CIDH advierte que “impunidad” prevalece en Honduras
CIDH confirma que en Honduras las mujeres, las personas defensoras y población LGBTIQ+ están expuestas a la violencia.
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Por 27 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que Honduras continúa siendo el país más inseguro de Centroamérica, y el segundo con la tasa de homicidios más alta en Latinoamérica.
Las mujeres, las personas defensoras de derechos humanos y la población LGBTIQ+ son quienes sufren más violencia y en estos casos prevalece la impunidad, señala la CIDH.
A partir de su informe «Situación de derechos humanos en Honduras» que aborda la situación de los derechos humanos tras la visita in loco realizada del 24 al 28 de abril de 2023 en Honduras, la CIDH señala que estos grupos poblaciones tienen poco “acceso a la justicia”.
“Los obstáculos en el acceso a la justicia impactan de manera diferenciada respecto de ciertos grupos de población como las mujeres, las personas defensoras de derechos humanos y las personas LGBTI”, añade la Comisión.
El 95% de los femicidios y muertes violentas de mujeres reportados entre 2002 y febrero de 2023 se “mantienen impunes” en Honduras, según la CIDH.
Una situación similar acontece con las personas defensoras de derechos humanos en el país, pues de los 136 asesinatos registrados entre 2014 y junio de 2023 “más del 95% no ha sido sancionado”.
Por otro lado, la falta de condena de los delitos contra la vida e integridad personal de las personas LGBTI “alcanza los niveles del 93% de impunidad, ya que de las 194 personas LGBTI asesinadas entre 2017 y 2022, solamente 13 casos obtuvieron sentencia condenatoria”.
87% de impunidad en Honduras
Rihanna Ferrera, defensora de derechos humanos en Honduras, explica a La Lupa que la elección del fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, reforzó el círculo de impunidad en el país.
“Con la elección del fiscal general del Ministerio Público se evidencia que la impunidad sigue imperando. Empiezan a hacer movimientos de la Fiscalía de la Mujer para que deje de investigar muertes de mujeres (…) Quienes hemos venido denunciando a través de redes sociales o denuncias ante el Ministerio Público, lo que sucede son persecuciones, se nos han cerrado las puertas y criminalización (…) Ponen en riesgo la vida de las personas”, explica Ferrera.
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Según el reporte de la CIDH, en el 2022 se documentaron 3,435 homicidios a nivel nacional con una tasa de 35.8 homicidios por cada 100,000 habitantes.
El órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, señala que Honduras sigue siendo un “país violento para la defensa de derechos humanos”.
Los defensores del medio ambiente, la tierra y/o el territorio son quienes corren mayor peligro.
Solo en el primer semestre de 2023, 10 personas defensoras murieron en condiciones violentas, cuando realizaban actividades de defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente.
En 2022, las organizaciones de la sociedad civil de Honduras registraron 17 asesinatos de personas defensoras. Ese año los niveles de impunidad de los homicidios alcanzó un 87%.
“La tasa de impunidad sería aún mayor cuando se trata del asesinato de mujeres, personas defensoras y personas LGBTI”, resume el informe.
¿Qué está haciendo el Estado?
Uno de los casos en que prevalece la impunidad es el de la lideresa ambientalista Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.
Durante su visita in loco, la CIDH corroboró que aún estaría pendiente de investigar a otras personas que serían “autoras intelectuales del asesinato”.
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Según la CIDH, peses a los esfuerzos del Estado hondureño para reducir los niveles de impunidad en los delitos contra la vida, de los 3,441 homicidios registrados preliminarmente por la Secretaría de Seguridad en 2022, solo 859 casos habrían llegado al sistema judicial, es decir, un 25% de los casos fueron judicializados y solo 434 de los asesinatos obtuvieron una sentencia condenatoria .
“La corrupción y la impunidad generalizada han deteriorado la confianza de la población en las instituciones de procuración y administración de justicia en Honduras. Es prioritario que el Estado avance en reducir la impunidad”, señala la CIDH.
CIDH alerta que estado de excepción no frena delitos
Ferrera explicó que la ampliación del estado de excepción impuesto por la presidenta Xiomara Castro para hacer frente a la violencia no brinda los resultados deseados para frenar la ola de violencia.
El 6 de diciembre de 2022, el Gobierno declaró estado de excepción a través del decreto ejecutivo PCM-29-2022, asegurando que así se controlaría a las pandillas tras el repunte de los delitos de extorsión, sicariato y secuestro.
“La ciudadanía hondureña ha visto que el trabajo o las prácticas que están utilizando en el estado de Honduras son las mismas prácticas de El Salvador y que, varios hondureños, han rechazado esas prácticas”, denunció Ferrera.
La defensora de derechos humanos señaló que las autoridades entran a las casa de madrugada, se los llevan y “no dan información del paradero de la persona que se llevaron”.
La CIDH concluyó advirtiendo que cuando el Ejército participa en tareas de seguridad, ésta debe de ser de manera extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada.
«La Policía Militar, la Policía Nacional y todos los entes de seguridad están generando violaciones a los derechos humanos y el estado de excepción no es una medida de seguridad y la inseguridad ha seguido incrementándose», agregó Ferrera.
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