Por su “valiente defensa” de los derechos humanos en Nicaragua en un contexto de dictadura, el Consejo de los Ilustres Colegios de la Abogacía de Cataluña (CICAC), en España, reconoció a cinco mujeres nicaragüenses con el premio “Valors”.
Son cinco abogadas y defensoras de derechos humanos no solo desnacionalizadas, sino que despojadas de sus títulos de abogados y suspendidos de por vida de la profesión por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A dos de las abogadas, el régimen las mantuvo prisioneras y las sometió a juicios ilegales, donde no se respetó las garantías procesales y se les condenó por delitos de “conspiración” y “menoscabo a la integridad nacional”. El premio también reconoció a 4 abogados nicaragüenses.
Estas son las 5 mujeres destacadas:
En 2019, mientras ejercía funciones como abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en representación de un preso político la arrestaron, luego de dar una bofetada a un agente policial que la tocó de forma lasciva. Aunque la pusieron en libertad, bajo presentación periódica no cesó la represión en su contra.
El 29 de julio de 2021, el régimen nuevamente la capturó. La detención se llevó a cabo “sin leerle ningún derecho consagrado en la Constitución Política de Nicaragua” y fue precedida por una campaña de estigmatización y desacreditación en contra de las y los integrantes de la CPDH, así como de graves actos de amedrentamiento.
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La procesaron y condenaron a 8 años de prisión, pero el 9 de febrero de 2023 la pusieron en libertad después de 560 días encarcelada injustamente, aunque desterrada y desnacionalizada.
“Por denunciar violaciones a derechos humanos y demandar justicia y democracia en Nicaragua fui detenida ilegalmente”, reconoció Ana Margarita Vijil cuatro meses después de su liberación y destierro.
La defensora de derechos humanos fue encarcelada el 13 de junio de 2021 en un contexto de persecución contra líderes opositores, defensores y periodistas previo a las elecciones de noviembre de ese año.
Vijil es abogada de profesión, una líder política y activista de derechos humanos que pasó 606 días en “El Chipote” en aislamiento en solitario, escaso acceso a sol y pocas visitas familiares. Forma parte del grupo de 222 presos políticos desterrados y desnacionalizados llevados a Estados Unidos.
El despojo de la nacionalidad se suma a larga lista de graves violaciones de derechos humanos que, desde hace cinco años, ocurren de forma cotidiana en Nicaragua.
Es abogada especializada en temas de cambio climático y derecho ambiental. Esos conocimientos le permitieron apoyar en los últimos años al Movimiento Campesino Anticanal en Nicaragua, una organización social que se levantó en contra de la construcción del Gran Canal Interoceánico, el proyecto faraónico y fallido del régimen Ortega Murillo.
El 15 de febrero de 2023, a López Baltodano la incluyeron en un grupo de 94 nicaragüenses a los que régimen también les arrebató la nacionalidad. La abogada recibió la noticia en el exilio y para ella solo es una “represión simbólica”.
“Que la decisión de unos enfermos del poder te agarre ya siendo refugiada, no es una suerte del azar tampoco. Nadie es refugiado por gusto”, escribió en un artículo de opinión publicado en el sitio digital nicaragüense Confidencial.
Siguiendo la línea represiva, Daniel Ortega y Rosario Murillo también le arrebataron la nacionalidad a la veterana defensora, Vilma Núñez, una de las defensoras nicaragüenses más comprometidas con la verdad, la justicia, la democracia y la lucha por los derechos humanos en el país.
A la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la condenaron a no ejercer más como abogada ya que la despojaron de su título profesional. En 2018, el régimen ordenó el cierre del Cenidh y confiscó las oficinas donde por más de 30 años trabajó la incansable defensora de derechos humanos.
“Es la misma policía la que obstaculiza nuestra labor”, denunció en mayo de 2021 la defensora que es reconocida a nivel internacional por su labor como defensora de derechos humanos.
En mayo de 2023, la Corte Suprema de Justicia le ordenó entregar sus títulos y protocolos en el término de 24 horas “bajo apercibimiento de ley” en caso de no hacerlo.
En 2018, Martínez se convirtió en la primera abogada en Nicaragua en defender a presos políticos de forma voluntaria. Esa labora le costó amenazas de muerte, estigmatización en redes sociales, hostigamiento y vigilancia.
“Mi único deseo es la libertad de inocentes y justicia para asesinados”, dijo la defensora a La Lupa al conocer que está en la lista de las premiadas.
