Daniel Ortega quiere silenciar a medios locales de Nicaragua

En Nicaragua los medios locales han intentado ser silenciados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en un ataque bruta y frontal contra la prensa libre e independiente. En solo lo que va de 2022 al menos 28 medios de comunicación y un programa radial fueron cerrados, algunos sin una orden legal con justificación y otras con una escueta comunicación.

La organización Voces del Sur también advierte que algunos medios para llegar a la decisión de cierre adujeron “problemas económicos”, que es considerado por ellos como un ahogamiento silencioso para censurar la programación.

“Aquí se han presentados dos fenómenos, uno es que les notifican al director del medio que cambie la línea editorial, el otro caso que conocemos es que aducen problemas económicos como falta de anuncio o pautas, como por ejemplo una radio de Bluefields, se registran casos de un alto costo en la factura de energía, un ejemplo es la explicación que dieron en Radio Corporación sobre el cierre del noticiero 10 en punto”, relata Voces del Sur.

Uno de los medios radiales cerrados fue Radio Vos, que transmitía desde el departamento de Matagalpa, emisora que se caracteriza por defender los derechos principalmente de las mujeres y la ciudadanía. 

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Para Argentina Olivas, propietaria de Radio Vos, la censura contra los medios de comunicación en Nicaragua es «innombrable», una violación a los derechos ciudadanos, pues los medios de comunicación independientes se deben a la ciudadanía.

“Se quiere que los periodistas repliquemos nada más lo que supuestamente el “buen gobierno” hace, nada productivo, sino que solo violenta los derechos humanos y eso no lo quieren entender, que la gente tiene pensamiento propio”, apunta Olivas.

A pesar del cierre y toma de sus instalaciones, Radio Vos esta continúa denunciando las acciones de violaciones a derechos humanos del régimen orteguista en contra de la población.

Olivas transmite un mensaje de esperanza para aquellos periodistas que se mantienen dentro del territorio nicaragüense, pues las condiciones para informar no son las adecuadas, pero se mantiene el esfuerzo de los comunicadores que a diario llevan la noticia a cada hogar.

“Sigamos haciendo periodismo, las esperanzas hay que mantenerlas, a veces sentimos que estamos en un callejón sin salida, pero todo cambia, no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista, por lo tanto, entre todas y todos vamos a encontrar las fuerzas para seguir resistiendo en este ataque contra el gremio periodístico”, puntualiza.

Radios católicas alcanzadas por la censura

La censura y ataque alcanzó también este 2022 a las radios que son dirigidas por la Iglesia católica de Matagalpa, entre ellas están: Radio Católica de Sébaco, Radio Hermanos, Radio Santa Lucía de Ciudad Darío, Radio Católica de Sébaco, Radio Aliens de San Dionisio, Radio San José de Matigúas, Radio Monte Carmelo de Río Blanco, y Radio Nuestra Señora de Lourdes en La Dalia.

De los canales de televisión emblemáticos que fueron también cerrados están: Canal 51, propiedad de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y el del periodista, David Mendoza, “Canal local RB 3-El Canal de la Zona Láctea», cuya programación era transmitida a través televisión por suscripción en el departamento de Matagalpa.

Las imágenes del periodista David Mendoza circularon a nivel internacional, cuando comunicaba el cierre de su medio que fundó hace 24 años en Rio Blanco.

Mendoza manifestó sentirse impactado por la noticia, en su momento, y no pudo contener las lágrimas en la última edición presentada al aire. Ahora es otro de los periodistas forzados al exilio junto a su familia.

Periodistas exiliados: asedio, agresiones y amenazas

Desde el año 2018, el inicio de las protestas contra las políticas impuestas por Daniel Ortega, alrededor de 150 periodistas se han visto forzados al exilio, y otros están encarcelados debido a la cacería y persecución del régimen.

Los últimos en verse forzados al exilio fueron trabajadores del diario La Prensa, entre ellos editores, fotógrafos y reporteros, quienes abandonaron el país en el mes de julio de este año para lograr resguardar su libertad y seguridad tras la persecución desatada por la dictadura en su contra.

Desde el 2018, el régimen de Ortega ha venido intentando censurar a los medios independientes, tras confiscar las oficinas de Confidencial y el canal 100% Noticias. Asimismo, las instalaciones del diario La Prensa permanecen ocupadas por la Policía desde el 13 de agosto del 2021, y tras la confiscación el régimen abrió en ese lugar un supuesto centro tecnológico.

Desde el arresto de periodistas y directivos de medios de comunicación, organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) exigen la liberación de los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza y el comentarista Jaime Arellano, así como de los miembros del directorio de La Prensa, Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y su gerente general Juan Lorenzo Holmann Chamorro. Todos ellos llevan más de un año en detención ilegal.

“Silenciamiento y bloqueo al acceso de información”

Un informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recoge que la situación de Nicaragua los mantiene con suma preocupación por la ola de persecución y hostigamiento contra la prensa independiente, ya que no existe en la actualidad ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y prensa en el país.

“Defender la libertad de prensa no es defender el privilegio de una persona, sino defender el derecho de una ciudadanía a estar informado. La prensa nicaragüense ha hecho un esfuerzo enorme por mantener encendida la información a pesar del propósito del silenciamiento que es absolutamente claro y evidente”, señala Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Las agresiones y ataques a medios y periodistas han impactado el acceso a fuentes, por lo que es difícil a la prensa acceder no solo a la información oficial sino a personas que sientan la confianza de opinar tras el encarcelamiento de voces críticas.