Anulación del derecho al aborto en Estados Unidos impactará en Centroamérica
Activistas feministas consideran que la despenalización del aborto en Centroamérica podría ser más difícil de conseguir
Activistas feministas consideran que la despenalización del aborto en Centroamérica podría ser más difícil de conseguir
La anulación del derecho constitucional al aborto en Estados Unidos tendrá un impacto negativo en la lucha por el derecho a decidir en Latinoamérica y especialmente en Centroamérica, ya que es la zona más retrasada en el mundo en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, establece María Teresa Blandón, socióloga y activista feminista.
«Sin duda alguna, el fallo del tribunal norteamericano va a afectar a los propios Estados Unidos, pero también a América Latina y a Centroamérica, siendo una de las regiones más atrasadas, pobres, autoritarias y violentas. Claro que va a tener un impacto, sobre todo porque va a ser más difícil contar con ciertos respaldos y apoyos para seguir defendiendo los derechos sexuales y reproductivos, y en particular el derecho a elegir sobre la capacidad reproductiva de las mujeres», señala.
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A finales de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la sentencia Roe vs. Wade que contemplaba la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental en todo el país, arrasando con 49 años de protección a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres estadounidenses.
La decisión que sosprendió al país, movilizó rápidamente a los grupos antiderechos para que los Estados comiencen a penalizar el aborto. Sin embargo, esta decisión también puede afectar a la región debido al respaldo político con el que contarán los sectores conservadores, señala Blandón.
La feminista indica que uno de los principales efectos será el impacto mediático que tendrá, ya que la gente suele considerar a Estados Unidos «como la meca de la independencia de los poderes y del Estado de derecho», y tribunales de otros países pueden imitar la «deriva autoritaria, conservadora y antiderecho».
Neesa Medina, integrante de la plataforma hondureña Somos Muchas, añade que en el imaginario popular se puede reforzar la idea del aborto como un delito y no como un derecho esencial para la salud y la vida de las mujeres; y brinda un mensaje a los sectores antiderechos de que los derechos humanos se pueden borrar, especialmente los de las mujeres.
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«La historia nos ha demostrado que lograr derechos es un trabajo de hormigas, constante y que se defiende todos los días. Perder un derecho sucede en un chasquido de dedos, pero recuperarlos toma años. Por eso hay que defenderlos siempre, porque cuesta mucho regresarlos», señala.
Por su parte, “Mariana”, trabajadora social e integrante del Movimiento Feminista de Nicaragua, indica que en Nicaragua, la situación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres puede retroceder aún más; ya que la posibilidad de que las mujeres que se practican abortos sean perseguidas y criminalizadas está siempre latente.
“Uno piensa “ya no se puede retroceder más, sería imposible retroceder más”, después de que se penalizó al aborto completamente en Nicaragua, pero sí se puede. En Nicaragua todavía no hay persecución contra las mujeres tan severa como en El Salvador y podemos pasar a eso. Ese sería uno de los riesgos más grandes. Centroamérica siendo una región tan restrictiva en materia de derechos sexuales y reproductivos. Esto le da una bocanada de aire y un respaldo políticos a los grupos antiderechos para seguir manteniendo la lucha por la restricción de derechos”, expresa.
La criminalización contra las mujeres que sufren emergencias obstétricas o se practican abortos es una realidad en la región Centroamericana, siendo El Salvador el país con las penas más severas contra las mujeres, seguido de Honduras. Según la feminista, Guatemala y Costa Rica también han encarcelado a mujeres acusadas de abortar, aunque los países no cuentan con registros oficiales al respecto. Únicamente en Nicaragua no se han registrado casos de mujeres encarceladas por abortar, pero sí denunciadas.