La impunidad impera en los rincones del país. En Mulukukú, municipio que ha sido testigo de diferentes femicidios atroces contra mujeres, niñas y adolescentes a lo largo de los años, todavía no ha llegado la justicia. Año tras años, las mujeres son asesinadas en la zona de una forma cada vez más cruel, pero las autoridades no hacen nada para prevenirlo, o al menos para castigar a los culpables.
A un año de los femicidios de Luz Gonzáles y Dayiris Boniche (madre e hija), la familia continúa esperando que las autoridades capturen al femicida, Wilmer Gonzáles, quien era familiar y trabajador de las víctimas, y actualmente continúa en libertad a pesar de su crimen.
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La familia ofreció hasta 300 mil córdobas de recompensa para quien lo encuentre, ante la poca eficacia policial, y se difundió masivamente fotos del femicida para que las personas lo logren reconocer; sin embargo, nada de eso ha servido para atraparlo. Con el paso de los meses disminuyeron las posibilidades de capturarlo y hasta hoy, son casi nulas.
Luz Gonzáles y Dayiris Boniche eran ganaderas y dueñas de su finca Los Pozolones, razón por la que eran conocidas en la zona. De acuerdo con el testimonio de familiares, ambas eran muy unidas y compartían la misma pasión de trabajar con animales, y solas habían hecho andar el pequeño negocio familiar.
En las fiestas hípicas de este año, la región le hizo homenajes a ambas para recordarlas; y aunque el femicida probablemente se encuentre lejos, su familia continúa exigiendo justicia.
Nicaragua es un “Estado feminicida”, indica “Andrea”, activista feminista e integrante del Colectivo de Mujeres 8 de Marzo (CM8M), ya que es cómplice de los femicidas, al no tomar medidas para prevenir los femicidios; al crear un escenario propio para que ocurran; y a dejar estos impunes posteriormente.
“Hay que hablar de feminicidios, no solo de femicidios, porque ahora las mujeres ya no solo mueren a manos del femicida, sino también a manos del Estado. El Estado es cómplice de la violencia machista, y esta complicidad le da permisividad a los hombres para ejercer violencia contra las mujeres y para matarlas”, asevera.
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Una de las principales razones que vuelve al Estado responsable de los feminicidios, es la falta de planes de prevención para evitar que las mujeres sean víctimas de violencia machista y más aún, de feminicidios.
De acuerdo con Andrea, la prevención se da desde una atención adecuada e interdisciplinaria en los centros policiales, es decir, tanto una atención legal como médica, psicológica y económica; y también el Estado se debe de asegurar que la mujer denunciante no se encuentre en peligro, al destinar medidas y recursos para su protección hasta que sea considera sana y salva. Al mismo tiempo, las autoridades deben investigar al denunciado hasta llegar a su captura.
No obstante, en Nicaragua ocurre todo lo contrario. De acuerdo con la experiencia de Andrea acompañando denuncias en la organización, a muchas mujeres ni siquiera les permiten interponer la denuncia, sino que son obligadas a firmar un acta de mediación. Y en las mediaciones son muchas veces obligadas a perdonar a sus agresores por el supuesto bien de su familia.
«Yo he visto cómo le dicen a las mujeres que no pueden denunciar al hombre que las mantiene, si es él que les da de comer y cosas así. Y no ven la situación de violencia que están viviendo», relata. Además, luego que ocurre la mediación, las autoridades no le dan seguimiento al caso para asegurarse si la mujer sigue viviendo violencia, pues a los agresores los dejan libres luego de comprometerse a no violentar más a sus parejas.
Y en el caso que las mujeres logren interponer una denuncia para que se dé una orden de captura, estas casi nunca son ejecutadas, y si se ejecutan, las autoridades suelen liberar a los agresores sin antes haber cumplido el tiempo establecido en su sentencia.
“El Estado deja engavetadas las denuncias y no hay un seguimiento para prevenir los femicidios, aunque se hayan mostrado casos donde las mujeres corrían peligro de muerte. Ha habido casos donde los hombres han sido sentenciados por violencia y los liberan. Hay una vinculación tanto del Estado como de los hombres para sostener ese sistema machista que cobra la vida de las mujeres”, señala.
Según casos observado por el CM8M, ante los casos de liberación de hombres que habían sido encarcelados por violencia, muchas mujeres han migrado de sus comunidades hacia otros departamentos u otros países para salvaguardar su vida.
Pues muchas de ellas habían sido amenazadas de ser asesinadas y nunca recibieron protección de la Comisaría de la Mujer y de la Niñez o de otras instituciones como el Ministerio de la Familia, quienes se supone que son las encargadas de tomar medidas preventivas.
Hasta ahora, las únicas “estrategias” del régimen Ortega-Murillo para combatir el número creciente de feminicidios en el país han sido la reapertura de Comisarías de la Mujer y la Niñez, que hasta la fecha han sido 136 en todo el país, según un medio oficialista; y el lanzamiento de una serie de cartillas “para empoderar a las mujeres”.
Pero activistas feministas han advertido que el número de Comisarías abiertas no ha significado una disminución de la violencia machista, ni de los femicidios; y que las cartillas no tendrán efecto si no hay una política integral que involucre a todas las instituciones del Estado para prevenir esta problemática.
