, dice Mónica.
De enero a junio de 2025, 43 periodistas salieron del país. La mayor parte de los casos fueron en mayo, coincidiendo con el arresto de defensores de derechos humanos, la represión a la manifestación de cooperativistas y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros. Así lo documenta el informe “La Curva del Silencio”, elaborado por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
El estudio también indica que el 32.5% del abandono del país corresponden a periodistas mujeres, en su mayoría de entre 40 y 50 años. Además, señala que el principal motivo de esas salidas fue el temor a una posible orden de captura, razón que fue reportada en el 85% de los casos.
La advertencia que Mónica recibió de parte de fuentes gubernamentales no fue la primera señal de alerta de que corría riesgo. El miércoles 4 de diciembre de 2024, agentes de la Policía Nacional Civil, con el rostro cubierto y sin número de identificación visible, allanaron su casa e incautaron dos computadoras, teléfonos personales y laborales, así como discos duros, USBs y las tarjetas de crédito de su pareja. Los agentes afirmaron que el caso estaba en reserva y no dieron información que justificara el operativo.
El temor de ser detenida arbitrariamente era latente y las opciones para garantizar su seguridad y la de su familia se redujeron a una sola decisión: migrar. “Nos dijeron: ‘vamos a tener que sacarlos del país’, y yo no me lo pensé tanto”. El 23 de mayo, Mónica salió de El Salvador de forma apresurada con una mochila y artículos básicos de uso personal que iba comprando durante el trayecto.
Cuando llegó a un lugar seguro, se encontró con un cuadro del rostro de San Romero de América, un sacerdote salvadoreño que fue asesinado por los escuadrones de la muerte del Ejército en el conflicto armado, por ser una voz crítica ante las atrocidades de la guerra. “Estoy en un lugar donde al menos hay un aprecio hacia un salvadoreño tan universal como Monseñor Romero. Eso me dio cierta calidez”, recuerda haber dicho.
Confiesa que, aunque se sentía a salvo, la incertidumbre sobre lo que iba a pasar en los próximos días era constante. No sabía cuánto tiempo estaría fuera del país, si lograría regresar para reencontrarse con su familia o cómo podría reconstruir su vida y el trabajo periodístico que había quedado en El Salvador. “En esos momentos todo es incierto y estás ahí pensando qué es lo que sigue”, reflexiona.
A ocho meses de haber salido del país, Mónica se reconoce como una periodista comunitaria en el exilio. Desde las redes sociales continúa compartiendo las problemáticas que afectan a las comunidades en El Salvador. Para ella, el régimen de excepción convirtió el periodismo en una actividad de alto riesgo y en una herramienta de control y silenciamiento dirigida contra personas defensoras de derechos humanos y contra quienes cuestionan el poder.
“Esta herramienta es utilizada para generar temor y para callar a la gente también. El hecho de detenerlos a ellos deja un mensaje para los demás. Si a mí me capturan, sé que no sería por haber hecho algo malo, sino por hacer periodismo. Lo que pasó esa noche (el 13 de mayo) fue en el marco de nuestro trabajo periodístico, y si nosotros no hubiéramos transmitido, jamás se hubiera sabido lo que pasó. Se hubieran llevado detenida a toda esa gente y nadie se habría enterado”, afirma Mónica.
El caso de Mónica no es aislado. Bajo el régimen de excepción, entre 2021 y 2025, al menos 130 voces disidentes se vieron forzadas a salir del país ante un entorno cada vez más restrictivo. Así lo denunciaron diversas organizaciones de derechos humanos el 23 de julio de 2025 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras identificar un patrón de persecución y silenciamiento contra personas críticas del poder. Las organizaciones advirtieron, además, que estas cifras podrían tener un subregistro, ya que muchas personas no reportan su salida por motivos de seguridad.
En este mismo contexto de persecución, la experiencia de Mónica la viven otras mujeres que se vieron obligadas a migrar para protegerse. Es el caso de Tatiana Alemán, activista y defensora de derechos humanos, con una postura abiertamente abolicionista frente a la cárcel como mecanismo de castigo. Es fundadora de Los Siempre Sospechosos de Todo, un colectivo donde ha denunciado detenciones arbitrarias, abusos policiales y violaciones a los derechos humanos. Ante el aumento del hostigamiento y riesgo a su seguridad, Tatiana se vio forzada a irse del país.
En octubre de 2022, meses después de la aprobación del régimen de excepción, Tatiana migró hacia Estados Unidos. Su salida fue el desenlace de una persecución que comenzó en el 2017, con la detención arbitraria de su hermano. Esto marcó el inicio de su activismo y de un proceso de hostigamiento policial que aumentó con la llegada del régimen de excepción.
“Ahí entendí que toda una maquinaria del Estado, que se supone está diseñada para protegerte, puede convertirse en una bestia que busca destruirte”, relata. Tatiana explica que la detención ocurrió porque su hermano tiene los estereotipos que la Policía utiliza para criminalizar: vivir en una zona popular, ser joven y pobre. En su proceso, no hubo investigación previa ni debido proceso. Su hermano quedó libre después de comprobar su inocencia. Migró por su seguridad, pero esto no cerró el ciclo de persecución que venían arrastrando.
A partir de entonces, ella y su familia enfrentaron un acoso y hostigamiento policial constante que las obligó a desplazarse internamente. En 2021, la vivienda que alquilaban se convirtió en un foco de conflicto cuando una precandidata de Nuevas Ideas, el partido político de Bukele, utilizó su posición e influencia política para presionar el abandono de la casa, pese a que legalmente podían permanecer ahí.
“Esta señora llegó con la Policía donde mi familia a pedirle que se fuera, a pesar de que mi mamá había pagado ya el alquiler. Los policías se dieron cuenta de quién era mi familia, empezaron a acosar de noche a mis hermanas y a mi mamá”, cuenta Tatiana.
Después de esos acontecimientos, su vida se volvió insostenible, el acoso ya no parecía esporádico. Decidieron desplazarse a Suchitoto, un pequeño pueblo a 50 km de la capital de San Salvador. Según Tatiana, a pesar de estar en un nuevo lugar con aparente tranquilidad, la sensación de vulnerabilidad permanecía y la posibilidad de tener que dejar el país era cada vez más considerable.
Las circunstancias hicieron que ella y su familia iniciaran a bucar refugio fuera del país. El proceso implicaba trámites, incertidumbre e incluso la posibilidad de ser rechazadas. Sin embargo, ante el aumento del control estatal y el ambiente de miedo tras la aprobación del régimen de excepción confirmaron que permanecer en El Salvador ya no era viable.
El 27 de marzo de 2022, Tatiana y el colectivo Los Siempre Sospechosos de Todo realizaban una intervención que denunciaba que el discurso oficial de seguridad era una puesta en escena y no una política de justicia o protección de derechos enfrente de la Catedral Metropolitana del Centro Histórico de San Salvador. Mientras estaban ahí, empezaron a llegar las noticias: la Asamblea Legislativa acababa de aprobar el régimen de excepción.
“La intervención se llamaba Montaje de paz y queríamos expresar que todo ese plan de seguridad solo era eso: un montaje. Ese día empezó a llenarse la plaza de soldados. Vimos decenas de soldados rodeando toda la plaza y también policías que se nos acercaron a preguntarnos qué estábamos haciendo”, cuenta Tatiana.
Un policía se acercó y preguntó sobre el motivo de la intervención y para evitar repercusiones, el colectivo respondió que era parte de una iglesia y que estaban ahí para darle un mensaje a jóvenes para que no se metieran en problemas. Tras el cuestionamiento, se retiraron de la plaza.
“El régimen de excepción no tiene que ver con seguridad pública; tiene que ver con control y con miedo, si entrás a prisión, no hay garantía de que salgas viva o vivo”, comenta.
Para Tatiana, ese momento marcó un antes y un después. Lo que hasta entonces había sido activismo en el espacio público comenzó a sentirse como un riesgo permanente. Tiempo después, en octubre, ella y su familia recibieron la aprobación del refugio en otro país, en Estados Unidos.
Actualmente, Tatiana ha logrado reconstruir su vida en un territorio que no comparte su idioma, su identidad ni su clima, mientras continúa vinculada a la defensa de derechos humanos en El Salvador desde sus redes sociales. En Estados Unidos se ha integrado a espacios de organización con personas migrantes. “Estoy aprendiendo a existir aquí sin dejar de estar conectada con mi país, porque El Salvador sigue siendo mi hogar y la razón por la que sigo alzando la voz”, afirma.
La migración de periodistas y defensoras de derechos humanos se ha profundizado en un contexto marcado por la persecución y el control bajo el régimen de excepción. Aun desde la distancia, Mónica y Tatiana continúan informando y denunciando las injusticias que afectan a las comunidades vulnerables de El Salvador, mientras reconstruyen sus vidas y encuentran nuevas formas de resistir y sostener su compromiso con la defensa de derechos y la memoria colectiva.
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Lea el siguiente reportaje de la serie: EXPULSADAS
Medio crítico feminista que informa sobre Nicaragua bajo dictadura.
