Convenio contra ciberdelincuencia no alterará uso de Internet en Nicaragua

Seis años después que Nicaragua firmara el Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre la Investigación, Aseguramiento y Obtención de Pruebas en materia de Ciberdelincuencia, en mayo de 2014, la Asamblea Orteguista ratificó el documento que establece un marco de colaboración para recuperar información sensible vinculada a la delincuencia entre los gobiernos de Guatemala, Nicaragua, Portugal, Perú y Uruguay.

La propuesta fue enviada a la Asamblea Nacional busca desarticular el crimen organizado que opera a través de internet. El convenio establece que los países firmantes, podrán pedir mecanismo de cooperación y colaboración entre las distintas naciones, para que los delitos cibernéticos en sus distintas expresiones, no queden en la impunidad y puedan ser perseguidos, investigados y sancionados de conformidad con los códigos penales de cada país.

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«Esta no es una ley que surge en Nicaragua, es un convenio internacional para combatir los ciberdelitos porque en la actualidad el crimen organizado está operando a través de lo virtual”, dijo el diputado sandinista Carlos Emilio López.  Según el Convenio, las células de delincuentes que operan detrás de una computadora han estado cometiendo asaltos bancarios, clonando identidades personales y casos de abuso sexual por medio de internet.

«NO VIENE NI A MEJORAR NI A EMPEORAR»

El experto en Marketing Digital, Manuel Díaz expresó que este convenio no viene «ni a mejorar ni a empeorar nada» en el uso de internet en Nicaragua, en especial ante la falta de un Estado de Derecho, y el predominio de un estado policial que no ha necesitado de leyes para despojar y controlar los equipos tecnológicos, pero también porque comunicaciones como la que se dan en redes sociales son imposible de intervenirla, a diferencia de los sms y las llamadas corrientes.

«En Nicaragua el gobierno no ha necesitado ninguna ley para arrebatarle, robarle y confiscarle dispositivos y toda esa información a nadie. Desde los tiempos que le quitaron a Cinco a Esta Semana aquellos equipos hasta el dia de hoy cuando han querido han quitado computadora, teléfono y no lo devuelve entonces esta ley (covnenio) no viene ni a mejorar ni a empeorar nada de eso porque ellos nunca han necesitado nada de eso», expresó Díaz.

Consideró que «pueda ser una ayuda para convencer a los proveedores de intervenir comunicaciones no cifradas, que son los sms y las llamadas corirentes de celulares» y mediante la utilización del convenio el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretendan presionar a empresas como Movistar para interceptar comunicaciones, pero eso dependerá de la empresa aunque asume que «hay un área gris» en materia legislativa ante la falta de leyes que lo regulen en Nicaragua. De igual forma se mostró escéptico que las empresas se presten a que les intervengan sus comunicaciones.

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Otra posibilidad que valora Díaz, es que al tratarse de un convenio entre países que el régimen de Ortega solicite a otros países poder intervenir los teléfonos de personas de interés, pero finalmente esta decisión quedará en manos de las autoridades del país aludido.

«En esa Asamblea no hay un solo diputado que este en capacidad de entender de lo que están hablando. Firmaron sin saber de lo que estan hablando, por un lado y por otro, no hay capacidad del gobierno actual de ejecutar lo que esta aquí hay un monton de cosas que el gobierno no esta en capacidad. No hay técnicos, gente que sepa, habilidades y capacidades por lo tanto, es papel mojado. Para que te des una idea, hay un área en la policía se supone es la parte ténica, pero nunca he escuchado que puedan abrir un celular. Es bastante rudimentaria las habilidades del gobierno», dijo.

Por su parte, el periodista y docente Guillermo Cortéz Dominguez, manifestó que  mediante «una lectura somera indica que no es un nuevo instrumento represivo de la dictadura, sino una normativa internacional, pero como no hay Estado de Derecho en nuestro país, sino la ley de la selva, el régimen actúa de hecho como mejor le conviene. Por ejemplo, la incautación de dispositivos susceptibles de guardar información como discos duros y teléfonos celulares es algo que viene haciendo la dictadura desde antes del 2018».