En 2001, María tenía apenas 19 años cuando supo que estaba embarazada. Recién había comenzado a trabajar, no se había graduado de la universidad aún y el padre de su hijo desapareció en cuanto se enteró de la noticia. 

Con el “terror” de que su familia la echara a la calle —porque son muy conservadores y nunca le hablaron de sexualidad—, María buscó desesperadamente una salida. Supo inmediatamente que no deseaba continuar con el embarazo. 

Aunque había un centro de mujeres en Managua que no anunciaba públicamente que realizaba interrupciones de embarazo, “se sabía que lo hacían”, recuerda. 

Allí, en una habitación pequeña y con equipos básicos, María se sometió a un procedimiento que recuerda “como si fuera ayer”, a pesar de que han pasado más de dos décadas y ahora es madre de tres hijos.

«Acudí sola. Yo conocía el lugar porque ahí iba por mis consultas ginecológicas», señala.

Además: “Victoria”, “Rosita” y “Beatriz”, tres casos de aborto que sacudieron a Centroamérica

«Durante el aborto —subraya— fueron muy profesionales y fue seguro porque no tuve ningún problema de salud (…) Me acuerdo que fue por la tarde, y salí ahí no más al rato. Agarré un taxi y me fui a la casa. Cada vez que me acuerdo de ese día me dan ganas de llorar por la experiencia que viví siendo muy joven”.

Esa decisión íntima y personal de María —que ocurrió apenas unos años antes de que se penalizara el aborto en el país—, ilustra una Nicaragua diferente, donde existían opciones para mujeres en situaciones desesperadas frente a un embarazo no planificado.

Hoy, 24 años después, esa misma decisión seguramente convertiría a María en una criminal según las leyes del país, donde se ha retrocedido en materia de derechos para las mujeres.

Las mujeres no son libres de tomar decisiones independientes sobre salud reproductiva.

Aborto en el centro del debate 

La experiencia de esta mujer que ahora tiene 43 años cobra especial relevancia tras el cuarto Examen Periódico Universal (EPU) al que fue sometido Nicaragua en noviembre de 2024 ante el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, donde el país recibió 279 recomendaciones de 88 países.

Al menos cuatro recomendaciones que hicieron México, Nueva Zelanda, Islandia y República Checa sobre el tema del aborto han sido ignoradas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

La situación del aborto en Nicaragua representa uno de los retrocesos más dramáticos en derechos reproductivos de América Latina. 

“El impacto es el obligar a maternidades que no son deseadas violentando un derecho fundamental”, dijo a La Lupa una activista y defensora de los derechos de las mujeres a quien no identificamos por el hecho de estar en Nicaragua. 

Desde 2006, Nicaragua penalizó en su totalidad todas las formas de aborto mediante reformas al Código Penal, convirtiéndose así en uno de los cinco estados independientes del mundo —junto a El Salvador, Haití, Honduras, y República Dominicana—, que establecen una prohibición total. 

Esta decisión eliminó incluso el aborto terapéutico, que había estado permitido durante más de 100 años bajo el artículo 165 del código anterior.

“El gobierno de Nicaragua hace caso omiso ni siquiera se apersonó cuando se estaban haciendo los análisis, para el examen del EPU sumamente ofensivos con el equipo que estaba a cargo de la evaluación”, dijo a La Lupa la feminista, defensora de derechos humanos y experta en temas de Salud Pública, Ana Quirós. 

¿Qué dicen las recomendaciones del EPU sobre el aborto?

Las cuatro recomendaciones internacionales recibidas durante el EPU son específicas y contundentes. 

Chequia instó a “revisar la prohibición absoluta del aborto e impartir educación integral a los jóvenes sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos”.

Por su parte, Islandia fue más directa al exigir “despenalizar el aborto y garantizar el acceso de todos a los servicios de salud sexual y reproductiva”.

Nueva Zelanda presentó una de las recomendaciones más detalladas en el EPU al demandar la derogación de la “prohibición total del aborto y la criminalización y detención de mujeres por los denominados delitos relacionados con el aborto en virtud del artículo 143 del Código Penal”. 

Esta recomendación señala específicamente el artículo que criminaliza a las mujeres, evidenciando el conocimiento preciso que tiene la comunidad internacional sobre la legislación nicaragüense.

Conforme al Código Penal de Nicaragua, las mujeres y niñas que interrumpen embarazos se exponen a ser condenadas con penas de hasta dos años de prisión, y los profesionales médicos que los practican pueden recibir penas de hasta seis años.

Puedes leer: Consecuencias de la penalización del aborto terapéutico en Nicaragua

Pero, México propuso un enfoque gradual y recomendó “elaborar protocolos para combatir la violencia sexual y promover avances en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, incluida la posibilidad de despenalizar el aborto en caso de violación, incesto, malformación fetal grave o amenaza para la vida o la salud de la madre”. 

La persistencia de estas recomendaciones refleja el fracaso del régimen nicaragüense para abordar una crisis de salud pública que ha puesto en riesgo la vida de miles de mujeres durante casi dos décadas.

“Estas recomendaciones son reiterativas al Estado de Nicaragua recomendando, sugiriendo, ampliar la legislación en materia de aborto para que, por lo menos, protejan derechos básicos de las mujeres. Ya no se pide aborto libre, legal y  gratuito, por lo menos que garanticen que una niña no llegue a parir un embarazo producto de violencia sexual”, mencionó la defensora que habló con La Lupa. 

Una Nicaragua que criminaliza a las mujeres 

Antes de la reforma de 2006, el aborto terapéutico era permitido con consentimiento de la madre, un familiar cercano y el dictamen de tres facultativos del Ministerio de Salud.

Además, existía una realidad paralela donde centros como el que visitó María proporcionaban servicios de interrupción del embarazo de manera discreta, pero segura. Sin embargo, esta legislación fue completamente anulada, dejando a las mujeres en Nicaragua sin ninguna opción, ni siquiera en casos donde la vida de la madre esté en riesgo.

Este escenario equivale a lo que las defensoras de derechos humanos describen como una grave violación a los derechos fundamentales. 

“Cuando se penaliza este derecho corre riesgos la vida de la mujer, incluso, puede ir a la cárcel como en El Salvador. Deteriora la vida emocional, económica de la mujer, o sea, afecta en todos los sentidos”, señaló otra defensora que también pidió hablar bajo anonimato debido a la represión de la dictadura en el país. 

El Instituto Guttmacher, organización líder en investigación y política comprometida con el avance de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo, sugiere que en Nicaragua, entre 2015 y 2019, la proporción de embarazos no deseados que terminaron en aborto aumentó del 21% al 27%. 

“Coloca a Nicaragua a más de la mitad de la población, que somos las mujeres, en un escenario de violación grave de derechos humanos. Las deja en grave riesgo e impunidad frente a actos de violencia y violencia sexual en particular contra las niñas”, afirmó una de las defensora de los derechos de las mujeres. 

Mientras Nicaragua mantiene una de las legislaciones más restrictivas del mundo, la comunidad internacional intensifica su presión para que el país reconozca los derechos reproductivos como derechos humanos fundamentales.

“En las escuelas no se está hablando de educación sexual, no se está hablando de métodos anticonceptivos, incluso, ni siquiera los centros de salud están promoviendo para una sexualidad más responsable, más saludable”, reiteró una de las defensoras. 

ONG canceladas empeora realidad 

La penalización no ha reducido la práctica del aborto, sino que la ha vuelto completamente clandestina y peligrosa, eliminando incluso opciones como el centro que ayudó a María en 2001.

María, quien logró graduarse y ha criado exitosamente a sus tres hijos reflexiona y piensa que «si hubiera sido hoy (el aborto) estaría en la cárcel o tal vez muerta”.

Además, el cierre forzado de decenas de organizaciones de mujeres ha profundizado esta problemática. 

Las cuatro recomendaciones recibidas en el EPU constituyen un llamado urgente para que Nicaragua abandone políticas que criminalizan a mujeres como María y ponen en riesgo sus vidas.

“Eran organizaciones que garantizaban el acceso a servicios vitales en salud reproductiva y ahora con el cierre de las organizaciones, eso ya no existe. No existen organizaciones o un tejido social que garantice derechos que el Estado niega”, puntualizó una de las defensoras. 

Estas demandas son necesarias recordarlas en el “Día de Acción Global por un Aborto Legal, Seguro y Gratuito”, que se conmemora cada 28 de septiembre, una oportunidad que tienen las organizaciones de mujeres para también demandar la despenalización del aborto en los distintos países de la región.

Se eligió el 28 de septiembre en conmemoración de la promulgación, en Brasil en 1871, de la Ley de Libertad de Vientres, que otorgaba la libertad a los hijos e hijas nacidos de mujeres esclavas a partir de esa fecha. 

Perfil del autor
La Lupa Nicaragua