Cuando denunciar no protege: violencia machista y desprotección de las mujeres migrantes


Las mujeres migrantes víctimas de violencia de género rara vez ven en la denuncia pública o judicial una salida eficaz para proteger sus vidas.
El miedo, la soledad, la falta de información, la ausencia de redes de apoyo, la situación administrativa irregular, el riesgo de perder la custodia de sus hijos, la dependencia económica y el racismo institucional son algunos de los factores que limitan el ejercicio de su derecho a denunciar.
Para profundizar en esta realidad que enfrentan las mujeres migrantes, La Lupa Feminista conversó con Tania Irías, coordinadora del proyecto ‘Plan de atención integral a mujeres migrantes víctimas de violencia de género en el Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura.
Fundada hace más de cuatro años, la organización reúne a más de 600 mujeres de distintas nacionalidades y trabaja para poner en el centro los derechos de las mujeres desde una perspectiva de género, laboral y de derechos de las infancias.
Entre las mujeres es más fácil que reconozcan otros tipos de violencia. Pueden nombrarlas, pero muchas veces lo hacen como si hablaran en tercera persona.
Es complejo porque, al final, la violencia se vive como un fracaso personal: “algo hice mal”, “me equivoqué”. Se percibe casi como un castigo. Entonces aparece una especie de resignación: “ni modo, me pasó”.
Muchas se lo guardan. Solo hablan cuando es indispensable: con la abogada, en atención psicológica o en los juzgados. El resto del tiempo intentan seguir adelante como si nada hubiera pasado.
También existe un esfuerzo por no sentirse fracasadas frente a otras mujeres. Pero no solo frente a quienes están aquí, sino frente a sus familias en sus países de origen. Muchas migraron buscando mejorar sus condiciones de vida y denunciar violencia puede percibirse como admitir que ese proyecto fracasó.
En lugar de entender salir de la violencia como un logro, muchas lo viven como una derrota. Y eso tiene que ver también con algo que vemos constantemente: es más fácil nombrar a la víctima que señalar al agresor.
«Salir de la violencia debería verse como un logro, pero muchas mujeres lo viven como un fracaso.»
Nosotras reconocemos que el acceso a la denuncia es importante, pero no debe ser el único elemento a considerar.
Hemos acompañado a mujeres que denuncian, pero luego tienen que abandonar la vivienda porque el contrato de alquiler estaba a nombre del marido. Otras han tenido que irse del territorio porque la familia del agresor no las dejaba en paz.
También hay mujeres que continúan viviendo con sus agresores porque simplemente no tienen a dónde ir. No es que no quieran salir de la violencia. Es que muchas veces no existen condiciones reales para hacerlo.
Muchas mujeres deciden alejarse o no denunciar porque saben que enfrentar un proceso judicial en un país que no es el tuyo puede ser mucho más complejo.
A menudo sienten que deben hacerlo solas, porque no cuentan con una red comunitaria aquí. Además, cuando enfrentan la violencia no solo lidian con el agresor, sino también con su entorno, que sí tiene redes sociales y apoyo en el territorio.
Siempre depende de los recursos que tenga cada mujer. Puede haber mujeres autóctonas en situaciones muy precarias.
Pero, en general, tener redes comunitarias, conocer los recursos institucionales y partir del hecho legítimo de denunciar estando en tu territorio marca mucho la diferencia incluso en el trato.
A las mujeres migrantes que denuncian violencia muchas veces se les presupone que lo hacen para obtener papeles o regularizar su situación. Y eso no es cierto.
Hay mucha desinformación y también discriminación en los servicios públicos y en la justicia. Con frecuencia hay menos credibilidad cuando denuncia una mujer migrante. Existe perfilamiento racial y un trato desigual en los procesos legales.
«A muchas mujeres migrantes que denuncian se les supone que lo hacen para conseguir papeles.»
Las propias políticas migratorias generan miedo. Muchas mujeres temen denunciar por el riesgo de deportación.
A esto se suma la precarización laboral. Muchas trabajan en el ámbito doméstico y de cuidados, con jornadas largas que apenas les permiten pensar en su propia situación.
También hay dependencia económica, barreras lingüísticas y desconocimiento de sus derechos. Muchas no saben que pueden denunciar independientemente de su situación administrativa.
Incluso cuando hablamos el mismo idioma, hay diferencias culturales que dificultan los procesos. Y además existe una violencia simbólica y mediática que reproduce estereotipos raciales y culpabiliza a las mujeres migrantes.
Uno de los mayores temores es la pérdida de la custodia de los hijos. Muchas mujeres sienten que serán juzgadas como madres por haber sido víctimas de violencia.
El racismo institucional también pesa: se presupone que denuncian para obtener algún beneficio. A eso se suma el miedo a perder el trabajo o quedarse completamente solas.
Hay muchas formas en que las mujeres terminan sintiéndose aisladas.
«El miedo a perder a sus hijos es una de las razones más fuertes por las que muchas mujeres no denuncian.»
Reconocemos que la denuncia es importante para que los agresores asuman responsabilidades. Pero no siempre es la salida para las mujeres, ni siempre garantiza un sistema de protección efectivo.
Lo que falta muchas veces es un enfoque interseccional en las políticas públicas. Migrar ya implica una carga emocional y muchas barreras. Cuando eso se combina con violencia de género, los procesos se vuelven mucho más complejos.
Uno de los problemas es la conexión de transporte entre municipios. Para muchas mujeres es difícil desplazarse o escapar de situaciones de violencia.
También influye el avance de la ultraderecha y los discursos de odio. A esto se suma que Extremadura históricamente ha recibido menos recursos económicos que otras comunidades autónomas.
Todo eso repercute en los recursos disponibles para las mujeres migrantes.
Muchas tenemos esperanza en que el feminismo sea realmente integral. Pero las mujeres migrantes solemos decir que somos cuerpos políticos que operamos desde la lateralidad de feminismos blancos europeos, que aquí son considerados los legítimos.
Tenemos puntos en común como mujeres, pero también experiencias marcadas por ser migrantes, racializadas o provenientes de otros contextos culturales.
Las cifras pueden reflejar más casos entre hombres migrantes porque muchas mujeres migran con sus parejas.
Pero cuando el agresor es autóctono aparecen otras formas de violencia. No solo actúa el agresor: también su familia y su entorno.
Además se utiliza con frecuencia el estatus migratorio como herramienta de control. Y aparecen ataques racistas o descalificaciones vinculadas al origen.
También vemos cada vez más violencia vicaria y manipulación de las infancias para hacer daño a las mujeres.
El Movimiento de Mujeres Migrantes ha acompañado tres intentos de feminicidio en Extremadura. En algunos casos, las sobrevivientes quedaron con secuelas físicas permanentes.
Pero incluso después de sobrevivir a la violencia, muchas deben seguir trabajando de inmediato para sostener a sus hijos.
“Las mujeres sobreviven, pero no siempre tienen tiempo para recuperarse”, dice Irías
Para el Movimiento de Mujeres Migrantes, el acompañamiento comunitario se ha convertido en una herramienta fundamental para sostener a quienes atraviesan procesos de violencia.
La organización trabaja articulando con oficinas de igualdad, servicios sociales, policía y ayuntamientos, además de derivar casos a otras entidades especializadas, como aquellas que atienden explotación sexual.
Sin embargo, Irías reconoce que todavía existen tensiones y barreras institucionales.
“Muchas veces seguimos encontrando estructuras jerárquicas o miradas coloniales dentro de las instituciones”, explica.
Aun así, insiste en que la articulación es necesaria para que las mujeres migrantes puedan acceder a recursos que, en teoría, también están pensados para ellas.
Porque para muchas mujeres, denunciar no es solo enfrentarse a su agresor. También significa enfrentarse a un sistema que todavía no siempre las reconoce como sujetas plenas de derechos.

Medio crítico feminista que informa sobre Nicaragua bajo dictadura.
