El comentarista político, Jaime Arellano y el empresario privado, José Dolores Blandino convocaron a una marcha el próximo 25 de febrero para llamar a la unidad y pedir la liberación de los presos políticos a pesar que persiste la negativa del régimen de permitir convocatorias de este tipo.

La marcha se realizará ese día, afirmó Arellano, porque ese día se cumplen 30 años  de la derrota electoral del dictador Daniel Ortega frente a Violeta Barrios de Chamorro, quien obtuvo la presidencia con el 54.7% de los votos.

“No necesitamos que nadie nos diga lo que podemos o debemos hacer por Nicaragua y la democracia en este país, ojalá todos los sectores y organizaciones nos unamos en este esfuerzo por Nicaragua y los presos políticos”, escribió Arellano en su cuenta de Facebook.

Por su parte, Blandino destacó en su cuenta de Twitter que con esta convocatoria se busca la anhelada  “unidad y libertad para los presos políticos”.

Horas después de hacer el anuncio la vivienda del comentarista político y del empresario opositor fueron asediadas por policías orteguistas que obedecen al régimen.

Tanto Arellano como Blandino anunciaron en un programa matutino de televisión que este fin de semana anunciarán la hora y el lugar.

LA PROHIBICIÓN DE LAS MARCHAS

El 28 de septiembre de 2018, la policía orteguista a través de un comunicado amenazó con procesar a quien convoque a manifestaciones de este tipo, desde entonces, los grupos opositores del país han estado limitados para ejercer su derecho a la protesta.

El comunicado fue dado a conocer tras acusar a los organizadores de las protestas de realizar tiroteos, agresiones y la muerte de varios ciudadanos.

“La Policía Nacional responsabiliza a quienes han convocado y convocan a estas concentraciones y movilizaciones públicas ilegales de las alteraciones al orden público, de las acciones ofensivas y delictivas, y de las agresiones que irrespetan el derecho al trabajo, a la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses», informó la institución orteguista en el comunicado que puso fin a las grandes movilizaciones que venían haciendo los nicaragüenses en contra del régimen.

El régimen prohibió las protestas en Septiembre de 2018. Foto tomada de El Nuevo Diario.

A partir de la lectura de este comunicado toda forma de protesta y manifestación ha sido reprimida por la policía y grupos paramilitares de la dictadura. No obstante, los opositores han mantenido su lucha y tratando de ejercer su derecho en las calles.

Esta sería la primera convocatoria que realizan grupos de la oposición este 2020.

Durante el 2019, la policía negó el permiso a las solicitudes que hicieron diversos grupos entre ellos a la que hizo el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) en enero de ese año.

“Caminata por la paz y el diálogo”, había sido el lema del Cosep, organización que desistió para no abonar a la cifra de muertos, desaparecidos y encarcelados que se reportaban en ese momento.

En mayo de ese año, la Unidad Nacional Azul y Blanco tampoco recibió autorización de marchar a pesar de cumplir con todos los requisitos que mandata la ley.

Posteriormente, en julio de 2019 la autoridad policial nuevamente negó una solicitud de los estudiantes que integran los diversos movimientos utilizando el mismo argumento de que no cumplían con los requisitos.

Dos meses después, en septiembre, la historia de la negativa volvió a repetirse con los médicos, quienes habían convocado a una caminata denominada “Unidos por la Justicia y la Paz de Nicaragua”.

En la carta que entregaron los médicos a las autoridades especificaban la ruta de la concentración y se pedía el resguardo de la Policía como establece la Ley 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional y los artículos 53 y 54 de la Constitución Política de Nicaragua.

Finalmente, en diciembre del año pasado las autoridades tampoco permitieron que miembros del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) marcharan el 10 de ese mes.

“La Policía Nacional resuelve no autorizar la marcha que pretende realizar el Cenidh y no autoriza ni autorizará movilización a personas, asociaciones o movimientos, que participaron y están siendo investigados en el fallido intento golpe de estado, que ha dejado secuela de trauma, luto y dolor en las familias nicaragüenses”, mencionó en su momento la autoridad.

Desde entonces las convocatorias de este tipo no tienen aceptación por parte de la policía.

En el programa televisivo, Arellano llamó al sector privado del país a que se sumen a esta convocatoria, mientras que el empresario invitó a su hija, Xiomara Blandino, quien es la esposa de Juan Carlos Ortega, hijo del dictador Ortega, a que se sume a esta marcha.  

Foto principal: Tomada de La Prensa

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La Lupa Nicaragua