La reciente excarcelación de 1,500 presos comunes por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, presentada oficialmente como un acto de “beneficio legal de convivencia familiar”, es un grave retroceso para la justicia y un peligro para la sociedad, según la socióloga y defensora de derechos humanos, Haydeé Castillo.

Para Castillo, el acto celebrado el 31 de julio de 2025 por el Ministerio del Interior —presidido por la ministra María Amelia Coronel— no representa un gesto humanitario ni un intento de reconciliación, sino una estrategia política que promueve la impunidad, debilita el Estado de derecho y fortalece el aparato de control social de la dictadura.

“Nosotros tenemos información en barrios y comunidades, que algunos estaban permanentemente comunicados con el secretario político de su comunidad, con el CPC y les dan tareas de vigilancia y persecución a los que ellos presumen que están en contra del régimen”, advirtió Castillo. 

Para la defensora, lo más grave es que estas excarcelaciones no responden a un proceso judicial transparente, sino al uso político que se le da al Sistema Penitenciario. “Salen de la cárcel, pero siguen siendo prisioneros de la dictadura”.

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Presos comunes son reincidentes

Castillo advirtió que no se trata de personas condenadas por delitos menores, como se ha querido hacer ver. “Sí, puede haber alguien que robó una gallina, que cometió un delito leve. Pero la mayoría son personas con penas de 10, 15, 20 o hasta 30 años, lo cual da una idea del tipo de crímenes que cometieron”, dijo.

El 14 de febrero de 2025, Rosario Murillo, informó que el 7.18% de las personas liberadas bajo este régimen de convivencia volvió a delinquir. Para ese entonces, desde el año 2015 se había otorgado el beneficio de convivencia familiar a 48, 964 personas   

Un caso que evidencia los peligros de estas liberaciones ocurrió en diciembre de 2022, cuando Antonio de Jesús Blanco Mora, de 37 años, fue excarcelado el 23 de ese mes bajo la figura de “convivencia familiar”, junto con centenares de reos comunes. 

Días después mató a su hermana, Ivette de la Concepción Martínez Mora, de 40 años, de varias puñaladas. Blanco Mora había estado preso en al menos cinco ocasiones anteriores por robo, lo que pone en evidencia la falta de controles adecuados al momento de decidir estas excarcelaciones.

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“Niñas violadas, mujeres asesinadas, casos horrendos de violencia que muchas veces involucran a personas que habían sido excarceladas. Estamos hablando de un daño sin precedentes, un daño incalculable porque quién repone esas vidas y vemos cómo se está inculcando la violencia desde todos los ángulos como una política de Estado”, apuntó Castillo. 

Castillo lamentó que mientras organizaciones internacionales insisten en la liberación de presos políticos, el régimen prefiera liberar a presos comunes con historial violento. 

De los 1,500 reos excarcelados, 1,375 son hombres y 127 mujeres, provenientes de los Sistemas Penitenciarios de Tipitapa, Matagalpa, Granada, Juigalpa, León, Estelí, Chinandega y Bluefields. 

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La Lupa Nicaragua