El inicio del juicio Beatriz vs El Salvador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ya tiene fecha. El próximo 22 y 23 de marzo se realizarán las primeras audiencias de uno de los casos más esperados de la Corte IDH, ya que su resolución puede cambiar el destino de millones de mujeres salvadoreñas.
Es el segundo juicio que El Salvador enfrentará ante la Corte IDH por violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres debido a que dicho país penaliza absolutamente el aborto. El fallo a favor de Beatriz implicaría que la Corte IDH ordenara su despenalización, al menos para salvaguardar la vida y salud de las mujeres.
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“El caso de Beatriz es muy importante para toda la región. Una condena de la Corte implica una condena al Estado salvadoreño, que también conlleva medidas de reparación y medidas de no repetición. Las medidas de no repetición que consideramos claves en este proceso es la despenalización del aborto por la vida y la salud de las mujeres”, dice Sara García, representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
Beatriz vs El Salvador es el caso desarrollado en 2013 de una joven de 21 años que tuvo un embarazo de alto riesgo, en el cual el feto no tenía posibilidades de vida extrauterina. A pesar que los médicos determinaron que el aborto era la única manera de salvar la vida de Beatriz, se negaron a realizárselo porque en El Salvador el aborto está penalizado de manera absoluta, incluso cuando la vida de la mujer está en riesgo o el feto no tenga posibilidades de vida.
La demanda de Beatriz escaló a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte IDH, la cual finalmente ordenó que se realizara la interrupción del embarazo para salvar la vida de la joven.
Aunque a Beatriz se le pudo realizar el procedimiento meses después, su salud se encontraba considerablemente debilitada porque no se dio en el tiempo oportuno. Ella falleció en 2017 por una neumonía adquirida en el hospital luego de ser ingresada por un accidente de tránsito.
Beatriz ha sido la única mujer en acceder a un aborto terapéutico de manera legal desde que la práctica está penalizada en el país desde 1997.
Para las defensoras de derechos humanos, el caso de Beatriz es importante porque evidencia las consecuencias que generan los marcos violatorios a los derechos sexuales y reproductivos, y representa una oportunidad para que a ninguna otra mujer en El Salvador le ocurra lo mismo.
“La Corte tiene una oportunidad de ordenar una jurisprudencia que reconozca que las mujeres somos sujetos de derechos y no objetos de reproducción, como en este momento somos vistas en El Salvador por la prohibición total del aborto”, señala García.
La defensora también señala que el caso tiene un gran impacto en Centroamérica y El Caribe, ya que en esta región se agrupan los únicos países del continente que penalizan de manera absoluta el aborto, los cuales obligan a las mujeres a continuar con sus embarazos aunque sean producto de violación, sean embarazos de riesgo o sean inviables.
Y una condena a favor de Beatriz sería un ejemplo para estos países de la importancia del aborto terapéutico, el cual está reconocido como un derecho humano por la Organización Mundial de la Salud.
“Es muy importante porque la región centroamericana concentra países sumamente retrasados y violentos con los derechos de las mujeres. Nicaragua, Honduras, El Salvador y también República Dominicana, tienen medidas que no permiten a las mujeres acceder a derechos reproductivos”, indica García.
La penalización absoluta del aborto es un tema grave para la salud e integridad de las mujeres en El Salvador. De acuerdo con Guillermo Ortíz, médico tratante de Beatriz, hay otras mujeres en El Salvador cuyos embarazos las ponen en riesgo, pero son obligadas a continuarlos. “Comenzamos a hacer un recuento de los casos y había casos similares al de ella”, indica.
Las mujeres deben encontrar sus propias alternativas para continuar con sus vidas, aunque sea en condiciones de riesgo. La última estadística del 2011 de la OMS refleja que el 11 por ciento de las mujeres que se sometieron a un aborto inseguro en El Salvador murieron a consecuencia de ello.
Por su parte, desde que se reformó el Código Penal para establecer la prohibición del aborto en 1997, cientos de mujeres han sido criminalizadas por tener emergencias obstétricas y son acusadas de realizarse abortos.
Desde 1998 a la actualidad registran 196 casos judicializados contra mujeres que han tenido emergencias de salud, según la investigación Del Hospital a la Cárcel de la Agrupación Ciudadana.
Dicha investigación muestra que las mujeres luego de tener complicaciones en su embarazo son llevadas al hospital, y después el personal de salud llama a la policía acusándolas de provocarse un aborto.
Tal es el caso de Manuela, la primera demanda contra El Salvador en la Corte IDH por violentar los derechos a la vida y a la salud de una mujer, debido a la prohibición del aborto.
El Salvador fue declarado culpable en 2021 por la muerte de Manuela, quien sufrió una emergencia obstétrica, pero que en lugar de recibir atención médica, fue arrestada y años después falleció.
“Nosotras queremos que no haya más muertes por la penalización del aborto. Las mujeres deben poder acceder a servicios médicos para salvar su su salud, vida e integridad”, dice García.
