El juicio de Beatriz representa una oportunidad para visibilizar la deuda que tiene el Estado salvadoreño con los derechos de las mujeres de ese país, dice Camila Omar, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), e integrante del equipo legal de Beatriz en el próximo juicio Beatriz vs Salvador.
Se trata del segundo juicio que El Salvador enfrentará ante el tribunal de mayor autoridad en la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por violentar los derechos sexuales y reproductivos de mujeres con la penalización absoluta del aborto.
Esta vez, el Estado de El Salvador es acusado de violentar los derechos humanos de Beatriz en 2013, una mujer a la que se le prohibió la interrupción voluntaria del embarazo de manera temprana y oportuna, a pesar que dicho embarazo representaba un riesgo para su vida y el feto no tenía posibilidad de vida extrauterina. Años más tarde, Beatriz falleció.
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“La importancia de que tengamos una audiencia sobre esto es porque el caso de Beatriz no son hechos aislados, sino que se insertan en un contexto de prohibición absoluta del aborto. La situación de Beatriz representa la situación de muchas mujeres, niñas y adolescentes en El Salvador hasta el día de hoy”, expresa Omar.
“Por eso la audiencia representa una oportunidad para visibilizar las causas estructurales que provocaron la muerte de Beatriz, y para visibilizar la deuda del Estado con los derechos de las mujeres”, añade. La fecha de la primera audiencia del juicio será establecida en los próximos meses.
Con el juicio se espera que la Corte IDH emita reparaciones integrales para la familia de la víctima, y sobre todo, que emita garantías de no repetición para que los hechos denunciados no le vuelvan a ocurrir a ninguna mujer en el país.
“Esto es muy significativo porque implica cambios estructurales en El Salvador para el cumplimiento de los derechos de las mujeres”, explica Omar.
La abogada también señala que en el caso de que la Corte falle a favor de Beatriz, el Estado de El Salvador está obligado a cumplir la sentencia, y no puede emitir disposiciones de carácter interno para justificar el incumplimiento de lo ordenado por la Corte.
El Salvador prohibe absolutamente el aborto desde 1998, esto incluye los casos de embarazos producto violación, mujeres cuyas vidas estén en riesgo o embarazos en los que el feto no pueda vivir fuera del útero.
Organizaciones de derechos humanos también han denunciado que el Estado salvadoreño incluso criminaliza a las mujeres que tienen emergencias de salud durante su embarazo, quienes son acusadas por homicidios agravados y condenadas con sentencias entre los 30 y 50 años de cárcel.
Esto impide que las mujeres tengan acceso a salud integral, y por lo contrario, son perseguidas penalmente, especialmente las que se encuentran en situación de pobreza.
Beatriz era una joven proveniente de la zona rural de El Salvador que padecía de lupus y artritis reumatoidea. En el 2011 tuvo un embarazo de alto riesgo, ya que en ese momento presentó anemia, un cuadro lúpico exacerbado, hipertensión arterial y preeclampsia, finalmente dio a luz en 2012 a un niño pretérmino que presentó múltiples enfermedades.
Nueve meses después de haber tenido a su primer hijo, Beatriz descubrió que nuevamente estaba embarazada. Sin embargo, era un embarazo de mucho mayor riesgo debido a sus enfermedades de base y a los antecedentes de su embarazo anterior. Por otro lado, en un ultrasonido se determinó que el feto padecía de anencefalia, una condición que es incompatible con la vida.
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Ante esto, Beatriz solicitó la interrupción del embarazo, pero el médico que la atendió le dijo que su solicitud era ilegal, a pesar que era el procedimiento inmediato para salvar su vida. Por su parte, las autoridades salvadoreñas también sostuvieron que su petición representaba una amenaza a los derechos del no nato.
Beatriz también aseguró recibir amenazas y hostigamientos por parte del personal de Salud, por lo que acudió a organizaciones sociales para exponer su situación. Después de tres meses, su caso se elevó a la Corte IDH y se ordenó al Estado de El Salvador practicar la interrupción del embarazo, el cual se realizó.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también concluyó que El Salvador violentó los derechos a la vida, integridad personal, vida privada y salud física y mental de Beatriz.
A pesar que Beatriz logró salvar su vida en el 2013, en 2017 falleció debido a un accidente de tránsito más el estado deteriorado de su salud que padecía por las enfermedades.
Después de su muerte, las organizaciones sociales que acompañaron a Beatriz en el proceso de demanda, exigen reparación integral del daño provocado a su familia; medidas de no repetición para que ninguna mujer sea forzada a vivir lo que Beatriz pasó; y modificación del marco legal que penaliza absolutamente el aborto y atenta contra la vida de miles de mujeres salvadoreñas.
No es la primera vez que El Salvador es denunciado internacionalmente por violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En noviembre de 2021, el Estado salvadoreño fue condenado responsable de la muerte de Manuela, una mujer que fue condenada a 30 años de prisión por tener una emergencia obstétrica que le hizo perder su embarazo, y que murió en custodia policial por no recibir atención médica adecuada.
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La Corte IDH estableció que el Estado violentó los derechos a la vida, a la salud, a las garantías judiciales, a la protección judicial; y al principio de igualdad y no discriminación. Y que durante el proceso penal contra Manuela «hubo estereotipos de género que impactaron en la condena», según la sentencia emitida.
