Al cumplirse cinco años de la Rebelión de Abril, el régimen sigue violando los derechos humanos, denuncia el organismo internacional.
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Este 18 de abril se cumplen cinco años del inicio de la crisis sociopolítica, que comenzó con protestas pacíficas en contra las reformas al sistema de Seguridad Social, pero que terminó con una represión letal contra la población, encarcelamientos sistemáticos y una de las peores crisis de derechos humanos que ha enfrentado el país.
El informe Un grito por la justicia: Cinco años de opresión y resistencia de Amnistía Internacional recorre las distintas violaciones a los derechos humanos contra la ciudadanía nicaragüense, que todavía continúan cinco años después, y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen Ortega-Murillo.
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“A través de la documentación de casos emblemáticos mostramos el continuum de represión a la que ha sido sometida la sociedad nicaragüense, y los diferentes patrones de violaciones a derechos humanos que han sufrido las personas que se atreven a alzar su voz para denunciar la crisis que sufre el país y exigir el respeto y el goce pleno de los derechos en Nicaragua”, señala Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Al menos 355 personas, entre ellas niños y adolescentes, fueron asesinadas por policías y grupos paramilitares en el contexto de las protestas y detenciones arbitrarias entre el 2018 y 2019, según documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por su parte, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua estableció que ocurrieron más de 40 ejecuciones extrajudiciales, lo que corresponde a un crimen de derecho internacional.
Amnistía Internacional señala que el uso de la fuerza para reprimir las manifestaciones fue “intencionalmente letal”, pues la Policía y grupos paramilitares hicieron uso de armas letales en contextos no permitidos por las normas nacionales y por el derecho internacional. Además, varias armas correspondieron al uso de fuerzas militares.
“El uso de la fuerza fue excesivo y generalizado durante los primeros meses de la represión. Aun cuando la frecuencia de su utilización ha mermado no se ha extinguido y la amenaza de mayor represión subsiste”, indica Amnistía Internacional.
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También más de 2 mil personas resultaron heridas en este contexto por parte de los grupos de choque. Muchas de ellas fueron heridas de gravedad que quedaron con secuelas de por vida.
Las privaciones a la libertad son una de las principales herramientas del régimen Ortega-Murillo contra la sociedad civil que se opone a ellos. En el contexto de la represión se realizaron más de 1,614 detenciones arbitrarias. Algunas personas fueron liberadas después de un corto tiempo, pero otras cientos estuvieron incluso durante años.
Las personas detenidas en el marco de las manifestaciones y posteriores a ellas fueron víctimas de torturas físicas, psicológicas y sexuales; se les violentó su derecho a garantías judiciales y al debido proceso; y enfrentaron acusaciones criminales bajo cargos fabricados.
Organizaciones de la sociedad civil identificaron a 72 personas que fueron detenidas en más de una ocasión y enfrentaron cargos, juicios y sentencias diferentes.
“El uso de detenciones para intimidar a disidentes continúa hasta la fecha, la simple posibilidad de la detención tiene un efecto paralizador en la manifestación de las ideas y en la organización de protestas y de otras formas de participación ciudadana”, dice Amnistía Internacional.
Las personas privadas de libertad por motivos políticos enfrentan condiciones de tortura como hacinamiento, falta de atención médica oportuna, prohibición de visitas regulares, ausencia de sus necesidades básicas, entre otras. Además que se les impide su derecho a la legítima defensa.
Hasta marzo se contabilizaban 38 personas presas por motivos políticos según el conteo del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, mientras que en las primeras semanas de abril se registraron más de 20 detenciones de acuerdo con el Monitoreo Azul y Blanco.
Miles de personas nicaragüenses han tenido que exiliarse, entre las que se encuentran : personas defensoras de derechos humanos, líderes de sociales, periodistas, personal de salud y personas que participaron en las protestas o mostraron apoyo, documenta la CIDH.
A algunas de estas personas se les ha prohibido la entrada al país y a otras que continúan dentro de territorio nacional se les impide salir o les quitan sus documentos de viaje.
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En febrero de este año las figuras del destierro y la desnacionalización forman parte del aparataje contra la sociedad civil de la dictadura Ortega-Murillo. El régimen desterró a 222 personas presas políticas a Estados Unidos y les quitó su nacionalidad mediante una ley que contradice la Constitución Política y el Derecho Internacional. Entre febrero y marzo otras 94 personas fueron despojadas de su nacionalidad también.
«En ambos casos se trató de resoluciones judiciales en procedimientos no regulados por ley, sin audiencia de parte y sin que mediara investigación alguna o se pudiera ejercer el derecho de defensa. Evitar la apatridia es un principio fundamental del derecho internacional», dice Amnistía Internacional.
Las personas expulsadas del país o que fueron desnacionalizadas se encuentran en una situación legal delicada que las deja en indefensión. A estas personas se les eliminó todos sus registraciones en las instituciones públicas y se les despojó de sus bienes.
