Casa Alianza Nicaragua es una organización no gubernamental que desde 1998 se ha dedicado a brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes.
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cancelaron la personería jurídica a 15 organismos sin fines de lucro, entre ellas 10 que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas la Asociación Casa Alianza, que contaba con dos centros de protección especial a madres adolescentes.
La “disolución voluntaria” de las diez organizaciones fue publicada en La Gaceta, en un acuerdo ministerial firmado por la ministra de Gobernación María Amelia Coronel.
De acuerdo al Ministerio de Gobernación, las otras cinco organizaciones fueron cancelados por incumplimiento a las leyes que los regulan.
Hasta la fecha suman casi 3,500 las organizaciones que han sido cerradas por la dictadura desde 2018.
Casa Alianza Nicaragua es una organización no gubernamental que desde 1998 se ha dedicado a brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes de entre 13 y 17 años que están en situación de calle, adicciones y que son sobrevivientes de múltiples formas de violencia.
Mediante un modelo de atención integral, el niño, niña o adolescente ingresaba a cualquiera de las dos residencias especializadas donde se procuraba o buscaba la forma de reinsertarlos socialmente y se les daba atención especializada en el área de gestión social, salud, psicoterapia, acompañamiento legal y reintegración familiar.
Esta organización recibió en 1999 la Certificación Internacional Praesidium que los avala como un centro que cumple con todos los estándares internacionales para atender a sobrevivientes de abusos.
En octubre de 2020 el Ministerio de la Familia ordenó el cierre de dos centros residenciales especializados de Casa Alianza Nicaragua, alegando que se violaron las normas establecidas en el marco jurídico vigente del país por lo que se procedió a retirar a las niñas, niños y adolescentes que estaban bajo “protección especial”.
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La notificación fue firmada por la ministra de la familia, Johana Vanesa Flores Jiménez, y en ella informa que no continuarán remitiendo a “niñas y niños abandonados y abusados así como adolescentes madres o embarazadas que requieran la tutela temporal del Estado” a la Residencia Corad Hilton y Residencia Madres Adolescentes, los dos lugares que deben dejar de funcionar por mandato de esta institución.
