Centroamérica atraviesa una «situación alarmante» en cuanto a la falta de derechos sexuales y reproductivos, situación que afecta principalmente a las niñas y adolescentes, dice Ana Silvia Monzón, socióloga e investigadora guatemalteca.
La penalización del aborto terapéutico y la falta de educación sexual integral, son una de las principales problemáticas que golpea fuertemente a la región.
Estas situaciones tienen profundas consecuencias en la vida de las mujeres, como embarazos en menores de edad, mortalidad materna y aumento de la violencia sexual, asevera Monzón.
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La socióloga señala que la educación sexual en Guatemala se vio en riesgo, luego que políticos conservadores intentaron establecer una ley que lo prohibiera durante el año pasado.
“El ocho de marzo se aprobó una política de protección de institucionalización de la vida, que así lo llamaron, que penalizaba más el aborto, prohibía la educación sexual, negaba la existencia de familias diversas y eximía de responsabilidad a los agresores homofóbicos. A pesar de que se archivó sigue siendo grave”, dice Monzón.
Se trata de la Ley Para La Protección De La Vida Y La Familia aprobada por el Congreso de Guatemala, pero que fue archivada por el presidente Alejandro Griammattei. Dicha ley también aumentaba las leyes por aborto y vulneraba los derechos de las personas LGBTIQ+.
Aunque la ley no fue aprobada, todavía representa un peligro para los derechos de las mujeres, y para que todavía continúe la educación sexual en el país, señala.
“Eso tiene un efecto inmediato en que se interrumpa la educación sexual. El ministerio de educación y salud aprobaron un convenio de educación sexual hace varios años. En ese convenio se compromete a brindar educación sexual integral y sexualidad, pero el año pasado no se volvió a renovar dicho convenio”, indica Monzón.
Según la defensora, la educación sexual integral es indispensable porque tiene una relación directa con la prevención de la violencia sexual, la prevención de embarazos en menores edad y para que las y los adolescentes vivan sin violencia.
Solo en 2022 se registraron 67,688 embarazos en niñas y adolescentes, según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de Guatemala.
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La falta de educación sexual también tiene una gran incidencia en los embarazos de menores de edad en Honduras, considera Alexandra Palma, activista feminista e integrante de Nosotras la Preferimos Sencilla.
“La educación sexual sigue siendo un tema pendiente en Honduras. Se supone que después de elegir la Corte se iba aprobar la Ley de Educación Sexual, pero creo que es algo que va a quedar a segundo plano”, indica.
La educación sexual integral es una demanda que llevan años haciendo las organizaciones de mujeres en el país, ya que se podría prevenir la violencia sexual y los embarazos infantiles.
Desde 2018, el partido de Xiomara Castro, Libre, presentó una iniciativa de ley para la educación sexual, pero esta quedó pendiente. La iniciativa se volvió a retomar en enero de este año y se espera que se discuta luego de las elecciones en la Corte hondureña.
Hasta septiembre de 2022 se registraron 42,000 embarazos en niñas y adolescentes únicamente en la zona norte de Honduras, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Mientras que la Secretaría de Salud (Sesal) reconoce 38 mil embarazos en menores en todo el país, hasta agosto de 2022.
La educación sexual integral y la prevención de embarazos adolescentes es un tema desplazado en El Salvador. Todavía no están públicos los datos de cuántos embarazos en menores de edad hubo en 2022, solo se mantienen los de 2021 que son 5,975.
“En salud solo se ha priorizado el tema del COVID y no para la salud sexual y reproductiva. Por otro lado, todos los recursos se han dirigido a la guerra contra las pandillas, no para atender a las mujeres. Las únicas que seguimos ejerciendo un rol defendiendo los derechos de las mujeres seguimos siendo las organizaciones”, dice Silvia Elizondo, activista salvadoreña y coordinadora de la Asociación de Mujeres Ixché.
Según la defensora, la agenda de los derechos sexuales y reproductivos está lejos de ser atendida en El Salvador, una lucha que llevan años peleando las organizaciones sociales, especialmente en el acceso al aborto terapéutico.
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“Esa desatención en niñas y adolescentes que no van a continuar sus estudios, y en muertes de mujeres que no se les permitió la interrupción voluntaria del embarazo para salvar su vida”, señala.
En Nicaragua el panorama es desolador debido a la falta de información actualizada, indica “Marta”, activista feminista nicaragüense que solicitó el anonimato. En Nicaragua no existe una ley específica de educación sexual, aunque está contemplado como un derecho en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir una educación, sexual integral, objetiva, orientadora, científica, gradual y formativa, que desarrolle su autoestima y el respeto a su propio cuerpo y la sexualidad responsable, el Estado garantizará programas de educación sexual a través de la escuela y la comunidad educativa”, dice el artículo 44 del Código de la Niñez.
“¿Pero en qué se ha traducido eso? En charlas muchas veces religiosas, con información escueta, con muchos mitos de por medio y un temor que tratan de infundir en los adolescentes. Pero eso no hace que tengan una vida sexual informada, sino de riesgo”, señala Martha.
Los últimos datos de cuántos embarazos en menores de edad hubo anualmente son del 2020. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) registró 28,408 en niñas y adolescentes, estos representan el 24 por ciento de los embarazos en todo el país.
