Más de 50 mujeres fueron asesinadas en Nicaragua entre enero y noviembre de 2025, según registros preliminares de organizaciones feministas. En el país la violencia machista persiste y las respuestas del Estado continúan siendo insuficientes, en un contexto donde denunciar implica riesgos y las pocas redes de acompañamiento que quedan “operan en la clandestinidad” por seguridad frente a la persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Creo que este año (2025) fue difícil para las mujeres, porque están más expuestas y con menos protección que nunca (…) Nicaragua está enfrentando un retroceso impresionante en todos los derechos o garantías que en algún momento las mujeres tenían en este país. Cosas que se habían alcanzado de poquito en poquito, en este momento, no existe nada que garantice el más mínimo derecho para las mujeres”, advirtió una defensora consultada y que solicitó el anonimato por razones de seguridad. 

El país mantiene la penalización absoluta del aborto  aprobada en 2006 con el retorno de Daniel Ortega al poder. 

Las mujeres no son libres de tomar decisiones independientes sobre salud reproductiva y el régimen ha cancelado más de 5,600 organizaciones no gubernamentales —incluidas casas de atención y colectivos feministas— debilitando los mecanismos para atender a las víctimas.

El país mantiene la penalización absoluta del aborto aprobada en 2006 con el retorno de Daniel Ortega al poder.

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“¿Cómo estarán haciendo para acceder a servicio de anticoncepción, cómo estarán haciendo para acceder a información? Una cosa que ha sido importante o clave es que la información está en internet y ahorita cualquiera puede acceder a través de un teléfono a cierta información. Es importante reconocer que lo hecho por las organizaciones desde hace muchísimos años también puede tener un impacto”, dijo la defensora que habló en anonimato. 

La izquierda, los conservadores y los ultraderechistas

Aunque Nicaragua es un caso extremo, los retrocesos en los derechos de las mujeres que se registran bajo políticas de izquierda con rasgos autoritarios, como ocurre con el régimen de Ortega y Murillo, también se han registrado a lo largo de 2025 en gobiernos conservadores y ultraderechistas de América Latina que impulsan “agendas y discursos antiderechos”.

El avance de estos gobiernos durante 2025 supuso retrocesos en políticas de género y derechos de las mujeres con recortes presupuestarios, ataques al derecho al aborto, negación de la violencia machista y debilitamiento de programas de protección.

“El hecho, por ejemplo, de la penalización del aborto bajo cualquier circunstancia siga estando criminalizado nos da una perspectiva más amplia de cómo estas agendas, estos discursos han calado posicionando a la mujer no como un sujeto de derecho, sino como un objeto, es decir como el Estado legisla sobre tu cuerpo”, señaló la activista y defensora de derechos humanos Alexa Zamora.

Por su parte, Claudia Vargas, directora de la Liga Feminista de Refugiadas Políticas describió un año marcado por el desfinanciamiento y la vulnerabilidad extrema. “Este año ha sido un año bien difícil. El retroceso en materia de mujeres nos afecta directamente”, afirmó. 

Vargas señaló que los “discursos de odio” y los recortes presupuestarios tienen consecuencias inmediatas. “Cualquier cosa que tenga que ver con mujeres no hay más financiamiento… el poco financiamiento que había ya no existe más”, recordó.

Además, en muchos países los Estados niegan la violencia contra las mujeres y se vuelven cómplices, al no investigar los casos, minimizar los crímenes y obstaculizar la labor de organizaciones que brindan apoyo a las víctimas.

“Las mujeres miskitas —subrayó Vargas—, se encuentran en una crisis acá en Costa Rica, una crisis que el Estado no quiere reconocer”. 

¿Qué pasa en América Latina?

En Argentina, el presidente Javier Milei propuso un Presupuesto 2026 que contempla una fuerte reducción y reconfiguración de las partidas destinadas a políticas de igualdad de género. 

Desde que asumió su cargo, en diciembre de 2023, el ultraderechista Milei adoptó una postura abiertamente crítica hacia las políticas de género. Y en esa línea de su mandato, en 2024 cerró el Ministerio de la Mujer dejando desprotegidas a miles de víctimas de la violencia machista.

En Estados Unidos, la administración de Donald Trump emitió diversas órdenes ejecutivas que restringieron políticas de igualdad y derechos de género. 

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Las medidas en la nueva era Trump incluyen medidas que reforzaron limitaciones a la atención reproductiva y excluyeron a personas trans de programas federales, además de respaldar prohibiciones como la de deportistas trans en competencias femeninas, lo que ha sido interpretado como un retroceso en derechos de mujeres y diversidades. 

Asimismo, la drástica paralización de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha dejado sin apoyo a numerosas oenegés y proyectos de salud sexual, reproductiva y empoderamiento de mujeres en distintos países. 

Y más recientemente en Chile donde la elección del ultraconservador José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia el 11 de marzo de 2026, supone también una amenaza para las mujeres y diversidades. 

La agenda de Kast pone resistencia al avance de los derechos reproductivos, a la educación sexual integral y a políticas de igualdad, generando preocupación por posibles retrocesos en derechos alcanzados por las mujeres.

Ante este escenario, las organizaciones feministas apuestan por la articulación comunitaria como estrategia de resistencia.

“La situación es compleja, pero nos obliga una vez más a articularnos entre nosotras, a crear mayores redes de mujeres”, sostiene Vargas. 

¿Cuál es la amenaza?

La ultraderecha y los conservadores representan una amenaza para las mujeres a nivel global al promover políticas que reducen derechos reproductivos —aborto, educación sexual—, atacan la ideología de género e intentan reinstalar el patriarcado, coinciden ambas defensoras de derechos humanos. 

“Uno de los derechos que se ve más vulnerados es el derecho a la salud sexual y reproductiva, pero también el derecho a vivir libres de violencia”, señaló Zamora, y advirtió que, sería “un grave error volver a relegar la necesidad de cerrar las brechas de género que existen en materia de participación política”. 

Frente al avance de estas ideologías, sin dejar atrás las de izquierda, Vargas apuesta por la acción colectiva. “Este tejido sirve también como un sostén frente al autoritarismo que quiere venir por nosotras… la idea es sacarnos del espacio público y devolvernos al espacio privado”. 

“A la ultraderecha le interesa que nosotras estemos maternando, no importa las condiciones en las que nos encontremos, ni siquiera planificando porque el derecho a la planificación familiar también está negado. Por supuesto, no es solamente que está negado el derecho a elegir la maternidad o a no elegirla y me refiero a un aborto seguro gratuito”, puntualizó Vargas. 

En junio de 2025, María Noel Vaeza, directora regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, afirmó que aún no se observa un retroceso legislativo en los derechos de las mujeres en la región y expresó su deseo de que la situación permanezca así y no se revierta. 

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La Lupa Nicaragua