El fenómeno de la corrupción es un mal que prevalece en la región y afecta directamente los derechos humanos de sus poblaciones –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales- como ocurre en Nicaragua, donde el régimen en los últimos 13 años ha debilitado las instituciones democráticas y continúa socavando el Estado de Derecho.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su más reciente informe temático “Corrupción y derechos humanos”, destacó al menos cuatro aspectos de cómo en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través de sus prácticas de corrupción, en los últimos años han vulnerado los derechos de la población.

Clientelismo

El clientelismo, es decir la tendencia a favorecer a determinadas personas, constituye una forma de corrupción que “preocupa” a la Comisión.

Cuando el acceso a los servicios públicos, agrega el informe, se condiciona según el sector político, religioso u otro, se está haciendo una “diferenciación prohibida por las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos”, señala la CIDH.

Esa práctica fue muy usual en Nicaragua durante las protestas pacíficas antigubernamentales en 2018, así como las “represalias laborales tomadas por dicho Estado en contra de personal médico y docente por su oposición política”, dice el documento.

En su momento, la CIDH “también han manifestado su condena a la negación de atención sanitaria de emergencia a personas identificadas como opositoras del Gobierno en Nicaragua en el contexto de las protestas sociales y represión estatal durante el 2018”.

Durante la “Rebelión de Abril”, el Ministerio de Salud orientó negar la atención médica a los manifestantes heridos en el contexto de la represión estatal.

El 22 de junio de 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos dictó sanciones en contra de la entonces ministra de Salud, Sonia Castro por considerar que era “responsable directa de negarle el derecho de atención médica a los manifestantes heridos, así como de despedir al personal médico que les brindaba ayuda”.

“El tratar en forma diferenciada a las personas dependiendo de sus opiniones políticas, es una forma de discriminación”, menciona el informe de la CIDH.

médicos despedidos

Durante la pandemia de la COVID-19, igual como ocurrió durante la crisis, el régimen llevó a cabo el despido de médicos que solicitaron y exigieron se cumpliera con las medidas de prevención.

Censura

En la misma línea, la CIDH constató que en casos extremos algunos Estados de la región acuden a la “censura, bloqueo o eliminación de páginas web o cuentas en redes sociales”, tanto en medios tradicionales o en Internet de medios de comunicación que se dedican a investigar corrupción en el gobierno.

“En Nicaragua, el Estado ha adoptado medidas de censura directa e indirecta e interferencias tanto por parte de agentes del Estado como acciones violentas por parte de particulares en contra de los medios independientes”, se lee en el informe.

El caso más reciente, es el caso del Canal 12 de televisión que está siendo de reparo fiscal millonario y por medio del cual se han embargado las cuentas bancarias y propiedades del director, Mariano Valle.

Cabe recordar que, desde diciembre de 2018, permanece tomada la sala de redacción de Confidencial, Esta Semana y Esta Noche que dirige el periodista, Carlos Fernando Chamorro.

Los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda fueron encarcelados a finales de ese año, al mismo tiempo que la Policía sandinista se tomó y mantiene tomadas las oficinas donde funcionaba Canal 100% Noticias.

Libertad de expresión

Por otro lado, en su informe temático, la CIDH señala que cuando las “instituciones del Estado han sido infiltradas por la corrupción”, también se produce una “erosión de las garantías de la libertad de expresión”.

De esa situación emerge una grave consecuencia en contra de los periodistas, “incluyendo la forma más extrema como el asesinato». Detrás únicamente está la intención de “silenciar a quienes investigan el crimen organizado, los abusos de poder o la corrupción”, señala el informe.

En Nicaragua, en el contexto de la crisis en 2018 miembros de la Policía sandinista asesinaron al periodista Ángel Gahona, según denunció en su momento su viuda, la periodista Migueliuth Sandoval.

Figuras legales

La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión también establecen en el informe que diversos Estados están aplicando “diversas figuras penales, redactadas en forma vaga y ambigua”, con el fin de restringir el debate público.

En las últimas dos semanas, en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto a su aplanadora de diputados sandinistas, ha llevado a cabo la aprobación de dos leyes que no cuentan con respaldo.

Este martes 27 de octubre, los 70 diputados sandinistas aprobaron la Ley Especial de Ciberdelitos que también persigue censurar la labor de los medios de comunicación independientes que siguen en resistencia.

“La Comisión ha llamado la atención sobre este fenómeno en Venezuela, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Brasil, Perú y Guatemala. Esta problemática no ha cesado”, menciona el documento.

En Venezuela, las restricciones para difundir ideas y opiniones sobre asuntos de interés público se agravó con la creación de normas como la llamada “ley contra el odio”, que castiga con penas de prisión severa las expresiones que caen bajo una “definición amplia del discurso de odio, la discriminación y el terrorismo”.

En Nicaragua, el régimen también inició este martes la discusión en la Asamblea Nacional para  reformar la Constitución Política de Nicaragua y establecer la cadena perpetua por crímenes de odio.

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La Lupa Nicaragua