Entre 2018 y el primer semestre de 2025, se han documentado 3,802 agresiones contra defensoras y organizaciones que defienden el derecho a la verdad, justicia y reparación, reveló la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) en su informe “Que buscar verdad y justicia no nos cueste la vida: 10+ años de agresiones contra defensoras del derecho a la verdad, justicia y reparación en Mesoamérica (2012-junio 2025)”. 

Hostigamientos sistemáticos, actos de vigilancia en hogares, vulneración del derecho a la libertad de movilización y detenciones arbitrarias acompañadas con desaparición forzada por ocultamiento de paradero, tratos crueles e inhumanos y tortura, son parte de las violencias que sufren las defensoras de derechos humanos en Nicaragua que buscan verdad, justicia y reparación.

Desde abril de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua, el país se convirtió en un “territorio hostil” para quienes defienden los derechos humanos, especialmente para las mujeres que luchan por estos principios fundamentales. 

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“Los responsables de estas agresiones fueron actores vinculados el Estado totalitario y dinástico liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillo: la Policía Nacional, fuerzas parapoliciales, autoridades de instituciones públicas como el Ministerio de Interior y estructuras barriales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)”, señalan en el informe presentado en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. 

Madres de Abril entre las víctimas 

Entre 2020 y el primer semestre de 2025, la IM-Defensoras registró 297 agresiones contra familiares de las víctimas mortales de la dictadura organizadas en la Asociación Madres de Abril (AMA), uno de los grupos organizados en el país para exigir memoria, verdad, justicia y no repetición ante los crímenes de lesa humanidad cometidos principalmente por fuerzas policiales y parapoliciales.

Estas agresiones incluyen vigilancia, asedio, allanamientos y detenciones arbitrarias, concentrándose especialmente durante fechas conmemorativas, cuando el régimen busca impedir que realicen actividades de duelo por sus familiares.

“Desde 2018, el régimen de terror impuesto en el país no ha dejado de ampliar su alcance, trasladando la violencia más allá de las víctimas directas para atacar también a sus entornos familiares”, señala el informe. 

“El ataque a las familias —subraya— no constituye un hecho aislado, sino un mecanismo orientado a profundizar el control social, disuadir la búsqueda de justicia y quebrar el tejido comunitario de apoyo a las víctimas”. 

El informe destaca que muchas de las integrantes de esta organización han tenido que exiliarse producto de la represión estatal. Pero, en los países de acogida siguen siendo víctimas de persecución y vulnerabilidad. 

Yadira Córdoba, integrante de la Asociación Madres de Abril, fue detenida por autoridades de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en San Antonio, Texas, el pasado 20 de agosto de 2025, tras acudir a una cita rutinaria en oficinas migratorias.

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“Esto ha afectado profundamente sus proyectos de vida y los de sus familias, debilitando sus redes de apoyo y dificultando los procesos organizativos de los que forman parte”, señalan. 

8,400 agresiones contra mujeres en Mesoamérica 

Entre 2012 y junio de 2025, la IM-Defensoras documentó en Mesoamérica un total de 8,454 agresiones en contra de defensoras. 

En este contexto, muchas mujeres —principalmente madres, hijas, hermanas y esposas—, ante la inoperancia e incluso la complicidad de los Estados y sus instituciones, se han visto obligadas a transformar su vida cotidiana.

La falta de respuestas y de justicia las ha empujado a organizarse en colectivos y a asumir un rol de defensoras de derechos humanos.

Su lucha se centra en la “incansable búsqueda” de sus familiares desaparecidos, en la exigencia de justicia y reparación para las personas asesinadas o víctimas de feminicidio, así como en la denuncia de los encarcelamientos arbitrarios y procesos de criminalización contra sus seres queridos.  

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La Lupa Nicaragua