La aplanadora sandinista amplió por tres meses el periodo de funcionamiento de la “Comisión de la Verdad”, cuyos miembros han mantenido un discurso a favor del régimen sobre la masacre cometida contra el pueblo desde el 18 de abril de 2018. 

La Asamblea Nacional volvió a ampliar el periodo de funcionamiento de la “Comisión de la Verdad, Justicia y Paz”, creada para investigar y esclarecer los hechos violentos ocurridos en Nicaragua desde abril de 2018, pero que ha sido criticada por su parcialidad hacia el régimen de Daniel Ortega avalando la teoría de un intento de golpe de Estado y descalificando la protesta social del pueblo.  

Mediante la resolución 02-2019 publicada este lunes en La Gaceta, diario oficial, la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, ratificar la ampliación del período de funcionamiento de la «Comisión de la Verdad, Justicia y Paz», por tres meses contados a partir de hoy para que le permita “continuar realizando su labor y presentar resultados”.  

Esta comisión fue creada en mayo de 2018 para conocer, analizar y esclarecer las muertes, los heridos, los encarcelados, las denuncias sobre los desaparecidos y las violaciones de derechos humanos cometidas desde el 18 de abril de 2018. 

AL MISMO SON DEL RÉGIMEN 

La “Comisión de la Verdad” está integrada por el sacerdote Francisco Uriel Molina Olúe, Jaime Francisco López Lowery, vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan-Managua); Mirna Cunningham, exrectora de Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense; el abogado Adolfo Jarquín Ortel, subprocurador de Derechos Humanos, y el académico Cairo Amador. 

Hasta ahora sus miembros han mantenido una postura parcial con el régimen de Daniel Ortega reproduciendo su narrativa y obviando la represión policial y los asesinatos cometidos contra manifestantes.  

Han reproducido el discurso de una intentona golpista contra la dictadura Ortega – Murillo, han descalificado el trabajo y los informes de organismos de derechos humanos y no reconocen la existencia de presos políticos.  

NO RECONOCEN FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA 

En su tercer informe preliminar del 25 de febrero pasado, la “Comisión de la Verdad” solo reconoce la existencia de 253, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabiliza al menos 325. 

En ese informe refieren que la mayoría de las víctimas murieron en “fuego cruzado”, obviando el uso desproporcionado de la fuerza de la Policía Orteguista que se hizo acompañar de paramilitares para reprimir las manifestaciones.  

Además, sostienen que la información de falta de atención médica a los heridos en los hospitales públicos “es totalmente falsa”, en consonancia con el discurso del régimen.  

*Cortesía Despacho 505

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La Lupa es un medio con perspectiva de género y derechos humanos que surgió en mayo de 2019.